El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su sesión del 24 de noviembre el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global por amplia mayoría, por lo que la iniciativa se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Se trata del primer paso de una reforma que dotará al sistema de Cooperación española de eficacia y agilidad.
Esta iniciativa gubernamental promueve «una reforma profunda y amplia de la cooperación española para el desarrollo sostenible, conforme con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, y transparencia, que se inspira en los valores de solidaridad de la sociedad española; de responsabilidad de España en tanto que actor en el ámbito internacional y de cooperación ante los grandes desafíos que afronta el mundo».
La norma establece en su primer capítulo la definición de «política española de cooperación para el desarrollo sostenible» y establece «los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible».
En su segundo capítulo desglosa la estructura de planificación, seguimiento y evaluación de la cooperación española para el desarrollo sostenible, el uso de instrumentos y modalidades, las acciones públicas complementarias de la cooperación para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la cooperación financiera.
Protección frente a la violencia
Durante su paso por comisión, se ha añadido como objetivos de la norma la «protección a las mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género», «los derechos de la infancia y adolescencia con enfoque de género», su «protección frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina», «el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos» y la promoción de «su participación efectiva en espacios de decisión económicos, políticos y sociales, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y los procesos de paz».
También entre los objetivos de nueva redacción destaca la «protección y promoción de los derechos de las personas LGTB en todo el mundo» para «eliminar la criminalización de la homosexualidad en todo el mundo» y el «apoyo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la lucha contra toda forma de exclusión», así como «la defensa y promoción de sus derechos».
Cooperación bilateral y voluntariado
El texto incorpora, además, las definiciones de cooperación bilateral en el marco de «instrumentos y modalidades de cooperación» estableciéndose como «las actividades de cooperación al desarrollo realizadas por las administraciones públicas con el país receptor» y las organizaciones de la sociedad civil que se describen como «las entidades no gubernamentales sin fines de lucro, constituidas legalmente que estimulan la participación ciudadana y operan desde una perspectiva de justicia global».
Por otro lado, el proyecto de ley reconoce «la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y fortaleza de la cooperación al desarrollo sostenible español», así como los «propios sistemas de evaluación de políticas de cooperación» con los que cuentan las Comunidades Autónomas y el resto de actores involucrados.
Se incorpora además en la sección de «Personas cooperantes y voluntariado» el impulso de la participación de personas con discapacidad. También se estipula que las administraciones públicas «facilitarán la información necesaria y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible».
La Fundación Carolina
La aprobación de esta Ley derogará la anterior, aprobada en 1998, y supone un importante avance para la modernización de la política pública de cooperación que desarrolla la administración general del Estado. Establece sus objetivos, medios e instrumentos, y gobernanza, y define con precisión el sistema de la cooperación española, que entre sus organismos ejecutores incluye a la propia Fundación Carolina, junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Con ello, la Fundación Carolina adquiere carta de naturaleza legal dentro de dicho sistema, y un reconocimiento de su particular estatuto y mandato.
