La migración ocupa un lugar cada vez más destacado en las agendas políticas nacionales e internacionales, independientemente de cómo evolucionen las cifras o las circunstancias en cada contexto. Para comprender esta situación necesitamos, por un lado, los datos cuantitativos que la dimensionan -las personas migrantes representaban un escaso 3,6% de la población mundial-, junto con análisis cualitativos, basados en evidencias, que nos permitan capturar sus particularidades. Por otro lado, debemos examinar cómo se construyen las percepciones públicas sobre la migración, que no son meros reflejos de la realidad migratoria, y cómo estas, con toda su carga emocional, impactan en las dinámicas políticas nacionales e internacionales.
En el actual contexto político, América Latina y sus sistemas migratorios regionales, transatlántico (a través de España) y hemisférico, con Estados Unidos como principal país de destino, ofrecen un caso paradigmático que ilustra las distintas vertientes de la migración internacional y las actuales tensiones en torno a ella.
La migración intra-latinoamericana se ha intensificado en la última década, especialmente a partir del éxodo de más de siete millones de venezolanos, en su mayoría acogidos por países vecinos, como Colombia, Perú y otros de la región. No sin dificultades y contradicciones, estos países han dado respuestas rápidas de acogida e integración laboral y social, lo que ha exigido innovación jurídica, políticas públicas e inversiones, y el refuerzo de la cooperación internacional.
España ha recibido una parte, mucho menor, de estos flujos y la cooperación española se ha implicado en el apoyo a la región. Entre España y América Latina los flujos migratorios y la movilidad siguen siendo muy importantes. La política migratoria española, que el gobierno vincula con el mejor desempeño económico del país respecto de su entorno europeo, mantiene el foco en el mercado de trabajo, la regularidad, la acogida humanitaria cuando cabe, el desarrollo y la colaboración con los países de origen. España ha reformado recientemente su legislación migratoria introduciendo procedimientos más ágiles para facilitar la contratación y promover programas de migración circular, que se ha extendido a países centroamericanos como Honduras o Guatemala. A partir de estas iniciativas, se había acercado a los esfuerzos que Estados Unidos, dentro de una política siempre restrictiva, había promovido para mejorar la cooperación con los países latinoamericanos y la gestión migratoria, una vía de la que se apartó bruscamente la Administración Trump y que, con otras formulaciones, España ha continuado con sus socios latinoamericanos.
Estados Unidos pone hoy el foco en la frontera, la irregularidad y las deportaciones, medidas que, más allá de su impacto cuantitativo y su efecto socioeconómico, tienen un alto valor simbólico y un fuerte impacto político. En coherencia con una nueva agenda que explicita la primacía de aquello que se considere interés nacional, sus relaciones exteriores han cambiado de naturaleza, particularmente en este ámbito. La cooperación internacional, regional y con las organizaciones multilaterales ha dejado de ser relevante cuando no se ha abandonado abruptamente. La migración se ha llevado, junto con otros elementos de cooperación económica y comercial, a la negociación bilateral entre Estados Unidos y cada uno de los países de la región, en términos meramente instrumentales.
Las consecuencias de este cambio para los países latinoamericanos empiezan a vislumbrarse. Podemos identificar dos efectos relacionados: el refuerzo de los discursos contrarios a la migración en las arenas políticas nacionales latinoamericanas que fragilizan los esfuerzos de acogida impulsados por los gobiernos, y la desarticulación de mecanismos de cooperación cívica y política para abordar esta cuestión, tanto dentro como entre los distintos Estados concernidos. Paradójicamente, las nuevas dinámicas en este escenario regional, que no deja de ilustrar el escenario global, incrementan las incertidumbres y la migración vuelve a gestionarse como crisis, lo que debilita las políticas públicas y las capacidades institucionales.
El rechazo a la migración -la xenofobia y el racismo- ha demostrado ser un elemento extraordinariamente funcional en el intento de desarticular la cooperación internacional basada en el derecho, la universalidad de los derechos humanos y las políticas orientadas a un desarrollo global más equilibrado. Sin embargo, los migrantes son también actores del desarrollo, y la experiencia acumulada en el espacio iberoamericano demuestra que es posible sostener una cooperación estructurada. La migración ha propiciado marcos de cooperación bilateral, regional y con las organizaciones multilaterales en la búsqueda de soluciones conjuntas a desafíos compartidos -y abordables- en torno a la movilidad humana, el desplazamiento y las migraciones. Sin caer en simplismos triunfalistas, la experiencia en materia migratoria y su relativa proximidad, sitúan a los países latinoamericanos y a España como actores clave para abordar la actual situación, apalancando medidas y políticas públicas orientadas a seguir mejorando su gestión; revisando, conteniendo y enfrentando las actitudes xenófobas, incompatibles con la idea de comunidad iberoamericana, y sosteniendo espacios abiertos de cooperación en torno a la movilidad humana y las migraciones.
