La crisis de la COVID-19 está teniendo un impacto de enorme magnitud en todo el mundo, pero éste es aún más acusado en los países en los que los índices de pobreza y de desigualdad son más elevados y que cuentan con sistemas de salud frágiles, en los que las medidas de protección social no suelen poder hacer frente al gran reto que causa esta pandemia. Es por ello que el pasado julio se aprobó la Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis de la COVID-19.
Ante el nuevo escenario global que se presenta, la respuesta del conjunto de la cooperación española debía recalibrarse. Tal y como indica el documento: «La situación de crisis nos llama a reforzar lo ya logrado en derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, a reforzar nuestra cooperación en la promoción de los bienes públicos globales, con una respuesta que refuerce el nexo humanitario y de desarrollo y que combine una estrategia de mitigación de los impactos de la pandemia en todas sus dimensiones».
Además, al ser una crisis multidimensional: de carácter sanitario, social, económico y fuertemente ligada a la crisis medioambiental, indica, «tiene el potencial no sólo de causar ingentes pérdidas humanas, sino también de revertir los progresos sociales de reducción de la pobreza y el hambre de las últimas décadas, así como de retrocesos en cumplimiento de derechos humanos y en gobernabilidad democrática».
Una estrategia a futuro
Para hacer frente a estos retos, la estrategia establece tres prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública, proteger y recuperar derechos y capacidades, así como preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática. Esta Estrategia, además, parte de una visión de futuro para cuando la pandemia haya sido superada, que consiste en abordar, urgentemente, las transformaciones sistémicas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
El conjunto de la Cooperación Española movilizará un total estimado en 1.720 millones de euros para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. Estas cuantías se actualizarán periódicamente según vaya evolucionando la crisis, dada la incertidumbre asociada a la misma.