En el acto de inaguración, Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina insistió en la necesidad de promover los estudios de género, para que la igualdad entre hombres y mujeres se asuma plenamente en la agenda política de los gobiernos. Rosa Conde alertó acerca de los desafíos que el fuerte desempleo y la contracción del gasto social pueden incidir profundamente en nuestra capacidad como sociedad de proveer cuidado a quién lo necesita.
Por su parte, María Ángeles Durán, catedrática de Sociología y profesora de Investigación del CSIC, hizo énfasis en la necesidad de no olvidar que el trabajo es mucho más que el empleo. Por lo tanto, todo análisis de costes-beneficios debe incluir también el cuidado. Tradicionalmente, si bien los cuidados se han regulado por el código civil (obligación de proveer cuidados a los dependientes), éstos se han llevado a la práctica a través de la solidaridad intergeneracional no monetizada. Dichos arreglos familiares han supuesto para las mujeres una sobrecarga de trabajo no remunerado que ha actuado en detrimento de su incorporación al mercado laboral y a la protección social que se deriva de éste. De esta manera, el trabajo de los cuidados ha sido un lastre para la autonomía de las mujeres y para la igualdad de género. La planificación social actual de los cuidados, que es regida por una lógica capitalista, discrimina por lo tanto a las mujeres, y en mayor medida a aquellas que no pueden subcontratar estos servicios en el mercado. Nos encontramos así ante una doble discriminación: de género y de nivel económico.
Luis Mora, director adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, afirmó que la mitad de la población mundial no se reproduce, y por lo tanto contribuye a comprometer la reposición poblacional y a propiciar el envejecimiento de la población mundial, siendo los países desarrollados los principales responsables de esta situación. Por su parte, América Latina disfruta actualmente de un período de «bono demográfico», etapa en la que disminuye la presión demográfica derivada de la población infantil y el peso de la proporción de población adulta mayor, lo cual abre una ventana de oportunidades para la inversión en capital humano de la población en edad productiva, la ampliáción de la calidad y cobertura de los servicios básicos y la mejora de la calidad de vida de la población. Durante esta etapa histórica única, que se estima durará unos 20 años, el nivel de prioridad política que se otorgará a la ampliación de los servicios públicos y de cuidados, a la planificación poblacional, al fomento del empleo femenino y la igualdad de género tendrá un efecto decisivo en la sostenibilidad del desarrollo de los países de la región.
Durante el encuentro, los ponentes insistieron sobre la necesidad de sincronizar los tiempos sociales y productivos, así como las prioridades de rentabilidad económica y de sostenibilidad de la vida humana.
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