¿Cuáles consideras que son las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres para acceder a espacios de decisión en temas de paz, seguridad y política internacional?
Creo que son las mismas dificultades que enfrentan en cualquier espacio de toma de decisiones, ya sea en política, en empresas o en otros ámbitos. Se trata de barreras culturales, estructurales e institucionales. Por un lado, persisten los estereotipos de género que asignan a las mujeres roles pasivos o secundarios, especialmente en áreas tradicionalmente masculinizadas como la defensa, la seguridad o la política exterior.
Por otro lado, la falta de políticas de conciliación entre la vida profesional y personal, la carencia de redes de apoyo y mentoría, y la ausencia de criterios institucionales de igualdad sustantiva limitan su trayectoria. Estas barreras se agravan en contextos de conflicto o postconflicto, donde muchas mujeres enfrentan desplazamientos forzados, violencia sexual, pobreza o exclusión.
Según informes de Amnistía Internacional, las mujeres desplazadas o encarceladas están expuestas a un mayor riesgo de trata y violencia sexual. Su vulnerabilidad limita su capacidad para participar activamente en procesos políticos o de construcción de paz.
Existe la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras complementarias que instan a aumentar la representación femenina en espacios de decisión. Aunque ha habido avances, la participación sigue siendo muy desigual.
¿Crees que se ha avanzado en el reconocimiento del rol de las mujeres en la construcción de la paz?
Sí, aunque más a nivel normativo que práctico. Naciones Unidas ha establecido marcos claros reconociendo tanto el sufrimiento como el rol activo de las mujeres en contextos de conflicto y postconflicto. Se sabe, por ejemplo, que cuando las mujeres participan en las negociaciones de paz, esos acuerdos tienden a ser más duraderos y sostenibles.
Sin embargo, en la práctica seguimos viendo retrocesos. En 2025, no hay mujeres en ninguna de las mesas de negociación activas. Y en 2023, solo entre un 9 % y 13 % de las negociadoras eran mujeres. Hay una conciencia creciente de la importancia del rol de las mujeres, pero las estructuras de poder siguen siendo muy resistentes a integrarlas.
Un ejemplo positivo es el proceso de paz en Colombia. Las FARC incluyeron a mujeres desde el principio, y el gobierno —por impulso de varias personas, incluyéndome— también incorporó negociadoras. Esto permitió que el acuerdo final tuviera perspectiva de género, lo que lo hace único en el mundo.
¿Qué tendríamos que hacer para asegurar que se incluya a las mujeres de manera holística en las negociaciones de paz?
Primero, entender que las mujeres no son un complemento: son parte central desde el inicio del proceso. Tienen un conocimiento profundo del territorio, de sus comunidades, y de las consecuencias del conflicto.
Segundo, necesitamos planes nacionales para implementar la resolución 1325 y otras similares, y asegurarnos de que existan marcos legales y políticas públicas que garanticen la paridad y la no discriminación.
Pero no basta con las leyes: hay que aplicar medidas afirmativas, como cuotas de género en los espacios de decisión política, diplomática y militar. Y es necesario impulsar programas de formación en liderazgo, negociación y seguridad con enfoque de género.
Además, debemos seguir apoyando a las organizaciones de mujeres en los territorios. Son clave para sostener procesos de paz a nivel local, pero muchas veces quedan fuera del radar institucional y sin recursos tras los conflictos.
Solo así avanzaremos hacia una paz duradera e inclusiva.