Las políticas y regulaciones sociales han sido tradicionalmente abordadas a nivel doméstico y global. Consecuentemente, su estudio ha recaído en el ámbito de la política (doméstica) comparada o de los estudios globales (Kennett, 2013; Surender y Walker, 2013; Van der Vleuten, 2016). Más recientemente, sin embargo, y de manera algo modesta aún, la regulación social ha comenzado a ser estudiada a nivel regional en la medida en que la región surge como un espacio relevante para gestionar los desafíos y la incertidumbre asociados a los procesos de globalización económica y social (Bianculli y Ribeiro Hoffmann, 2016; Deacon, Van Langenhove et al., 2010; Riggirozzi y Yeates, 2015). Mientras que el caso de la Unión Europea ha sido explorado de manera exhaustiva, otras regiones y organizaciones regionales han recibido menor atención.
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