La Cooperación con América Latina y la Agenda 2030

Teresa Ribera Rodríguez

Ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España

En el año 2015, el mundo adoptó un nuevo contrato social para avanzar hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. España se sumó desde el primer momento a los dos elementos básicos de este contrato, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, siendo consciente de que se ha acabado el tiempo en el que las políticas ambientales eran consideradas secundarias.

España, como no podía ser de otra manera, ha adquirido este compromiso presente y futuro, de la mano de la Unión Europea, dando un paso al frente ante el enorme desafío del cambio climático, asumiendo su cuota de responsabilidad y con el propósito de generar un efecto positivo sobre otras naciones.

Esto significa integrar la variable ambiental y las perspectivas del clima en el corazón de las políticas y decisiones, en las estrategias de empresa, en proyectos de ciudad, en la innovación, la economía y las finanzas, en las políticas sociales y de equidad, en el sistema, en el sistema fiscal y el energético, en la puesta en valor de nuestros recursos y en el debate social de nuestro futuro en común.

Europa debe estar a la vanguardia de la transición ecológica

Todos los Estados miembros de la UE hemos decidido que Europa deber estar a la vanguardia de la transición ecológica, fijando unos objetivos de reducción de emisiones coherentes con la meta del Acuerdo de París que supone la descarbonización de la economía en 2050.

Hoy somos más conscientes que nunca de cómo la degradación ambiental y la escasez de recursos afectan en particular a los más vulnerables y profundiza la brecha de pobreza y la desigualdad.

Se acabó el tiempo en el que las políticas ambientales eran consideradas secundarias. Son nuestra principal garantía de equidad, son núcleo central de riqueza y como tal han de ser gestionadas, primando su preservación y buen uso y sancionando y tasando su destrucción o puesta en peligro.

Esto supone cambiar el tradicional enfoque de la normativa ecológica, estrictamente sectorial, hacia una ecología normativa, incorporando la sostenibilidad como principio rector al conjunto de políticas públicas, un alineamiento coherente en políticas fiscales y presupuestarias, en infraestructuras y servicios, en políticas nacionales y en acción exterior.

Europa está en condiciones de liderar ese proceso de cambio, el más importante al que el mundo se enfrenta en el siglo XXI, y  España en particular puede ejercer ese liderazgo no sólo en su entorno más próximo sino también en la Comunidad Iberoamericana a la que tan vinculada estamos como país.

España es un país especialmente vulnerable al Cambio Climático

Los 17  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 nos recuerdan que la fragilidad del equilibrio ecológico del planeta nos obliga a adoptar medidas urgentes que impulsen un cambio rápido en el modelo económico y de desarrollo. Esto es especialmente importante para España por ser un país especialmente vulnerable al cambio climático.

Por nuestra situación geográfica, conocemos bien las graves consecuencias de este fenómeno, tanto las de índole humanitaria como las socioeconómicas, lo que nos lleva a asumir con responsabilidad una posición comprometida en el ámbito multilateral, tanto en lo que se refiere a los compromisos con la acción climática, como en lo que afecta a la cooperación con los países que ya están sufriendo los efectos devastadores del calentamiento global.

Todos compartimos la responsabilidad como Gobiernos de avanzar en la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los ODS, sin olvidar la importancia de la colaboración técnica efectiva, porque igualmente la responsabilidad de asistirnos en este empeño colectivo que representa la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es mutua.

La región iberoamericana afronta retos y amenazas comunes asociadas al cambio climático, a la escasez y a la degradación de los recursos a escala regional y subregional, y comparte características sociales, económicas y medioambientales.

Prioridad en Iberoamérica: fortalecimiento institucional y capacitación

Por eso, una de las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España es el fortalecimiento institucional y capacitación principalmente, aunque no únicamente, a través de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET).

En estrecha coordinación con la Agencia española de Cooperación al Desarrollo, este Ministerio trabaja para poner a disposición de la Comunidad Iberoamericana el conocimiento, expertise y tecnología en el campo de la gestión de los recursos hídricos, en la lucha contra el cambio climático, en la reducción del riesgo de desastres asociados a eventos climáticos extremos, o en la investigación y observación sistemática del clima.

Tal y como señala la Agenda 2030, para acometer la transformación necesaria de nuestra economía, de nuestra sociedad, que nos permita un verdadero desarrollo sostenible, no podemos dejar a nadie atrás. Ninguna persona, ningún sector, ninguna región.

Por eso, esta Agenda, nos impulsa a renovar el llamado “pacto social” que garantice la protección de nuestros ciudadanos, unas condiciones de vida digna para todos y todas, que permitan hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Este será sin duda el reto al que nos enfrentemos como país, como región, como planeta. No habrá transición ecológica, transformación energética ni tendremos éxito en esta lucha a contrarreloj contra el cambio climático si no somos capaces de asegurar que el cambio será beneficioso para todos, si no somos capaces de proteger a los más vulnerables.

Sólo hay dos opciones posibles: invertir hoy, o gastar mañana

Invertir hoy en mitigación es hacerlo en la minoración del daño, e invertir hoy en adaptación es tanto como llegar a tiempo de evitar consecuencias irreparables en muchos casos.

Pero a medida que retrasamos la acción, la capacidad de mitigación se reduce más y más, y con ello cada vez serán mayores los daños que no podrán ser evitados, o que sólo podrán ser escasamente minorados; y a su vez, el transcurrir del tiempo hará inviables medidas de adaptación.

Por tanto, no invertir a tiempo supone renunciar a las oportunidades que supone este inmenso nicho de actividad económica y empleo, al tiempo que implica resignarse a enterrar un descomunal volumen de gasto en medidas paliativas o de reparación, cuando no sencillamente indemnizatorias.

El mensaje que los jóvenes con sus protestas estudiantiles por el clima están haciendo llegar a los gobiernos es claro y nos recuerdan que es necesario actuar con urgencia para detener el calentamiento global y fomentar la participación de la sociedad en su conjunto en el proceso de cambio.

Los ciudadanos deben ser partícipes del proceso

O aseguramos que los ciudadanos son partícipes de este proceso, haciendo oír su voz, y protagonizan este cambio y lo interiorizan, o todas estas políticas que implica la Agenda 2030 no tendrán éxito.

Cohesión social, ambición climática, transición ecológica y justicia climática, prioridades que compartimos con América Latina ante el mayor reto al que nos enfrentamos, asegurar un futuro sostenible en este planeta.

La garantía de un progreso duradero, justo y equitativo dentro y fuera de nuestras fronteras,  implica fortalecer la responsabilidad de todos y todas, haciéndonos más conscientes de los efectos ambientales, pero también económicos y sociales, de nuestro comportamiento como ciudadanos en el desempeño que corresponde a cada cual como empresario, consumidor o responsable público.