Abogado dominicano especializado en derecho público, derechos humanos y políticas públicas, con una trayectoria enfocada en el fortalecimiento institucional, la gobernanza democrática y la defensa de las libertades fundamentales. Egresado Summa Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y especialista en Administración Política Electoral por el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), también con honores Summa Cum Laude.
Actualmente se desempeña como abogado asociado investigador en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), participando en procesos de revisión legislativa, reforma normativa y formulación de políticas públicas. Su trabajo ha incluido propuestas para la reforma del Código Penal dominicano y proyectos de modernización y transformación del sistema de justicia.
Asimismo, colaboró con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Participó en la redacción del Informe Anual 2024, específicamente en los apartados de Nicaragua, Honduras y Costa Rica, contribuyendo al monitoreo regional sobre libertad de expresión, Estado de derecho, discriminación y protección de periodistas.
En 2023 fundó OCOSHAI, una iniciativa orientada a promover la incidencia pública desde un enfoque interseccional y basado en derechos humanos. A través de su proyecto “Lila”, impulsó investigaciones, campañas de sensibilización y propuestas relacionadas con la participación política de las mujeres, el acoso sexual callejero, los feminicidios y los derechos reproductivos. Su estudio “Acoso sexual callejero en la República Dominicana” contribuyó a visibilizar esta problemática y al debate sobre su incorporación en el nuevo Código Penal.
También ha desarrollado investigaciones sobre abstención electoral, libertad de expresión, derechos digitales, igualdad racial, discriminación, transparencia pública y participación democrática. Durante su labor en la CIDH lideró un sistema digital unificado para documentar violaciones de derechos humanos en los Estados miembros, fortaleciendo la capacidad institucional de análisis y rendición de cuentas a nivel regional.