Un Contrato Social Iberoamericano para el Siglo 21

Rebeca Grynspan

Secretaria General Iberoamericana

 

Iberoamérica está ante una encrucijada de varios caminos y muchas más advertencias. La persiguen cuatro grandes tendencias que la fuerzan a decidirse: el cambio climático, las revoluciones tecnológicas, la polarización social y la desigualdad. Quedarnos parados es arriesgarnos a perder nuestro objetivo de cohesión social, nuestro medioambiente, nuestra dignidad laboral y nuestros sistemas democráticos. Hay que tomar un camino, y ese camino es la Agenda 2030, la única narrativa positiva que nos queda en un mundo político dominado por narrativas populistas. La única narrativa posible, la única que responde a cada uno de nuestros retos de manera transversal y comprometida.

Nuestra región ha enfrentado innumerables desafíos. Los de hoy podrían verse como la continuación de los de ayer. Pero la realidad es que, si bien los nuevos retos se unen a los viejos, lo cierto es que estos retos no son del todo nuevos, tanto en su dimensión como en sus dinámicas particulares.

La desigualdad que representa un futuro del trabajo donde solo una minoría de la población tiene acceso a las tecnologías y al trabajo formal y bien pagado es muy distinta a la del ayer donde el trabajo era mal pagado pero irremplazable. La polarización en tiempos de Twitter es muy distinta, y quizás mucho más profunda y cotidiana, que la polarización de una sociedad que aún solo se encontraba a sí misma caminando por las calles. Hasta hace menos de cuarenta años el cambio climático no era sino una sospecha.

El contrato social que hicimos entonces, que mal que bien nos ayudó a luchar estos retos, no nos servirá para afrontar las tendencias del mañana. Las profundas transformaciones del siglo 21 requieren instituciones que tengan de premisa el futuro. Que no solo respondan: que nos preparen.

Los conceptos han cambiado: la educación, en un mundo donde ya no existirán profesiones de por vida, donde la gente cambiará constantemente de trabajos que requieren distintas habilidades, ya no puede ser un asunto que termina a los 25 años – necesitamos crear un ecosistema de aprendizaje continuado a lo largo de la vida y legislar para que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan el derecho universal de accederlo.

Las instituciones laborales, en un presente donde ya tenemos una creciente cohorte de trabajadores informales, precarios autónomos, nómadas digitales, gremios multinacionales, jornaleros virtuales, ya no pueden basarse en sindicatos y derechos que asumían que los trabajos eran empleos de por vida – debemos crear sindicatos digitales y multi-gremiales, fortalecer nuestras garantías sociales para personas transitando entre empleos, actualizar nuestros derechos laborales para que sean independientes del trabajo realizado, para que los beneficios acumulados transiten también con nosotros.

Los modelos empresariales que asumían que el costo de operaciones era una simple ecuación de contabilidad interna, en un mundo donde vemos año tras año el verdadero costo ambiental de la producción no sostenible, ya no pueden ser considerados como económicamente válidos o viables – necesitamos llevar una transición hacia el Cuarto Sector de la economía, hacia la producción responsable y sostenible, hacia la inversión continuada en los recursos humanos y naturales.

Y por último, la discusión política, en esta encrucijada que advierte que los problemas mayores son futuros y no pretéritos, que son globales y no parciales, pues si algo compartimos es trabajo, medioambiente y sociedad, ya no puede mirar a un atrás donde estuvimos separados sino a un frente donde nuestros destinos están entrelazados – como ciudadanos debemos ser conscientes de la realidad y magnitud de los retos que ya nos están afectando, y activarnos en dar un cambio positivo a la polarización actual.

El nuevo contrato social iberoamericano del siglo 21, centrado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por tanto deberá basarse en cuatro premisas principales: nuevos derechos, nuevas ideas, nuevos mercados y nuevas personas. Tendrá que ser verde, inclusivo, conciliador y concienzudo. Apostar por mejores instituciones laborales, educativas, empresariales y políticas. Ser presentado en democracia y ratificado en sociedad.

El reto es convencer a la gente. Nuestro actual contrato social fue más una reacción que en una premonición. Una reacción a guerras mundiales, décadas de dictadura y de crisis económica. Hoy día no tenemos más alternativa que adelantarnos: el futuro corre más rápido que nosotros. Pero la tecnología, que promete mayor crecimiento, fortalecer el combate contra el cambio climático, impulsar la interconectividad ciudadana y ampliar nuestros modelos educativos, puede salvarnos.

Así que pongámonos sus zapatillas, veamos nuevos horizontes, cojamos el camino de la Agenda 2030 y el nuevo contrato social – y echémonos a andar.

 

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Un vínculo sólido para un cambio de época

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España.

Pedro Sánchez. Foto: Borja PuigAmérica Latina vive momentos de cambio. Como en el resto del mundo, son muchas las incertidumbres que pesan en los países que la integran. Pero sí tenemos claro algo que permanecerá: su fuerte vínculo con España. Nos unen lazos económicos y comerciales. Pero también culturales, históricos y afectivos.

Este vínculo especial inspira los esfuerzos que ha llevado a cabo el Gobierno para intensificar y actualizar la relación con nuestros socios en América Latina, una región rica y diversa que se resiste a cualquier intento de interpretación simplificadora. Por ello, nuestra agenda internacional ha otorgado a América Latina una atención privilegiada.

En estos primeros meses he tenido ocasión de encontrarme con la mayoría de los líderes de la región, comenzamos con una primera gira en agosto −en la que visité Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica−, participé en la Cumbre Iberoamericana de Antigua Guatemala y he visitado Cuba en el primer viaje oficial en 32 años. Nos mueve la profunda convicción de que no podemos confiar nuestra relación a la inercia de un vínculo pasado. Son muchos los desafíos que debemos enfrentar, y seremos más fuertes y eficaces haciéndolo desde la unión y el multilateralismo.

Esa es la razón por la que he querido dotar de mayor dinamismo y efectividad a nuestra agenda común. La relación de España con América Latina se basa en el respeto y la colaboración, y por ello quiero escuchar a nuestros socios latinoamericanos, conocer sus problemas y sus posiciones para así avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos que compartimos.

Es necesario que los contactos políticos se intensifiquen a todos los niveles y que la concertación en los foros internacionales sea más estrecha. Quiero promover un acercamiento aún mayor de nuestras sociedades, así como asentar las bases para un mayor intercambio económico. Además, mi Gobierno es y seguirá siendo el apoyo más firme y eficaz de América Latina en la Unión Europea.

Mi objetivo es plasmar este compromiso en acciones concretas que cubran todos los ámbitos de una relación tan amplia y profunda. Porque España y América Latina también comparten la defensa de valores y principios fundamentales. Pero, sobre todo, nos une la voluntad de actuar juntos para garantizar la justicia y la prosperidad de nuestros ciudadanos. Por ello mi Gobierno está plenamente comprometido con la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y la ampliación de los derechos sociales.

Un compromiso que se extiende a toda la región, cuya diversidad constituye uno de sus principales activos. Esta dimensión estratégica ha quedado reflejada en nuestro viaje a Cuba, dirigido a normalizar la relación política al máximo nivel y poner fin a una anomalía injustificable que duraba ya más de tres décadas.

El Gobierno de España va a seguir promoviendo una cooperación avanzada que se ha ido actualizando progresivamente con años de experiencia, y que pone a disposición de sus socios instrumentos innovadores de desarrollo sostenible. Seguiremos también apoyando la labor de las empresas españolas que trabajan en América Latina, empresas con una clara vocación de permanencia que contribuyen al progreso de las sociedades en las que se integran.

En este contexto quiero subrayar la importancia del concepto de Comunidad, que va más allá de una simple organización de estados. La Comunidad Iberoamericana de Naciones es una comunidad de valores, el compromiso colectivo con un proyecto común. Y así quedó demostrado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua Guatemala. Su lema “Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible” demostró la capacidad de adaptación del proyecto iberoamericano y su gran potencial como motor de progreso.

Trabajar por un futuro mejor en plena era de la transformación tecnológica requiere desarrollar una sociedad iberoamericana del conocimiento e invertir en capital humano, promoviendo la movilidad de talentos y el intercambio académico y laboral. Es precisamente aquí donde la Fundación Carolina, con su prestigioso programa de becas, juega un papel esencial, contribuyendo de manera activa a crear nuevos y profundos vínculos entre las sociedades de España y América Latina.

En definitiva, nuestro compromiso con América Latina es permanente y consustancial al futuro de España. Con él aspiramos a modernizar e intensificar las relaciones entre nuestros Estados y nuestros pueblos, situándolas al nivel que exigen nuestra historia, nuestros vínculos afectivos y nuestros valores compartidos, y a la altura de los retos globales que juntos queremos afrontar.

 

 

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Tiempos de cambio político en América Latina

 

 

“¿Quién manda aquí?” “¿Cómo hemos llegado a esto?” “¿Qué está pasando?” Estos interrogantes, coincidentes con títulos de publicaciones y artículos de prensa actuales, ponen en evidencia que vivimos tiempos de cambio, que requieren nuevas interpretaciones. Latinoamérica comparte con España muchas de estas realidades cambiantes, aun con especificidades y rasgos propios.

En primer lugar, nuestras democracias deben hacer frente al enigma en que se ha convertido el ciudadano-elector. Hasta hace poco, las reglas de la confrontación política en democracia eran bastante claras, con partidos políticos estables que presentaban opciones de gobierno sobre el binomio izquierda/derecha. Ahora, sin embargo, han aparecido nuevas alternativas de voto para el ciudadano: por ejemplo, una división entre cosmopolitas -o favorables a la globalización- frente a nacionalistas, lo que explicaría por qué sectores sociales que tradicionalmente votaban a partidos de izquierda, optan hoy por líderes de discurso proteccionista, típicamente defendido en el pasado por candidatos situados más a la derecha del espectro político.

En América Latina han aparecido políticos outsiders, como consecuencia de que el ciudadano culpe al sistema político establecido de no proveer determinados bienes públicos básicos (especialmente seguridad), y de tener una conducta inmoral reflejada, fundamentalmente, en la corrupción. Eso lo inclina a premiar a políticos neófitos, que se presentan sin la carga del pasado.

Ante la dificultad de predecir cuál será la prioridad del elector, los partidos y líderes que aún se colocan sobre el binomio izquierda/derecha, tienen el dilema de decidir hasta qué punto pueden o deben adaptar sus programas políticos sin perder su identidad.

Por otro lado, nos encontramos ante un cuestionamiento generalizado del Estado democrático de derecho de corte liberal. Diversas encuestas y análisis de opinión ponen de manifiesto una erosión del respaldo a la democracia como forma de gobierno: según el Latinobarómetro, este apoyo ha registrado un descenso continuado durante siete años consecutivos, cayendo hasta el 48% en 2018, mientras que el porcentaje de quienes se declaran indiferentes a que haya un régimen democrático se ha elevado hasta un 28%. No obstante, sólo un 15% de la población considera preferible un gobierno autoritario, y es precisamente en Venezuela, donde se registra el mayor porcentaje de apoyo a la democracia de la región (75%), mientras que en Nicaragua, este apoyo ha subido 11 puntos porcentuales entre 2017 y 2018, hasta situarse en el 51%.

Más preocupante resulta que los datos de las encuestas muestren cómo las clases medias, cuya emergencia es considerada con justicia uno de los grandes éxitos del desarrollo económico de los últimos años, comparten ese creciente escepticismo respecto a la democracia. Todo parece indicar que, aunque en el plano normativo la democracia es lo más valorado, en el plano práctico la provisión de determinados bienes públicos tiene prioridad. Dicho de otra manera, los ciudadanos parecen apreciar cada vez más la “legitimidad de gestión” que la “legitimidad de origen”.

Una tercera realidad cambiante viene de la mano de la irrupción en la vida política de las redes sociales y de lo que se ha denominado “pos-verdad”. Su principal consecuencia, además del riesgo de interferencias extranjeras (algo que conocemos bien en España en relación con Cataluña) y de una mayor polarización del debate político, es esta pos-verdad: una indiferencia a la contradicción entre lo afirmado y los datos objetivos. Hasta ahora, las fuerzas políticas aportaban distintas interpretaciones y soluciones, siempre sobre la base de un mismo universo compartido, es decir, mediante un respeto básico a los hechos, a los datos. Hoy los datos son irrelevantes. Esto se ha podido comprobar en Cataluña en los últimos tiempos, en donde los líderes independentistas mantienen afirmaciones reiteradamente contradichas por declaraciones de líderes europeos o simplemente por los datos cuantitativos, sin que esa contradicción haya modificado su relato.

Este fenómeno se ve también, por ejemplo, en Nicaragua, donde el Gobierno niega las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia de los últimos meses, sin permitir una labor independiente de contraste de datos y llegando incluso a expulsar a los organismos internacionales que emiten informes que contradicen su “verdad oficial”. También en Venezuela, en donde el gobierno de Nicolás Maduro culpa una y otra vez de la calamitosa situación económica a supuestas conspiraciones internacionales, sin admitir la gravedad de la crisis humanitaria e incluso negando el éxodo masivo de millones de venezolanos.

La catedrática de Ética Victoria Camps, señala que “mentir ha dejado de ser reprobable”: nada más cierto en un mundo en el que las redes sociales ofrecen informaciones no contrastadas y determinados líderes y organizaciones políticas se reafirman en relatos indiferentes a la contradicción con los datos y hechos. En este contexto, se hace más necesario que nunca el valor tradicional del periodismo independiente y riguroso, así como la necesidad de contar con ciudadanos capaces de aprovechar todo lo positivo que ofrecen las redes sociales -su inmediatez, el aporte de puntos de vista alternativos- pero que sepan desconfiar ante la manipulación y tenga capacidad de remitirse a fuentes veraces.

Un estudio publicado en 2016 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo señaló cómo aproximadamente la mitad de los estudiantes de Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana no tenían conocimiento específico ni comprensión sobre las instituciones, sistemas y conceptos cívicos o de la ciudadanía. Ante los retos de este nuevo tiempo, es prioritaria la construcción de una ciudadanía formada, reflexiva, habituada a cuestionar y a indagar. Y eso requiere de medios de comunicación que la apoyen, y un refuerzo de nuestros sistemas educativos, de la educación cívica y la formación de ciudadanos.