Hacia la formación virtual: menos brecha digital, más igualdad de género

Ante la pandemia de la COVID-19 los países latinoamericanos se han centrado en atender la crisis sanitaria y la desprotección social. Tales son las prioridades en la situación de emergencia; sin embargo, no por ello cabe descuidar el resto de cuestiones de la agenda global —definidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible—, tanto más habida cuenta del carácter multidimensional de los desafíos a afrontar. Más aún, esta crisis, que no conoce fronteras, ha revelado hasta qué punto la cooperación multilateral y el logro de la sostenibilidad inclusiva resulta urgente, abriendo una ventana de oportunidad para fortalecer los compromisos institucionales. Pero para aprovecharla, hay que anticiparse a los impactos sociales —concretamente: educativos y de género— que amenazan con revertir los avances de los últimos lustros.

Las previsiones sobre los efectos de la pandemia en el terreno formativo señalan tendencias preocupantes. Probablemente la recesión incremente el abandono escolar y reduzca el número de matriculaciones universitarias, lo cual —por cierto— ya venía produciéndose desde 2018 a causa del estancamiento económico. De confirmarse, se trataría de una mala noticia para una región que a partir de 2008 vio duplicar su alumnado en educación superior, incorporando a una nueva generación de estudiantes cuyas familias nunca habían accedido a la universidad. A su vez, el paso a modalidades virtuales implica el riesgo de perjudicar a los sectores menos favorecidos, lastrados por la falta de equipamientos informáticos y por problemas de conectividad, que ante todo afectan a las áreas rurales y a los barrios pobres, además de a los países de menor ingreso.

Conviene recordar que, si bien la penetración de internet alcanza casi al 70% de la región, en Centroamérica ronda el 40%, e incluso en los países con un ecosistema digital más desarrollado la red apenas llega a las zonas apartadas. A estas dificultades se agrega un acceso preferente a través de dispositivos móviles —en detrimento de la conexión mediante los equipos de los hogares— no adecuado todavía a las plataformas académicas. De este modo, y en vista de la extensión de la semi-presencialidad, la brecha digital se ha convertido en un problema formativo de primer orden, sobre el que urge invertir recursos e idear alternativas (gratuidad en el uso de datos educativos, apoyo de la radiodifusión sonora y televisiva, etc.) para garantizar que nadie se quede atrás.

No obstante, ninguna solución será admisible si no integra el enfoque de género, toda vez que las mujeres son las que pueden resultar más damnificadas, también en este ámbito. No puede olvidarse que concentran el 60% de la economía informal y asumen el 75% de trabajo doméstico, lo que en un contexto de confinamiento no ha hecho sino acentuar su vulnerabilidad. Tampoco hay que perder de vista cómo, pese a representar al 60% del total de egresados, tienen un 30% menos de probabilidades de conseguir un empleo. Con este trasfondo es evidente que, tras la pandemia, hay un riesgo cierto de que abandonen sus estudios para cubrir el refuerzo del cuidado familiar, y de que se agudice la desigualdad de género en las carreras tecnológicas, que previsiblemente verán aumentar su demanda. Precisamente, esta infrarrepresentación en el sector tecnológico es la que marca la diferencia, no en el acceso, sino de empleo de las TIC, de las que las mujeres se sirven menos para actividades profesionales.

Con el fin de no recaer en un círculo vicioso que encadene brechas de género, científicas, digitales y laborales, toda estrategia de formación virtual habrá, pues, de prevenir la reproducción aumentada de dichas disparidades en el escenario post-pandemia. Como institución dedicada a la cooperación académica, la Fundación Carolina no puede sino sumarse a este reto, para lo que, por de pronto, abrió una convocatoria de contribuciones en la materia, sobre “Experiencias innovadoras de formación virtual en Iberoamérica”, cuyos resultados han empezado a publicarse a principios de junio. Son los primeros pasos hacia un futuro con sociedades más conectadas, más formadas y menos desiguales.

 

América Latina y la COVID-19: imperativos para la cooperación internacional

La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria. Afecta a todas las esferas de la vida social y económica, e interpela de manera directa a la forma en la que se ha configurado la relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza en una fase de globalización tardía. Agudiza tendencias y fracturas que eran previas a la pandemia, y también es un catalizador para el cambio.

Antes de la llegada de la pandemia, la región mostraba un panorama de economías y sociedades frágiles. Agotado el ciclo de las materias primas, el periodo 2014-2019 registró el peor desempeño económico de los últimos setenta años, y un nuevo aumento de la pobreza. 2020 se inició con bajo crecimiento y un retroceso del comercio mundial, causado por guerras comerciales y tendencias de desglobalización. En el plano social, el bajo crecimiento, la persistente desigualdad y la captura política de las elites tradicionales frustraban las expectativas de ascenso social y “buen gobierno” de las nuevas clases medias en ascenso. En el plano político, existía una seria crisis de representación, la desafección y la falta de confianza en las instituciones y los partidos políticos. Revueltas sociales, y la derrota generalizada del oficialismo en distintas elecciones son indicadores del alto grado de insatisfacción política y malestar en la democracia presente en la región.

En este escenario, ya frágil, la COVID-19 puede suponer el desplome de las economías y una crisis social y política muy grave. Según estimaciones de CEPAL, el PIB regional puede descender -5,3% (el peor índice en un siglo) y 30 millones de personas más pueden caer en la pobreza, que alcanzaría así al 35% de la población. Buena parte de los avances sociales de las últimas décadas se perderían. Lo más grave es que la desigualdad y la falta de cohesión social, que ya eran graves, en tiempos de pandemia se tornan más lacerantes, y para muchas personas -en particular, las más vulnerables- se convierten en una cuestión existencial, en términos de medios de vida, riesgo de contagio, acceso a los servicios de salud, educación y brecha digital. La pandemia también agrava los problemas de desigualdad y violencia de género y supone una grave crisis de la economía del cuidado, feminizada y precarizada.

Ante la pandemia es vital aumentar el gasto sanitario, asegurar un ingreso mínimo para los más vulnerables, apoyar a las empresas, mantener el empleo y preservar el tejido productivo. Pero América Latina tiene poco margen en política monetaria y está más endeudada y con menor margen fiscal que en 2008 —en 2019 ya se destinó a pago de intereses más que a salud—, por lo que el acceso a financiación externa es esencial. El problema se ve agravado por la escasa presión impositiva, que en parte se debe a la baja progresividad de los sistemas contributivos de la región y a sus altas tasas de evasión fiscal.

Antes de la pandemia, países como Argentina y Ecuador ya estaban aplicando programas de ajuste con duras medidas de austeridad. Con esta crisis, muchos países se pueden ver abocados a una nueva crisis de deuda y a un prolongado ciclo de políticas de austeridad. El compromiso del G20 de hacer todo lo necesario frente a la crisis es hasta ahora más retórico que real y deja a un lado a los países de ingreso medio. El acceso a la financiación del FMI es limitado y condicionado; Estados Unidos ha bloqueado en el G20 una nueva emisión de DEG para facilitar liquidez a los países en desarrollo, y las iniciativas de moratoria de pagos de deuda del G20 son limitadas solo cubren a los países más pobres, dejando fuera a América Latina. Sin respuestas adecuadas, además del coste humano, las nuevas políticas de austeridad pueden agravar las fracturas sociales, complican la formulación de un nuevo contrato social, y plantean riesgos políticos ante el ascenso de fuerzas iliberales, populistas y de ultraderecha.

En resumen, la crisis sanitaria, económica y social que trae la COVID-19 se produce en un escenario político fragmentado y polarizado, con elevada desafección ciudadana, economías frágiles, alta desigualdad y agravamiento de la pobreza y la exclusión, que pueden dar paso a nuevas revueltas sociales y a crisis políticas profundas. Con estos elementos, América Latina puede ser uno de los escenarios en los que se dirimirán algunas de las fracturas o dilemas claves del mundo post-COVID-19: entre nacionalismo y cooperación global; entre sociedades abiertas y cerradas, democráticas, o autoritarias; y entre sociedades más desiguales y excluyentes, o que sepan y puedan reescribir el contrato social, generando mayor cohesión e inclusión.

Este escenario interpela de manera perentoria a la cooperación internacional y al multilateralismo. Lo más urgente es que exista el apoyo económico y financiero necesario para que América Latina pueda articular una mejor respuesta a la pandemia y a la profunda crisis económica y social que supone la COVID-19. Es importante que las iniciativas multilaterales con ese objetivo se vinculen a una mayor coordinación y cooperación económica en la región, superando su actual fragmentación y polarización, así como a un mayor esfuerzo fiscal por parte de las elites de cada país.

Con ese objetivo, España y la Unión Europea han de reforzar su estrategia de implicación constructiva con América Latina reafirmando el compromiso de largo plazo con la democracia y la cohesión social, de forma que la respuesta a la pandemia y las estrategias de salida a esta crisis refuercen la alianza mundial a favor del multilateralismo y la gobernanza global, y contribuyan a materializar la Agenda 2030. Finalmente, más allá de ese apoyo financiero multilateral, esta crisis también es una oportunidad para impulsar una nueva estrategia de cooperación avanzada con América Latina, más horizontal, y con más recursos. En ese marco, debe ampliarse el apoyo para las redes científicas y la transferencia e innovación, en áreas prioritarias para el desarrollo y la Agenda 2030: salud pública, resiliencia social y económica, medio ambiente y transición energética, movilidad sostenible…  sin olvidar la defensa de la ciencia abierta, en el marco del compromiso iberoamericano y los trabajos de Naciones Unidas sobre el derecho humano a la ciencia. Se trata, en suma, de una cooperación que más allá de la respuesta inmediata, contribuya a una salida social y verde a la crisis, más inclusiva, sostenible y resiliente, que impulse la transición ecológica y un nuevo contrato social.

 

 

 

La educación superior como elemento clave de una agenda de cooperación avanzada en Iberoamérica

El sistema de cooperación internacional se encuentra en un momento de profundo cambio que hoy se expresa, principalmente, en torno a dos estrategias o enfoques emparentados. Por una parte, la Agenda 2030, que, como se ha repetido en innumerables ocasiones, representa un consenso renovado sobre las necesidades de desarrollo y una “ventana de oportunidad” para repensar la arquitectura de la cooperación internacional. Por otra, el “desarrollo en transición”, como enfoque orientado a reforzar dicha agenda en países en desarrollo relativamente más avanzados y que pone el acento en la necesidad de aumentar las capacidades institucionales de los países y adoptar modalidades (y asociaciones) más innovadoras de cooperación internacional para el desarrollo.

Tanto la Agenda 2030 como el “desarrollo en transición” exigen, para esos países, un nuevo tipo de cooperación avanzada, de naturaleza más técnica que va más allá de la tradicional visión Norte – Sur, la idea de que hay países ”graduados” y “pendientes de graduación», y la mera transferencia de fondos de la ayuda tradicional, que incluye el diálogo de políticas como mecanismo de incidencia y transformación institucional; que se basa en la promoción e incremento de capacidades y pone en máximo valor la transferencia de tecnología y la cooperación en investigación, innovación y desarrollo, y que se beneficia del acceso a las diversas fuentes de conocimiento experto, necesarias para resolver problemas complejos de sostenibilidad social, económica y ambiental. Una cooperación, por todo ello, que también exige nuevas alianzas y formas de asociación y un mecanismo de gobernanza distinto.

Vale señalar que Iberoamérica es un terreno fértil, por varios motivos, para diseñar este tipo de cooperación avanzada. Presenta más capacidades institucionales y mayor potencial de progreso, combinadas con aspiraciones sociales crecientes; puede movilizar más recursos propios (una “emancipación”) y ser menos dependiente de la clásica ayuda externa; posee un liderazgo reconocido en procesos de cooperación Sur-Sur y triangular, modélicos a escala mundial, como los que impulsa la cooperación española o los que se articulan en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y lo que es quizá especialmente importante: presenta una robusta institucionalidad expresada en mecanismos e instrumentos consolidados tanto de cooperación multilateral como bilateral, con una amplia participación de la comunidad académica, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

Es en este marco en el que la educación superior se sitúa como elemento clave de una agenda de cooperación avanzada en países que responden al nuevo paradigma de desarrollo en transición. No en vano la educación superior es el subsistema al que la sociedad encarga la tarea de formar capital profesional (humano, social, decisorio); de educar a las personas como ciudadanos/as libres y críticos, y de desarrollar conocimiento experto. En el proceso de ampliación de capacidades y opciones, el sistema educativo, en general –y el subsistema de educación superior, en particular– cuenta y debe contar con un protagonismo evidente.

Es sabido que la tradicional cooperación internacional entre universidades es un elemento intrínseco en los procesos de generación del conocimiento científico y del desarrollo humano que apuntan a la innovación. Se trataría hoy, en este ámbito, en términos de cooperación avanzada, de no regatear esfuerzos para fortalecer la institucionalidad académica iberoamericana, que se expresa, principalmente, por medio del apoyo a la consolidación del espacio iberoamericano del conocimiento, entendido en sentido amplio, horizontal y participado por el conjunto del mundo académico.

Se trataría, asimismo, de renovar las prácticas de la cooperación internacional para actualizar sus estrategias en el ámbito de la cooperación académica. En el terreno de la formación especializada –del fortalecimiento de capacidades–, hay un vasto campo de actuación para repensar la acción de cooperación de acuerdo con los contenidos de los ODS, con especial atención a las demandas formativas específicas de los países iberoamericanos, aquellas que se vinculan más directamente con los procesos de desarrollo. Existe un potencial enorme en la universidad española para atender este esfuerzo.

En lo que se refiere al fomento de investigaciones en áreas estratégicas, las universidades son reconocidas como agentes del desarrollo sostenible. El despliegue de la Agenda 2030 requiere de una solidez técnica que la cooperación académica puede brindar y acompañar.

En cuanto a la movilidad académica, pieza clave de la internacionalización de las universidades, se trata de un elemento de especial valor en tanto instrumento de cooperación avanzada en un espacio tan singular como el iberoamericano, donde el intercambio, la gestión y la creación compartida de conocimiento han probado ser de enorme importancia en la mejora de la calidad de las instituciones de educación superior y en el incremento de capacidades de estudiantes y del personal docente e investigador. La experiencia en otros ámbitos –como la Unión Europea– nos muestra que las distintas estrategias de movilidad académica son herramientas poderosas para la construcción de un espacio común del conocimiento, de identidad y valores compartidos, y de una ciudadanía basada en estos elementos. La movilidad internacional contribuye a generar beneficios sociales y económicos, al tiempo que favorece la creación de una ciudadanía comprometida y, a través de ella, de sentimientos de vinculación y pertenencia que trascienden lo académico para alcanzar a la sociedad en su conjunto. En el ámbito iberoamericano, se viene apostando desde hace décadas por la puesta en marcha de un sistema estable de movilidad de estudiantes y profesores, capaz de articular la enorme constelación de experiencias y programas que promueven gobiernos, universidades, redes académicas y diversas instancias de la sociedad civil.

La movilidad internacional es, en tal sentido, un ecosistema de cooperación avanzada que debe velar por un tipo de “movilidad con equidad”, que favorezca sociedades abiertas, basadas en la igualdad de oportunidades; que brinde apoyo a aquellos que más lo necesitan, y que tenga en cuenta el valor social derivado del impacto de la acción de cooperación en el territorio y del fortalecimiento de la institucionalidad en los países de origen de los/as becarios/as. Con esta lógica, la Fundación Carolina ha publicado su Convocatoria de Becas 2020-21, coincidente con el año en el que se celebra el XX aniversario de su creación. La Agenda 2030 es el horizonte inmediato de dicha convocatoria, por lo que se ha procedido a un mayor alineamiento de la oferta académica con los ODS. Lo es también para las instituciones y empresas que respaldan a la Fundación desde su patronato, así como para las universidades comprometidas con este ejercicio de cooperación innovadora y avanzada.

Crisis políticas y protestas sociales en América Latina

En un ciclo relativamente corto, y en algunos casos, ante la sorpresa de muchos, varios países de América Latina —Ecuador, Chile y Bolivia— se han visto sacudidos por crisis políticas y amplias protestas sociales. Perú también ha vivido una crisis política que es una derivada más de los casos de corrupción asociados a las prácticas de Odebrecht. En México, los graves acontecimientos de Culiacán son una muestra de los riegos del desborde de la violencia asociada al narcotráfico y la debilidad estatal. A ello se suma la crisis de Venezuela, la más grave y de largo alcance, que ha generado un éxodo poblacional masivo que afecta al conjunto de la región. En Argentina, con el telón de fondo de una profunda recesión económica y una grave crisis social, las elecciones presidenciales han llevado a un cambio de gobierno y de orientación de la política exterior y de desarrollo que es la expresión de un amplio descontento social. En Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y Honduras, por distintos motivos, presentan un escenario problemático en términos de estabilidad y gobernabilidad democrática. La elección de Bolsonaro en Brasil es también la expresión de un país polarizado social y políticamente y sin un rumbo claro.

En suma, el panorama de relativa estabilidad que ofrecía América Latina hace apenas un año, de la mano de un ciclo de gobiernos liberal-conservadores, ha desaparecido en pocos meses, en algunos casos, como Chile, de manera relativamente sorpresiva, y las políticas de gobierno de esa etapa parecen estar ahora ampliamente cuestionadas.

Tanto desde el punto de vista del análisis de sus causas y dinámicas, como de la respuesta política, ese escenario plantea interrogantes de gran calado: ¿Se trata de crisis de alcance eminentemente local, con causas y agentes ubicados en cada país, aunque coincidentes en el tiempo, o responden a dinámicas regionales y/o globales? Si es así, ¿Son causas estructurales, o dependen de la iniciativa de determinados actores políticos y sociales? Se ha llegado a afirmar que detrás de esas protestas sociales se encontrarían actores externos que estarían conspirando contra la estabilidad política y la prosperidad que habría alcanzado la región al dejar atrás el ciclo de gobiernos progresistas anteriores.

Un análisis riguroso parece indicar que sí hay causas estructurales que son comunes al conjunto de la región: en primer lugar, el ascenso de clases medias y aparición de una amplia franja de población vulnerable ante la recesión económica, que ya está presente, y que suponen una difícil combinación de expectativas en ascenso, y de frustración y descontento al comprobarse que no se pueden materializar. En segundo lugar, un generalizado “malestar en la democracia” que se concreta en una amplia crisis de representación política, de desafección ciudadana y de desconfianza en las instituciones y en las elites, que se ha manifestado ya en el “súper ciclo” electoral de 2017-2019. Ese “malestar” está claramente reflejado en las encuestas de opinión, como el Latinobarómetro, que en su edición 2018 registró los peores indicadores de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la región de los últimos 25 años. Estos factores causales serían también la particular expresión latinoamericana de una dinámica global de desafección y crisis de la democracia, de rechazo a las elites, y de contestación o cuestionamiento de la democracia y el orden liberal internacional que se observa también en otras latitudes.

Ahora bien, esos factores se manifiestan de distinta manera en cada país, y se suman a factores de estructura y de agencia que son propios de cada escenario nacional. Esos factores diferenciadores son clave: explican las importantes variaciones que existen en la región: que haya o no revueltas populares, y sus dinámicas particulares (Ecuador, Chile); o que el descontento se canalice por mecanismos electorales (Argentina); que el motivo de la protesta se relacione más con la desigualdad o la precariedad socio-económica (Argentina, Chile, Ecuador), o con factores políticos o electorales, como el fraude electoral (Bolivia) o la corrupción (Perú).

A la vista de esos factores, la afirmación de algunos líderes políticos de que las protestas hayan sido manejadas desde el exterior es, a todas luces, sencillamente ridícula. Y el recurso a las fuerzas armadas y la apelación al mantenimiento del orden como garantes del poder constituido difícilmente puede ser la solución a problemas sociales y políticos que requieren de ejercicios de diálogo y concertación de amplia base. Refleja, más bien, la incapacidad o rechazo de las elites tradicionales a reconocer demandas sociales legítimas en sociedades aún segmentadas y con una profunda brecha de desigualdad. Ese amplio “malestar en la democracia”, y las protestas a las que ha dado origen, apelan a la reconstrucción del contrato social con mecanismos que aseguren sociedades más inclusivas: Supone una ampliación de la agenda democrática y la exigencia de políticas públicas más amplias, inclusivas, y de mayor calidad, de transparencia y rendición de cuentas de elites e instituciones, un nuevo “pacto fiscal”, y sociedades más abiertas, que permitan el ascenso social y la renovación de las elites.

Fundación Carolina pone en marcha el Área de Estudios y Análisis

La Fundación Carolina ha puesto en marcha el Área de Estudios y Análisis, cuya finalidad es trabajar en la realización de análisis e interpretaciones, la generación de conocimiento experto y la promoción del diálogo y la comprensión mutua en el ámbito iberoamericano, lo que se justifica por los cambios de gran calado que atraviesa el sistema internacional a los que América Latina, España y la UE no pueden ser ajenas.

Queremos contribuir a una mejor comprensión de esas dinámicas globales y de las realidades regionales, y promover el conocimiento necesario para sostener y legitimar una acción exterior y una política exterior y de cooperación al desarrollo basada en la ética y el discurso universalista de progreso que supone la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Para alcanzar estos objetivos trabajamos en la organización de debates, como los denominados “Diálogos con América Latina”; de seminarios, como el titulado “La Agenda 2030 y el desarrollo en Iberoamérica: Retos para las políticas de cooperación internacional” que tendrá lugar en junio; o en la elaboración de informes de coyuntura y, de forma especial, en la edición electrónica de textos que toman distintos nombres en función de su extensión y profundidad: Análisis Carolina (informes analíticos con conclusiones propositivas, de unas 3.000 palabras), Documentos de Trabajo (artículos académicos, de 10.000 a 15.000 palabras) y Puntos de Vista (textos breve escritos por distintas personalidades de la política, la vida social y económica, la cultura y las artes, y la academia iberoamericana).

Hasta el momento han aparecido tres Documentos de Trabajo, tres Análisis Carolina y cuatro Puntos de Vista, a los que se puede acceder en este mismo Boletín.

Con todo ello, la Fundación Carolina pretende recuperar el papel de centro de pensamiento para el conjunto del sistema de cooperación y de acción exterior de España hacia América Latina y el Caribe, aprovechando así las ventajas comparativas que le brinda su naturaleza institucional, más ágil y flexible; su carácter de entidad público-privada y de “nodo” de una amplia red de universidades y centros de investigación y educación superior en el ámbito iberoamericano; y su mandato estatutario, en cuanto a la generación de conocimiento experto, que la singulariza respecto a otros componentes de dicho sistema.

Leonor Ortiz in memoriam

Leonor Ortiz de Monasterio (1948-2019)

In memoriam

Por medio de estas líneas nos unimos a las muestras de dolor por el fallecimiento de Leonor Ortiz de Monasterio, el martes 26 de febrero en Ciudad de México.

Leonor Ortiz fue directora de Fundación Carolina México de 2006 a 2011, iniciando una nueva etapa de colaboración en el logro de los objetivos de la Fundación Carolina, prestando apoyo en la organización de actividades y acercando a todos aquellos, mujeres y hombres cuyo compromiso con México, su talento en su campo de estudio así como sus capacidades de liderazgo pudieran en el futuro contribuir de manera sobresaliente en el desarrollo del país.

Desde 2011 fue presidenta del patronato de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), institución mexicana más importante en el cuidado y atención a personas con parálisis cerebral , que obtuvo en 2018 el Premio Nacional de Calidad en la categoría de Organizaciones con Impacto a la Sustentabilidad por la Secretaría de Economía.

Desde la Fundación Carolina, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por su dedicación y apoyo, y nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.

Una nueva etapa

El 7 de septiembre de 2018 el Patronato de la Fundación Carolina nombró un nuevo equipo de dirección. Esta renovación ha implicado la apertura de una nueva etapa en la Fundación a partir de su reafirmación como instrumento especializado de la acción exterior y la cooperación españolas; del reconocimiento del acervo acumulado y del trabajo realizado en periodos anteriores; y de la necesidad de adoptar nuevas orientaciones para responder a un contexto internacional cambiante y a la nueva realidad de Iberoamérica y de las relaciones de España y la UE con América Latina y el Caribe. Una realidad, a ambos lados del Atlántico, convulsa e incierta, que somete a debate nuestros sistemas políticos y económicos y nuestras principales convenciones y acuerdos, y a la que no podemos permanecer ajenos. Es necesario, por tanto, un renovado esfuerzo para que la Fundación Carolina siga siendo relevante para las sociedades iberoamericanas, en particular en lo referido a las demandas relacionadas con la educación superior, el mundo del trabajo, o los nuevos retos que ha de encarar la ciudadanía, las empresas y las políticas públicas.Leer más

Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única en la acción exterior, la diplomacia pública y el sistema español de cooperación al desarrollo, constituyendo una propuesta singular de alianza público-privada cuyos perfiles y estrategias procede reforzar y actualizar. Los ciclos de gestión previos, cada uno con sus propios énfasis y características, han consolidado a la Fundación en tanto instrumento que actúa como enlace activo y reconocido entre la administración pública y las grandes empresas, canalizando propuestas y recursos para afianzar iniciativas de cooperación iberoamericana en los campos de la educación, la ciencia y la cultura, con especial presencia en el ámbito de la educación superior.

La nueva etapa reconoce una institución estable y con un potencial no suficientemente aprovechado en cuanto a su contribución a la acción política y a la elaboración técnica, cuyas líneas estratégicas pasan necesariamente por su armonización con la Agenda de Desarrollo 2030, que constituye el nuevo paradigma universalista y transformador para las políticas de desarrollo y a cuya construcción la Fundación Carolina debe contribuir desde los ámbitos de actuación que le son propios.

La Agenda 2030 no nos es en absoluto ajena, e interpela de manera directa al mandato de la Fundación en lo que se refiere al papel del conocimiento y la educación superior en el ámbito Iberoamericano. Sus cinco dimensiones –sus “cinco “p”- ofrecen a la Fundación un marco de actuación que orienta necesariamente su trabajo: “personas”, que refuerza el concepto de dignidad humana y pone en valor el carácter equitativo del acceso y permanencia en los sistemas de educación superior; “planeta”, que apela a la sostenibilidad de las acciones a llevar a cabo y al cambio de modelo de producción y consumo; “prosperidad”, que refuerza las ideas de cambio productivo y empleo decente para los jóvenes; “paz, justicia e instituciones sólidas”, que recalca el papel del Estado y las políticas públicas y alude a conceptos tales como transparencia, justicia y cuidados; y “partenariados”, que afianza el carácter de la institución en cuanto alianza público privada y orienta su trabajo en términos de coordinación sistémica con otras instituciones de la cooperación al desarrollo, la diplomacia pública y la acción exterior del Estado, al apoyo al multilateralismo activo, y a la provisión de bienes públicos globales. Tanto las administraciones como las empresas que están presentes en nuestro Patronato están haciendo serios esfuerzos por incorporar la Agenda 2030, y la Fundación también ha de reajustar su actuación para sumarse a ese propósito desde su mandato y singularidad.

La Fundación Carolina forma parte de un sistema más amplio que comparte objetivos y, en múltiples ocasiones, también propuestas y programas de trabajo. Procede por tanto, en este nuevo periodo, articular esfuerzos con las otras instituciones del sistema -Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y su Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo Sostenible; la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID); la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Casa de América, etc.- tanto desde el punto de vista de la elaboración estratégica como de la coordinación institucional estable. El apoyo al diseño y diálogo de políticas, la elaboración y difusión de pensamiento especializado, la comunicación para el desarrollo, los programas de cooperación en temas formativos o de liderazgo, etc., son ámbitos en los que la Fundación puede contribuir a estos necesarios esfuerzos de coordinación sistémica. En similar sentido, estas buenas prácticas se vienen también promoviendo en el sistema multilateral iberoamericano, con cuyas instituciones centrales –Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), etc.- la Fundación Carolina mantiene una interlocución permanente y una colaboración activa, sobre todo en lo que se refiere a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior. La misma voluntad de diálogo y colaboración que también mantenemos con las universidades y centros de investigación con los que trabajamos, y sin los que no podríamos desarrollar nuestra labor.

A través de este boletín que ahora inicia su andadura queremos mantener un vínculo de comunicación con todos ellos. Vaya por delante nuestro agradecimiento por la atención que le puedan brindar.