Resumen
La transición energética mexicana avanza en una economía cuyo vínculo con el petróleo cambió de forma sustancial. La caída de la producción, el rezago de la refinación y la expansión de las importaciones de combustibles erosionaron el saldo petrolero que durante décadas aportó divisas y recursos fiscales. Desde 2014, ese saldo registra déficits persistentes. El cambio modifica el efecto de los precios internacionales y estrecha el margen para financiar nueva infraestructura energética. La balanza petrolera, el tipo de cambio y la disponibilidad de divisas deben incorporarse al análisis de la transición, junto con las metas tecnológicas y ambientales.
El nuevo punto de partida
El debate sobre la transición energética suele concentrarse en la expansión de las energías renovables, la electrificación del transporte y la reducción de emisiones. En México, esas tareas se desarrollan sobre una estructura económica formada durante décadas alrededor del petróleo. La viabilidad del cambio depende también de la situación productiva y financiera desde la cual se emprende.
El petróleo ocupó un lugar central en las finanzas públicas y en la generación de divisas. La expansión de la producción durante la segunda mitad del siglo XX permitió sostener exportaciones, financiar importaciones y ampliar el margen de acción del Estado. Esa función también dejó una economía expuesta a la evolución de un sector concentrado, sujeto a oscilaciones de precios y a decisiones de inversión de largo plazo.
La situación actual difiere de la etapa de auge. La producción de crudo alcanzó su máximo a comienzos de este siglo y después descendió de forma prolongada. Al mismo tiempo, la capacidad de refinación quedó rezagada frente a la demanda interna y frente a la composición del crudo disponible. La mayor presencia de crudos pesados exige procesos de conversión que el sistema nacional no ha podido desarrollar a la escala necesaria.
La consecuencia se observa en el comercio energético. México mantiene exportaciones de crudo, pero compra en el exterior una proporción elevada de los combustibles que consume. En 2023, las importaciones cubrieron alrededor del 62 % del suministro nacional de gasolina y el 56 % del diésel. El gas natural importado también ganó peso en la generación eléctrica y en la actividad industrial. La seguridad energética quedó ligada a cadenas de suministro externas y a su costo en dólares.
El saldo petrolero cambió de signo
Durante años, el precio internacional del petróleo fue una referencia útil para interpretar la posición externa de México. Un aumento del precio elevaba los ingresos por exportaciones y podía aliviar las cuentas públicas. Ese vínculo se debilitó a medida que crecieron las compras de gasolina, diésel, gas y productos petroquímicos.
El efecto de una variación de precios depende ahora de dos movimientos simultáneos: el ingreso obtenido por las ventas de crudo y el costo de los productos energéticos importados. Un encarecimiento internacional puede favorecer las exportaciones y elevar, al mismo tiempo, la factura de importación. Por esa razón, el saldo comercial petrolero ofrece una medida más completa de la aportación externa del sector.
Ese saldo fue superavitario durante buena parte de las décadas anteriores. Los ingresos petroleros proporcionaban recursos que ayudaban a financiar otras necesidades de la economía. A partir de 2014, la balanza petrolera pasó a registrar déficits persistentes. El sector dejó de aportar divisas netas con la regularidad del pasado y comenzó a ejercer presión sobre la cuenta corriente.
La transformación tiene efectos más amplios que el deterioro de un indicador comercial. La economía perdió una fuente histórica de financiamiento externo, mientras el consumo interno siguió dependiendo de combustibles y gas adquiridos fuera del país. La transición energética se inicia, así, con una plataforma petrolera debilitada y con obligaciones de importación que reducen el margen disponible para nuevas inversiones.
Divisas, inversión y tipo de cambio
La construcción de un sistema energético distinto exige inversión durante varios años. Redes eléctricas, sistemas de almacenamiento, equipos de generación renovable, vehículos eléctricos y componentes especializados incorporan tecnología y bienes de capital producidos en el exterior. Antes de reducir la dependencia energética, ese proceso puede aumentar la demanda de divisas.
El tipo de cambio influye de manera directa en ese costo. Una depreciación favorece a algunos sectores exportadores, pero encarece los equipos importados y aumenta el precio interno de combustibles, gas e insumos industriales. Las decisiones de inversión energética quedan expuestas a las condiciones financieras internacionales, a la disponibilidad de crédito y a las variaciones de la moneda.
Este aspecto resulta especialmente relevante cuando el antiguo excedente petrolero ya no compensa las compras externas. Los proyectos pueden avanzar durante periodos de financiamiento abundante y enfrentar dificultades cuando suben las tasas de interés, disminuye el crédito o se deprecia el peso. La planeación debe considerar desde el inicio el contenido importado de cada programa y la forma en que será financiado.
La restricción externa fija límites concretos al ritmo de la transición. Una estrategia duradera necesita fuentes estables de divisas, instrumentos financieros adecuados y una secuencia de inversiones compatible con la capacidad de pago de la economía.
Una política energética con base productiva
La descarbonización tendrá que avanzar sin comprometer el suministro energético ni la estabilidad macroeconómica. Los subsidios generalizados a los combustibles pueden proteger temporalmente a los consumidores, aunque reducen el espacio fiscal. Una expansión acelerada de infraestructura con alto contenido importado puede elevar la capacidad instalada y presionar las cuentas externas.
La coordinación entre política energética, política fiscal y política industrial adquiere aquí un carácter práctico. Cada programa debería precisar sus fuentes de financiamiento, los equipos que deberán importarse y las capacidades que pueden desarrollarse en México. Redes, almacenamiento, eficiencia energética, ingeniería y servicios especializados ofrecen espacios para ampliar la participación de proveedores nacionales.
Desarrollar esas capacidades requiere inversión, formación técnica y financiamiento de largo plazo. La integración con mercados internacionales seguirá siendo indispensable. El objetivo consiste en reducir vulnerabilidades evitables y elevar la proporción de valor agregado generado dentro del país.
La misma tensión aparece en otros países iberoamericanos que dependen de materias primas, tecnología importada o financiamiento externo. En esos casos, las metas ambientales necesitan una estrategia productiva y una evaluación realista de las cuentas externas.
La balanza petrolera ya no cumple el papel que tuvo en otras etapas de la economía mexicana. La transición debe plantearse con atención a la disponibilidad de divisas, al costo de la tecnología y a la capacidad interna para producir parte de los bienes y servicios necesarios. Una política que parta de estas condiciones tendrá mejores posibilidades de sostenerse y de impulsar capacidades productivas en el país.
