El español como seducción democrática

Luis García Montero

Director del Instituto Cervantes

 Foto: La Voz del Sur

 

En el Anuario del Instituto Cervantes de 2018, nuestro director del centro de Nueva York, Ignacio Olmos, llamaba la atención sobre la política de “Sólo inglés” alentada desde la casa Blanca. La crisis económica había provocado en amplios sectores de los Estados Unidos una reacción defensiva que derivaba en la invención de una identidad cerrada, la de los Padres Fundadores, y en la consideración de lo Otro como una amenaza. La lengua española resultaba así no sólo un idioma de pobres, sino un acto de hostilidad contra los Estados Unidos (país que tiene, por otra parte, una muy numerosa población hispana).

No se trata de ninguna novedad. El profesor Francisco Moreno Fernández, antiguo director del Observatorio de la Lengua Española que crearon el Instituto Cervantes y la Universidad de Harvard, recuerda en su libro Tras Babel. De la naturaleza social del lenguaje (2018), episodios antiguos en los que a los alumnos de los territorios de origen hispano de los EE.UU se les obligaba literalmente a sepultar en un ataúd su idioma materno.

No se equivoca la administración de Donald Trump al reconocer la importancia de una lengua como identidad. Muchos autores han meditado sobre ellos en la historia de nuestra literatura. Pero se equivoca al empujar su identidad hacia estrategias de cerradura y xenofobia. Las respuestas democráticas que exige la globalización necesitan articular un legítimo sentido de pertenencia, fundamental para que se consolide una sociedad, pero con raíces en identidades abiertas y con respuestas dialogantes en la cada vez más notable unidad de nuestro mundo. Es el único modo de evitar el deterioro democrático de nuestras sociedades.

Considero que la lengua española o castellana debe reaccionar a través de una política de seducción democrática, apoyando proyectos institucionales que tengan como fin la diplomacia cultural y la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Si tenemos en cuenta que formamos una comunidad de 483 millones de hablantes, y que los españoles somos sólo el 8 % del idioma, deberemos concluir que mantener la voluntad hispánica implica una consideración geográfica que hermane en sus intereses las dos orillas, la península e Hispanoamérica.

La mejor forma de hacer del español una lengua democrática es conseguir que se convierta en una lengua de ciencia y de tecnología. Sólo la inversión en ciencia y tecnología conseguirá que España aproveche su enclave europeo y que América latina pueda combatir la grave desigualdad económica y la pobreza que afecta a su población y a su desarrollo según los informes de la ONU.

No se trata, claro, de competir con el inglés como lengua franca de los negocios y la ciencia, sino de tomarse en serio nuestra propia lengua para que puedan escribirse en ella los importantes trabajos de investigación que ya se realizan en el mundo hispano. Ayudar a la publicación de revistas de impacto en español, con carácter panhispánico, para la ciencia y la tecnología es hoy una tarea decisiva. Y también es decisivo conseguir que en los sistemas de valoración estatales de los trabajos universitarios no se caiga en la costumbre de asumir dinámicas de origen anglosajón. Podemos ejercer nuestros propios criterios de valoración y en nuestra propia lengua.

La apuesta por el español como lengua de ciencia y tecnología no significa desatender la gran tradición humanista de una cultura que cuenta con la obra de María Zambrano, Gabriel García Márquez, Sor Juana, Miguel de Cervantes o César Vallejo. Hoy no tiene sentido volver a las guerras entre las ciencias y las letras, y en la estrategia de seducción democrática del español, junto a la ciencia y la tecnología, juega un papel fundamental la creatividad de la literatura, el cine, el arte y la música hispánica.

Me atrevo a insistir en la necesidad de una voluntad panhispánica en esta aventura. Hace años la Real Academia Española, sin abandonar sus responsabilidades, comprendió que la elaboración del diccionario de la lengua debía ser un trabajo compartido con las otras Academias. Esta iniciativa y la fundación en 1951 de ASALE (Asociación de Academias de la Lengua española), en la que están representados 23 países, culmina el camino abierto por Andrés Bello cuando en 1847 publico su Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos.

La mejor manera de defender la unidad del idioma ha sido desde el siglo XIX respetar la riqueza de sus matices y singularidades geográficas. Una lengua que permite al mismo tiempo la relación maternal de cada hablante con su intimidad y una comunicación internacional muy amplia es un bien que conviene cultivar. La mejor forma de hacerlo es institucionalizar una visión multilateral de la cultura hispánica como oferta seductora y democrática. Para eso es importante que se defienda a la vez el español como lengua de ciencia, técnica y humanidades. Una buena respuesta al mundo de hoy y al de mañana.

 

El gran impulso ambiental en Iberoamérica

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL)

 

Con base en su extensivo análisis de las condicionantes del desarrollo económico, institucional y social en América Latina y el Caribe y las estrategias necesarias para la implementación regional de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana, la CEPAL ha propuesto un cambio estructural progresivo sobre la base de un gran impulso ambiental. Con el objetivo de permitir el salto urgente hacia un modelo sostenible de desarrollo, el gran impulso ambiental se define como una reorientación coordinada de inversiones, políticas, regulaciones y régimen de impuestos para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo de cadenas productivas y al mismo tiempo reducir la huella ambiental y mantener o recuperar la capacidad productiva del capital natural (incluyendo sus servicios ambientales).

Un gran impulso, en términos económicos, depende de un paquete coordinado de inversiones que se complementen entre sí. Son los procesos que Paul Rosenstein-Rodan (1961), un pionero de la teoría del desarrollo llamó de gran impulso (big push), donde cada inversión/política debe coordinarse en paralelo con las existentes en otros sectores para que cada una de ellas sea rentable y viable (CEPAL, 2016). Implica expandir la demanda y el mercado de forma que los emprendedores se sientan seguros de incurrir en costos de industrialización. En esa lógica tiene importancia todo lo que estimula el aumento de la demanda, sean gastos públicos, inversiones, financiamientos, ayuda externa, régimen de impuestos o cambios en el sistema de precios. En ese sentido, un mínimo de coordinación, articulación e inversiones es necesario para que programas de desarrollo tengan éxito. Rosenstein-Rodan presenta la analogía de un avión en su despegue, que demanda al mismo tiempo velocidad, energía, estructura física, peso, tiempo, etc. concurriendo hacia el mismo objetivo – el despegue. En la teoría del gran impulso, inversiones y políticas aisladas no pueden mover la economía hacia el camino del desarrollo económico.

Para Mazzucato & Perez (2014), la estrategia fundamental de un gran impulso es la definición del sentido de dirección, lo que tiene un carácter sociopolítico al producir una trayectoria convergente de los múltiples y diferentes actores, sectores e inversiones, cuyos complejos circuitos son muchas veces imprevisibles, y sin una clara dirección pueden perderse o nunca ocurrir. En el caso de un gran impulso ambiental, Mazzucato & Perez (2014) defienden que se requiere poner en marcha un conjunto de claras, coherentes y continuadas políticas públicas, sin las cuales las inversiones, tasas, regulaciones, precios y otros componentes no van a seguir una trayectoria de innovaciones.

Esa reorientación es también inductora de crecimiento económico. Harris (2008) defiende que cambios en matrices de energía, tecnologías y patrones de producción hacia eficiencia energética y fuentes de bajo carbono, así como las inversiones en infraestructura social, conducen a una continuidad del crecimiento económico. Ese abordaje está en línea con el pensamiento original keynesiano en que el aumento de la demanda agregada produce beneficios netos por medio de los gastos originales y de sus efectos multiplicadores.

Para el caso de un gran impulso ambiental, existen muchos caminos potenciales para el crecimiento económico.  Las políticas gubernamentales y los pactos políticos son esenciales para la definición del camino a seguir (Harris 2018). Así, un gran impulso ambiental debería contemplar opciones de políticas públicas como la eliminación de subsidios nocivos para el medio ambiente, la modificación de los precios relativos para encarecer lo menos sostenible y cambiar los patrones de consumo y producción. Incluye también la prestación de servicios públicos de calidad como la búsqueda de soluciones para reducir la congestión y la contaminación en las ciudades, a través de inversiones integrales en transporte y sus servicios de apoyo, tecnologías inteligentes e interconexiones físicas y virtuales (Samaniego 2016).

Encauzar esas inversiones en la dirección deseada y hacerlas viables requiere de los incentivos correctos, de una redefinición de marcos institucionales, de una gobernanza a nivel local, regional y nacional, de regulaciones apropiadas, así como de un mayor estímulo a la inversión pública y a las asociaciones público-privadas. La expansión de las energías renovables no convencionales en España y en América Latina y el Caribe representa un ejemplo concreto de que es posible generar sectores competitivos cuando se crean condiciones favorables para inversiones ambientalmente sostenibles.

 

Bibliografía

CEPAL (2016). Horizontes 2030 – La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, trigésimo sexto período de sesiones de la Cepal, Ciudad de México, 23 a 27 de Mayo.

Harris, J. M. – 2008 – “Ecological Macroeconomics: Consumption, Investment, and Climate Change. Global Development and Environment Institute” – Working Paper no. 08-02,Tufts University, Medford.

Mazzucato, M. & Perez, C. – 2014 – “Innovation as Growth Policy: the challenge for Europe”. Working Paper Series, SWPS 2014 D13, SPRU- Science Policy Research Unit – University of Sussex.

Rosenstein-Rodan, P. – 1961 – “Notes on the Theory of the ‘Big Push”. In: Ellis, H.S., Wallich, H.C. _Eds., Economic Development for Latin America. St. Martin’s Press, New York.

Samaniego, J.L. (2016) – ECLAC Presents at COP 22 its Proposal for an Environmental Big Push to Change Production and Consumption Patterns. Presentación en COP 22.

La cooperación iberoamericana y el ODS4

Mariano Jabonero

Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Foto: OEI

El cambio de paradigma impulsado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 4, ha posicionado en la actual agenda a la calidad, la inclusión y la equidad en el centro del ADN de los actuales sistemas educativos de Iberoamérica. El propósito es responder al nuevo escenario mundial y a una sociedad con nuevas necesidades, diferentes aspiraciones y, sobre todo, grandes cambios e incertidumbres.

El ODS 4 insta a los países a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La comunidad educativa mundial adoptó en 2015 el Marco de Acción de Educación 2030 para avanzar hacia el ODS 4 y sus metas. El citado marco destaca la necesidad de abordar todas las formas de exclusión y marginación instando a hacer frente a las desigualdades relacionadas con el acceso, la participación, los procesos y los resultados del aprendizaje, con especial atención a la desigualdad de género.

Iberoamérica comprende realidades sociales muy diversas, no solo desde el punto de vista educativo y cultural, sino también en cuanto a sus indicadores generales de desarrollo económico y social. Esto hace de ella la región más rica y, a la vez, una de las más inequitativas del mundo en la que hoy, frente al modelo económico histórico dominado por las commodities, el conocimiento se plantea como el principal valor para mejorar las vidas, el desarrollo sostenible y lograr unas comunidades más prósperas. Para ello, es necesario la aplicación de políticas públicas a favor del desarrollo social, que reconozcan el protagonismo que en la actualidad tiene la educación. Se trata de una prioridad política, tal y como demuestra el hecho de que, según el BID, en 2017 la región ha dedicado el 5,1% a inversión en materia educativa, una cuantía superior al 4,9% de los países de la OCDE y, más aun, del 4,6% que registra la media mundial.

En este contexto, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) celebra sus 70 años. Décadas de trabajo al servicio de Iberoamérica en las que la OEI ha puesto de manifiesto su compromiso, continuidad, presencia y actividad en cada rincón de nuestro territorio. Son estos los atributos que la han convertido en la entidad de referencia en materia de cooperación educativa, científica y cultural en una región tan grande como diversa.

La educación, la ciencia y la cultura son los elementos que con mayor fuerza y sostenibilidad vertebran y cohesionan a la comunidad iberoamericana

Ante la crisis de otras instancias políticas de integración regional, la evidencia demuestra que la educación, la ciencia y la cultura son los elementos que con mayor fuerza y sostenibilidad vertebran y cohesionan a la comunidad iberoamericana. Para la OEI, estos objetivos comunes son su razón de ser, ya que las políticas públicas y los programas regionales que la organización ha venido impulsando junto con los gobiernos y otras entidades de la región han hecho posible que millones de iberoamericanos hayan accedido a la educación y a la cultura, que cientos de miles de docentes hayan mejorado sus competencias profesionales o que la movilidad académica entre estudiantes y profesores universitarios de nuestra región sea hoy una realidad. Y, algo que es muy importante:  la OEI es la organización de cooperación política iberoamericana que ha conseguido el mítico objetivo de la Cooperación Sur-Sur. En estos momentos, casi el 99 % de su acción programática y soporte presupuestario procede de y responde a los países americanos. Estos han valorado siempre a la OEI como una entidad cercana, útil, como un bien público regional y, en consecuencia, se han apropiado de ella. Esta situación merece alguna reflexión por parte de los tradicionales países donantes, así como por sus instituciones de la cooperación.

La OEI afronta el futuro con una nueva mirada que responde a una nueva realidad. Conscientes de la magnitud de la tarea, el pasado mes de septiembre en Guatemala los ministros y ministras de Educación de los 23 países miembros del Consejo Directivo de la OEI aprobaron de manera unánime el Programa-Presupuesto de la Organización para el periodo 2019-2020.

El nuevo plan de acción de la OEI está adaptado al actual contexto regional y alineado con la Agenda 2030. Plantea como prioridades la educación en la primera infancia, las habilidades y competencias para el siglo XXI, la mejora de la gobernanza educativa, así como la formación en derechos humanos, valores democráticos y ciudadanía iberoamericana y la difusión de la lengua portuguesa en una comunidad de casi ochocientos millones de personas que comparten como lenguas oficiales el español y el portugués.

Especial mención merece la educación superior, que ha crecido exponencialmente en la región en los últimos años. Esto justifica que ocupe un capítulo destacado de este Programa-Presupuesto de la OEI, puesto que ya no se trata solo de un asunto académico que ocupa a un colectivo más o menos amplio de rectores y a algunos filántropos auspiciantes de eventos y otras acciones compensatorias, sino que ha pasado a ser una política pública prioritaria. En la actualidad, son ya 30 millones los estudiantes cursando carreras universitarias en distintas universidades de la región en las que los profesores doctores rara vez superan el 10% de sus claustros y que adolecen de graves problemas de comparabilidad y reconocimiento de sus titulaciones. Según estimaciones del Banco Mundial, en torno a un tercio de los nuevos alumnos proceden de los estratos más humildes de la sociedad. Más que nunca la educación superior debe ser el eje articulador a través del cual se impulse un sistema que sea capaz de aportar cohesión y fortaleza a la región, en un contexto mundial cada vez más competitivo e incierto.

La OEI está totalmente alineada con el ODS 17 y la necesidad de un multilateralismo renovado e inclusivo

Por todo ello, y con el fin de hacer frente a los actuales desafíos a los que se enfrenta Iberoamérica, y con el riesgo de no ser capaces de cumplir las metas educativas recogidas en el ODS 4, la OEI, el organismo decano del espacio iberoamericano ha venido promoviendo a través del aprendizaje entre países, el despliegue de la agenda educativa a nivel regional y la construcción de planes nacionales y sectoriales que tomen como referente lo establecido en la Agenda 2030.

De hecho, así se recoge expresamente en el ODS 17, priorizando la necesidad de “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” y llamando a todos los actores (gobiernos, sector privado, sociedad civil…) a crear alianzas inclusivas a nivel global, regional, nacional y local, construidas sobre principios y valores, una visión compartida y metas compartidas que coloquen a las personas y al planeta en el centro.

La OEI está totalmente alineada con el ODS 17 y la necesidad de un multilateralismo renovado e inclusivo. Desde el año 2016, y en su calidad de representante regional de América Latina y el Caribe formamos parte del Comité de Dirección Global del ODS 4 Educación 2030, foro que ofrece un espacio privilegiado de influencia, de diálogo y de articulación con el resto de los actores globales en materia educativa.

Sin el cumplimiento del ODS 17, somos conscientes de que no alcanzaremos lo comprometido en el ODS 4, ni en los otros.

La Cooperación con América Latina y la Agenda 2030

Teresa Ribera Rodríguez

Ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España

En el año 2015, el mundo adoptó un nuevo contrato social para avanzar hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. España se sumó desde el primer momento a los dos elementos básicos de este contrato, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, siendo consciente de que se ha acabado el tiempo en el que las políticas ambientales eran consideradas secundarias.

España, como no podía ser de otra manera, ha adquirido este compromiso presente y futuro, de la mano de la Unión Europea, dando un paso al frente ante el enorme desafío del cambio climático, asumiendo su cuota de responsabilidad y con el propósito de generar un efecto positivo sobre otras naciones.

Esto significa integrar la variable ambiental y las perspectivas del clima en el corazón de las políticas y decisiones, en las estrategias de empresa, en proyectos de ciudad, en la innovación, la economía y las finanzas, en las políticas sociales y de equidad, en el sistema, en el sistema fiscal y el energético, en la puesta en valor de nuestros recursos y en el debate social de nuestro futuro en común.

Europa debe estar a la vanguardia de la transición ecológica

Todos los Estados miembros de la UE hemos decidido que Europa deber estar a la vanguardia de la transición ecológica, fijando unos objetivos de reducción de emisiones coherentes con la meta del Acuerdo de París que supone la descarbonización de la economía en 2050.

Hoy somos más conscientes que nunca de cómo la degradación ambiental y la escasez de recursos afectan en particular a los más vulnerables y profundiza la brecha de pobreza y la desigualdad.

Se acabó el tiempo en el que las políticas ambientales eran consideradas secundarias. Son nuestra principal garantía de equidad, son núcleo central de riqueza y como tal han de ser gestionadas, primando su preservación y buen uso y sancionando y tasando su destrucción o puesta en peligro.

Esto supone cambiar el tradicional enfoque de la normativa ecológica, estrictamente sectorial, hacia una ecología normativa, incorporando la sostenibilidad como principio rector al conjunto de políticas públicas, un alineamiento coherente en políticas fiscales y presupuestarias, en infraestructuras y servicios, en políticas nacionales y en acción exterior.

Europa está en condiciones de liderar ese proceso de cambio, el más importante al que el mundo se enfrenta en el siglo XXI, y  España en particular puede ejercer ese liderazgo no sólo en su entorno más próximo sino también en la Comunidad Iberoamericana a la que tan vinculada estamos como país.

España es un país especialmente vulnerable al Cambio Climático

Los 17  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 nos recuerdan que la fragilidad del equilibrio ecológico del planeta nos obliga a adoptar medidas urgentes que impulsen un cambio rápido en el modelo económico y de desarrollo. Esto es especialmente importante para España por ser un país especialmente vulnerable al cambio climático.

Por nuestra situación geográfica, conocemos bien las graves consecuencias de este fenómeno, tanto las de índole humanitaria como las socioeconómicas, lo que nos lleva a asumir con responsabilidad una posición comprometida en el ámbito multilateral, tanto en lo que se refiere a los compromisos con la acción climática, como en lo que afecta a la cooperación con los países que ya están sufriendo los efectos devastadores del calentamiento global.

Todos compartimos la responsabilidad como Gobiernos de avanzar en la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los ODS, sin olvidar la importancia de la colaboración técnica efectiva, porque igualmente la responsabilidad de asistirnos en este empeño colectivo que representa la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es mutua.

La región iberoamericana afronta retos y amenazas comunes asociadas al cambio climático, a la escasez y a la degradación de los recursos a escala regional y subregional, y comparte características sociales, económicas y medioambientales.

Prioridad en Iberoamérica: fortalecimiento institucional y capacitación

Por eso, una de las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España es el fortalecimiento institucional y capacitación principalmente, aunque no únicamente, a través de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET).

En estrecha coordinación con la Agencia española de Cooperación al Desarrollo, este Ministerio trabaja para poner a disposición de la Comunidad Iberoamericana el conocimiento, expertise y tecnología en el campo de la gestión de los recursos hídricos, en la lucha contra el cambio climático, en la reducción del riesgo de desastres asociados a eventos climáticos extremos, o en la investigación y observación sistemática del clima.

Tal y como señala la Agenda 2030, para acometer la transformación necesaria de nuestra economía, de nuestra sociedad, que nos permita un verdadero desarrollo sostenible, no podemos dejar a nadie atrás. Ninguna persona, ningún sector, ninguna región.

Por eso, esta Agenda, nos impulsa a renovar el llamado “pacto social” que garantice la protección de nuestros ciudadanos, unas condiciones de vida digna para todos y todas, que permitan hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Este será sin duda el reto al que nos enfrentemos como país, como región, como planeta. No habrá transición ecológica, transformación energética ni tendremos éxito en esta lucha a contrarreloj contra el cambio climático si no somos capaces de asegurar que el cambio será beneficioso para todos, si no somos capaces de proteger a los más vulnerables.

Sólo hay dos opciones posibles: invertir hoy, o gastar mañana

Invertir hoy en mitigación es hacerlo en la minoración del daño, e invertir hoy en adaptación es tanto como llegar a tiempo de evitar consecuencias irreparables en muchos casos.

Pero a medida que retrasamos la acción, la capacidad de mitigación se reduce más y más, y con ello cada vez serán mayores los daños que no podrán ser evitados, o que sólo podrán ser escasamente minorados; y a su vez, el transcurrir del tiempo hará inviables medidas de adaptación.

Por tanto, no invertir a tiempo supone renunciar a las oportunidades que supone este inmenso nicho de actividad económica y empleo, al tiempo que implica resignarse a enterrar un descomunal volumen de gasto en medidas paliativas o de reparación, cuando no sencillamente indemnizatorias.

El mensaje que los jóvenes con sus protestas estudiantiles por el clima están haciendo llegar a los gobiernos es claro y nos recuerdan que es necesario actuar con urgencia para detener el calentamiento global y fomentar la participación de la sociedad en su conjunto en el proceso de cambio.

Los ciudadanos deben ser partícipes del proceso

O aseguramos que los ciudadanos son partícipes de este proceso, haciendo oír su voz, y protagonizan este cambio y lo interiorizan, o todas estas políticas que implica la Agenda 2030 no tendrán éxito.

Cohesión social, ambición climática, transición ecológica y justicia climática, prioridades que compartimos con América Latina ante el mayor reto al que nos enfrentamos, asegurar un futuro sostenible en este planeta.

La garantía de un progreso duradero, justo y equitativo dentro y fuera de nuestras fronteras,  implica fortalecer la responsabilidad de todos y todas, haciéndonos más conscientes de los efectos ambientales, pero también económicos y sociales, de nuestro comportamiento como ciudadanos en el desempeño que corresponde a cada cual como empresario, consumidor o responsable público.

La cooperación en ciencia, tecnología e innovación en Iberoamérica

Juan Pablo de Laiglesia

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

 

La ciencia, la tecnología y la innovación (CTi) desempeñan una función crítica en la consecución de la Agenda 2030. Son imprescindibles para el desarrollo social y económico, contribuyendo de manera transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La XXVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad de La Antigua Guatemala en noviembre pasado, acordó desarrollar un proceso que contribuya a incrementar significativamente la inversión, la cooperación mutua y el compromiso de los países miembros en CTi. Este mandato es especialmente importante cuando la CEPAL viene advirtiendo del escaso esfuerzo de la región en inversión en I+D. Resulta esencial fortalecer los sistemas nacionales de CTi, favorecer su internacionalización, junto con programas que asienten la transferencia de tecnología y la movilidad de la comunidad científica, propósito este último en el que la Fundación Carolina viene trabajando de manera prioritaria y exitosa.

En el ámbito iberoamericano, España apoya decididamente los esfuerzos de la SEGIB, así como del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) que, desde hace tantos años, viene trabajando en favor de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación. La revolución digital de nuestros días precisa de una respuesta iberoamericana que contemple los impactos que supone esta radical transformación económica, tecnológica, educativa y científica de nuestras sociedades.

La cooperación española en América Latina viene además apostando por la CTi como dimensión prioritaria de muchos de sus programas bilaterales. Se trata, en resumen, de apoyar la articulación de estrategias nacionales de ciencia y de tecnología, así como de promover alianzas entre centros españoles y de países socios, sin olvidar la creación de un espacio de oportunidades y sinergias con las empresas.

En la actualidad nuestros programas de cooperación en países como Colombia, Ecuador y Perú identifican este ámbito como prioritario. En Colombia los programas ERICA y DIRENA, que se ejecutan en los departamentos de Antioquia y Nariño, son una plataforma de coordinación y transferencia de buenas prácticas en los ámbitos de desarrollo local, innovación y emprendimiento, a través del fortalecimiento de capacidades de investigación y de trabajo conjunto entre universidades, empresas y administraciones públicas.

En Ecuador llevamos a cabo el programa de fortalecimiento del talento humano y de transferencia de conocimientos, investigación, desarrollo e innovación. Este programa promociona la internacionalización de la investigación ecuatoriana y la mejora de su capacidad investigadora. Entre sus participantes están la Universidad de la Amazonía, institutos públicos ecuatorianos como el INER y el INIAP, así como prestigiosos centros españoles como el CSIC, el CIEMAT y el INIA.

En el caso peruano, nuestro programa de cooperación bilateral incluye acciones de promoción del desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología. De esta manera, hemos apoyado técnica y financieramente la puesta en marcha de la Red CITES de Centros de Innovación Tecnológica, que promueve la mayor competitividad entre las empresas que participan.

De igual manera, el Programa de Cooperación Técnica con América Latina-COOTEC incluye de manera regular asistencias y pasantías vinculadas al objetivo de promover la innovación y la investigación. Los Centros de Formación de la cooperación española en la región (Antigua, Cartagena de Indias, Santa Cruz de la Sierra y Montevideo) celebran, además, regularmente actividades de capacitación y formación en el área de innovación y desarrollo.

No quisiera, por último, dejar de citar nuestro Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) que incorpora en muchos de sus proyectos importantes innovaciones tecnológicas. La generación de energía eléctrica a través de micro-turbinas en Guatemala; plataformas online apoyadas con dispositivos móviles para el seguimiento de los servicios de agua en zonas rurales de Paraguay; o un centro experimental para el tratamiento de aguas residuales en Bolivia, son algunos ejemplos de cómo el FCAS contribuye de manera significativa al reforzamiento de las capacidades en CTi de la región.

En definitiva, la cooperación en CTi es ya un rasgo distintivo del espacio iberoamericano de conocimiento y forma parte, de manera destacada, de muchos de nuestros programas bilaterales de cooperación con países de la región. Seguiremos apostando por desarrollar esta dimensión de trabajo que es clave para afrontar con garantías los retos de desarrollo de Iberoamérica y, finalmente, para el bienestar de nuestra comunidad.

Un Contrato Social Iberoamericano para el Siglo 21

Rebeca Grynspan

Secretaria General Iberoamericana

 

Iberoamérica está ante una encrucijada de varios caminos y muchas más advertencias. La persiguen cuatro grandes tendencias que la fuerzan a decidirse: el cambio climático, las revoluciones tecnológicas, la polarización social y la desigualdad. Quedarnos parados es arriesgarnos a perder nuestro objetivo de cohesión social, nuestro medioambiente, nuestra dignidad laboral y nuestros sistemas democráticos. Hay que tomar un camino, y ese camino es la Agenda 2030, la única narrativa positiva que nos queda en un mundo político dominado por narrativas populistas. La única narrativa posible, la única que responde a cada uno de nuestros retos de manera transversal y comprometida.

Nuestra región ha enfrentado innumerables desafíos. Los de hoy podrían verse como la continuación de los de ayer. Pero la realidad es que, si bien los nuevos retos se unen a los viejos, lo cierto es que estos retos no son del todo nuevos, tanto en su dimensión como en sus dinámicas particulares.

La desigualdad que representa un futuro del trabajo donde solo una minoría de la población tiene acceso a las tecnologías y al trabajo formal y bien pagado es muy distinta a la del ayer donde el trabajo era mal pagado pero irremplazable. La polarización en tiempos de Twitter es muy distinta, y quizás mucho más profunda y cotidiana, que la polarización de una sociedad que aún solo se encontraba a sí misma caminando por las calles. Hasta hace menos de cuarenta años el cambio climático no era sino una sospecha.

El contrato social que hicimos entonces, que mal que bien nos ayudó a luchar estos retos, no nos servirá para afrontar las tendencias del mañana. Las profundas transformaciones del siglo 21 requieren instituciones que tengan de premisa el futuro. Que no solo respondan: que nos preparen.

Los conceptos han cambiado: la educación, en un mundo donde ya no existirán profesiones de por vida, donde la gente cambiará constantemente de trabajos que requieren distintas habilidades, ya no puede ser un asunto que termina a los 25 años – necesitamos crear un ecosistema de aprendizaje continuado a lo largo de la vida y legislar para que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan el derecho universal de accederlo.

Las instituciones laborales, en un presente donde ya tenemos una creciente cohorte de trabajadores informales, precarios autónomos, nómadas digitales, gremios multinacionales, jornaleros virtuales, ya no pueden basarse en sindicatos y derechos que asumían que los trabajos eran empleos de por vida – debemos crear sindicatos digitales y multi-gremiales, fortalecer nuestras garantías sociales para personas transitando entre empleos, actualizar nuestros derechos laborales para que sean independientes del trabajo realizado, para que los beneficios acumulados transiten también con nosotros.

Los modelos empresariales que asumían que el costo de operaciones era una simple ecuación de contabilidad interna, en un mundo donde vemos año tras año el verdadero costo ambiental de la producción no sostenible, ya no pueden ser considerados como económicamente válidos o viables – necesitamos llevar una transición hacia el Cuarto Sector de la economía, hacia la producción responsable y sostenible, hacia la inversión continuada en los recursos humanos y naturales.

Y por último, la discusión política, en esta encrucijada que advierte que los problemas mayores son futuros y no pretéritos, que son globales y no parciales, pues si algo compartimos es trabajo, medioambiente y sociedad, ya no puede mirar a un atrás donde estuvimos separados sino a un frente donde nuestros destinos están entrelazados – como ciudadanos debemos ser conscientes de la realidad y magnitud de los retos que ya nos están afectando, y activarnos en dar un cambio positivo a la polarización actual.

El nuevo contrato social iberoamericano del siglo 21, centrado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por tanto deberá basarse en cuatro premisas principales: nuevos derechos, nuevas ideas, nuevos mercados y nuevas personas. Tendrá que ser verde, inclusivo, conciliador y concienzudo. Apostar por mejores instituciones laborales, educativas, empresariales y políticas. Ser presentado en democracia y ratificado en sociedad.

El reto es convencer a la gente. Nuestro actual contrato social fue más una reacción que en una premonición. Una reacción a guerras mundiales, décadas de dictadura y de crisis económica. Hoy día no tenemos más alternativa que adelantarnos: el futuro corre más rápido que nosotros. Pero la tecnología, que promete mayor crecimiento, fortalecer el combate contra el cambio climático, impulsar la interconectividad ciudadana y ampliar nuestros modelos educativos, puede salvarnos.

Así que pongámonos sus zapatillas, veamos nuevos horizontes, cojamos el camino de la Agenda 2030 y el nuevo contrato social – y echémonos a andar.

 

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Un vínculo sólido para un cambio de época

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España.

Pedro Sánchez. Foto: Borja PuigAmérica Latina vive momentos de cambio. Como en el resto del mundo, son muchas las incertidumbres que pesan en los países que la integran. Pero sí tenemos claro algo que permanecerá: su fuerte vínculo con España. Nos unen lazos económicos y comerciales. Pero también culturales, históricos y afectivos.

Este vínculo especial inspira los esfuerzos que ha llevado a cabo el Gobierno para intensificar y actualizar la relación con nuestros socios en América Latina, una región rica y diversa que se resiste a cualquier intento de interpretación simplificadora. Por ello, nuestra agenda internacional ha otorgado a América Latina una atención privilegiada.

En estos primeros meses he tenido ocasión de encontrarme con la mayoría de los líderes de la región, comenzamos con una primera gira en agosto −en la que visité Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica−, participé en la Cumbre Iberoamericana de Antigua Guatemala y he visitado Cuba en el primer viaje oficial en 32 años. Nos mueve la profunda convicción de que no podemos confiar nuestra relación a la inercia de un vínculo pasado. Son muchos los desafíos que debemos enfrentar, y seremos más fuertes y eficaces haciéndolo desde la unión y el multilateralismo.

Esa es la razón por la que he querido dotar de mayor dinamismo y efectividad a nuestra agenda común. La relación de España con América Latina se basa en el respeto y la colaboración, y por ello quiero escuchar a nuestros socios latinoamericanos, conocer sus problemas y sus posiciones para así avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos que compartimos.

Es necesario que los contactos políticos se intensifiquen a todos los niveles y que la concertación en los foros internacionales sea más estrecha. Quiero promover un acercamiento aún mayor de nuestras sociedades, así como asentar las bases para un mayor intercambio económico. Además, mi Gobierno es y seguirá siendo el apoyo más firme y eficaz de América Latina en la Unión Europea.

Mi objetivo es plasmar este compromiso en acciones concretas que cubran todos los ámbitos de una relación tan amplia y profunda. Porque España y América Latina también comparten la defensa de valores y principios fundamentales. Pero, sobre todo, nos une la voluntad de actuar juntos para garantizar la justicia y la prosperidad de nuestros ciudadanos. Por ello mi Gobierno está plenamente comprometido con la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y la ampliación de los derechos sociales.

Un compromiso que se extiende a toda la región, cuya diversidad constituye uno de sus principales activos. Esta dimensión estratégica ha quedado reflejada en nuestro viaje a Cuba, dirigido a normalizar la relación política al máximo nivel y poner fin a una anomalía injustificable que duraba ya más de tres décadas.

El Gobierno de España va a seguir promoviendo una cooperación avanzada que se ha ido actualizando progresivamente con años de experiencia, y que pone a disposición de sus socios instrumentos innovadores de desarrollo sostenible. Seguiremos también apoyando la labor de las empresas españolas que trabajan en América Latina, empresas con una clara vocación de permanencia que contribuyen al progreso de las sociedades en las que se integran.

En este contexto quiero subrayar la importancia del concepto de Comunidad, que va más allá de una simple organización de estados. La Comunidad Iberoamericana de Naciones es una comunidad de valores, el compromiso colectivo con un proyecto común. Y así quedó demostrado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua Guatemala. Su lema “Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible” demostró la capacidad de adaptación del proyecto iberoamericano y su gran potencial como motor de progreso.

Trabajar por un futuro mejor en plena era de la transformación tecnológica requiere desarrollar una sociedad iberoamericana del conocimiento e invertir en capital humano, promoviendo la movilidad de talentos y el intercambio académico y laboral. Es precisamente aquí donde la Fundación Carolina, con su prestigioso programa de becas, juega un papel esencial, contribuyendo de manera activa a crear nuevos y profundos vínculos entre las sociedades de España y América Latina.

En definitiva, nuestro compromiso con América Latina es permanente y consustancial al futuro de España. Con él aspiramos a modernizar e intensificar las relaciones entre nuestros Estados y nuestros pueblos, situándolas al nivel que exigen nuestra historia, nuestros vínculos afectivos y nuestros valores compartidos, y a la altura de los retos globales que juntos queremos afrontar.

 

 

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Tiempos de cambio político en América Latina

 

 

“¿Quién manda aquí?” “¿Cómo hemos llegado a esto?” “¿Qué está pasando?” Estos interrogantes, coincidentes con títulos de publicaciones y artículos de prensa actuales, ponen en evidencia que vivimos tiempos de cambio, que requieren nuevas interpretaciones. Latinoamérica comparte con España muchas de estas realidades cambiantes, aun con especificidades y rasgos propios.

En primer lugar, nuestras democracias deben hacer frente al enigma en que se ha convertido el ciudadano-elector. Hasta hace poco, las reglas de la confrontación política en democracia eran bastante claras, con partidos políticos estables que presentaban opciones de gobierno sobre el binomio izquierda/derecha. Ahora, sin embargo, han aparecido nuevas alternativas de voto para el ciudadano: por ejemplo, una división entre cosmopolitas -o favorables a la globalización- frente a nacionalistas, lo que explicaría por qué sectores sociales que tradicionalmente votaban a partidos de izquierda, optan hoy por líderes de discurso proteccionista, típicamente defendido en el pasado por candidatos situados más a la derecha del espectro político.

En América Latina han aparecido políticos outsiders, como consecuencia de que el ciudadano culpe al sistema político establecido de no proveer determinados bienes públicos básicos (especialmente seguridad), y de tener una conducta inmoral reflejada, fundamentalmente, en la corrupción. Eso lo inclina a premiar a políticos neófitos, que se presentan sin la carga del pasado.

Ante la dificultad de predecir cuál será la prioridad del elector, los partidos y líderes que aún se colocan sobre el binomio izquierda/derecha, tienen el dilema de decidir hasta qué punto pueden o deben adaptar sus programas políticos sin perder su identidad.

Por otro lado, nos encontramos ante un cuestionamiento generalizado del Estado democrático de derecho de corte liberal. Diversas encuestas y análisis de opinión ponen de manifiesto una erosión del respaldo a la democracia como forma de gobierno: según el Latinobarómetro, este apoyo ha registrado un descenso continuado durante siete años consecutivos, cayendo hasta el 48% en 2018, mientras que el porcentaje de quienes se declaran indiferentes a que haya un régimen democrático se ha elevado hasta un 28%. No obstante, sólo un 15% de la población considera preferible un gobierno autoritario, y es precisamente en Venezuela, donde se registra el mayor porcentaje de apoyo a la democracia de la región (75%), mientras que en Nicaragua, este apoyo ha subido 11 puntos porcentuales entre 2017 y 2018, hasta situarse en el 51%.

Más preocupante resulta que los datos de las encuestas muestren cómo las clases medias, cuya emergencia es considerada con justicia uno de los grandes éxitos del desarrollo económico de los últimos años, comparten ese creciente escepticismo respecto a la democracia. Todo parece indicar que, aunque en el plano normativo la democracia es lo más valorado, en el plano práctico la provisión de determinados bienes públicos tiene prioridad. Dicho de otra manera, los ciudadanos parecen apreciar cada vez más la “legitimidad de gestión” que la “legitimidad de origen”.

Una tercera realidad cambiante viene de la mano de la irrupción en la vida política de las redes sociales y de lo que se ha denominado “pos-verdad”. Su principal consecuencia, además del riesgo de interferencias extranjeras (algo que conocemos bien en España en relación con Cataluña) y de una mayor polarización del debate político, es esta pos-verdad: una indiferencia a la contradicción entre lo afirmado y los datos objetivos. Hasta ahora, las fuerzas políticas aportaban distintas interpretaciones y soluciones, siempre sobre la base de un mismo universo compartido, es decir, mediante un respeto básico a los hechos, a los datos. Hoy los datos son irrelevantes. Esto se ha podido comprobar en Cataluña en los últimos tiempos, en donde los líderes independentistas mantienen afirmaciones reiteradamente contradichas por declaraciones de líderes europeos o simplemente por los datos cuantitativos, sin que esa contradicción haya modificado su relato.

Este fenómeno se ve también, por ejemplo, en Nicaragua, donde el Gobierno niega las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia de los últimos meses, sin permitir una labor independiente de contraste de datos y llegando incluso a expulsar a los organismos internacionales que emiten informes que contradicen su “verdad oficial”. También en Venezuela, en donde el gobierno de Nicolás Maduro culpa una y otra vez de la calamitosa situación económica a supuestas conspiraciones internacionales, sin admitir la gravedad de la crisis humanitaria e incluso negando el éxodo masivo de millones de venezolanos.

La catedrática de Ética Victoria Camps, señala que “mentir ha dejado de ser reprobable”: nada más cierto en un mundo en el que las redes sociales ofrecen informaciones no contrastadas y determinados líderes y organizaciones políticas se reafirman en relatos indiferentes a la contradicción con los datos y hechos. En este contexto, se hace más necesario que nunca el valor tradicional del periodismo independiente y riguroso, así como la necesidad de contar con ciudadanos capaces de aprovechar todo lo positivo que ofrecen las redes sociales -su inmediatez, el aporte de puntos de vista alternativos- pero que sepan desconfiar ante la manipulación y tenga capacidad de remitirse a fuentes veraces.

Un estudio publicado en 2016 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo señaló cómo aproximadamente la mitad de los estudiantes de Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana no tenían conocimiento específico ni comprensión sobre las instituciones, sistemas y conceptos cívicos o de la ciudadanía. Ante los retos de este nuevo tiempo, es prioritaria la construcción de una ciudadanía formada, reflexiva, habituada a cuestionar y a indagar. Y eso requiere de medios de comunicación que la apoyen, y un refuerzo de nuestros sistemas educativos, de la educación cívica y la formación de ciudadanos.