Vivimos en un tiempo de paradojas: nunca se ha hablado tanto de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, nunca han estado tan cuestionados. En este escenario, ¿qué papel puede jugar un máster especializado: transmitir conceptos académicos o, más bien, dotar al alumnado de una brújula para orientarse en un mundo cada vez más incierto?
No cabe duda de que los másteres especializados son programas de posgrado que profundizan y amplían los conocimientos de los estudiantes en un área profesional específica. En este sentido, el Máster en Derechos Humanos y Mecanismos de Protección Nacional e Internacional de la Universidad de Cantabria (UC) que dirijo tiene como objetivo principal proporcionar una formación integral de contenidos especializados y actualizados en derechos humanos. Es además un máster universitario. Es decir, un título oficial, que ofrece una formación de calidad acreditada y evaluada externamente. Por tanto, ofrecemos una formación especializada con la idea de mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y contribuir a su desarrollo profesional continuo en un mundo laboral en constante evolución. Pero no nos limitamos a esto. Al fin y al cabo, la materia objeto de especialización no es otra que los derechos que protegen la dignidad de todas las personas.
Somos conscientes de que, a pesar de la existencia de un marco legal y ético internacional, persisten violaciones y vulneraciones sistemáticas de estos derechos en todo el mundo. Su plena realización requiere de esfuerzos continuos y estrategias que integren un enfoque de derechos humanos en todas las políticas, normas y acciones como forma de afrontar los retos que vive la sociedad actual. Y este es uno de los ejes centrales sobre lo que pivota nuestro programa. Centra una parte importante de la formación en el conocimiento avanzado de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Creemos firmemente que la promoción y protección de estos valores se logra a través de la formación de profesionales comprometidos. La lucha por los derechos humanos es fundamental porque es el motor del progreso social, impulsando cambios positivos frente a la injusticia y la discriminación, y empoderando a las personas para exigir y reivindicar sus derechos y libertades con el fin de vivir una vida digna.
La presencia de becarios y becarias de la Fundación Carolina introduce en el aula realidades latinoamericanas que no siempre tienen espacio en la agenda pública española. ¿De qué manera pueden esas historias personales, a menudo marcadas por contextos complejos, transformar la conversación con el alumnado local y enriquecer la experiencia común?
Compartir el aula con los becarios y becarias de la Fundación Carolina es una experiencia altamente positiva para todos los estudiantes, pero también para el profesorado. Conocer realidades diferentes enriquece el debate en clase, fomenta el pensamiento crítico y la apertura y flexibilidad cognitivas y desarrolla la tolerancia. Además, prepara a los alumnos para un mundo laboral globalizado, ayudándoles a interactuar y trabajar en entornos multiculturales. Esperemos que a medio y largo plazo las redes personales y profesionales que entre todos vayamos tejiendo contribuyan a que seamos capaces de hacer análisis integradores de diferentes realidades y puntos de vista, animándonos a ser más creativos en la búsqueda de soluciones frente a problemas de vulneración de derechos humanos, que trasciendan el marco o visión estrictamente europeos o latinoamericanos.
La educación superior suele presentarse como una palanca de progreso, pero detrás de esa expresión hay algo más profundo: la posibilidad de generar ciudadanía crítica. ¿Cómo se traduce esa aspiración en un programa centrado en Derechos Humanos y en qué medida puede impactar en la manera en que las personas se miran a sí mismas y a la otra?
Muchas personas desconocen la gran mayoría de sus propios derechos humanos, lo que limita su capacidad para exigirlos. Los programas centrados en Derechos Humanos aspiran a formar profesionales que contribuyan a proteger los derechos de las personas y a empoderarlas para que reclamen y ejerzan sus derechos. Pero no se puede ofrecer esta formación especializada sin fomentar que los estudiantes analicen las normas y estructuras existentes para detectar injusticias, desigualdades o problemáticas sociales y sin promover que hagan propuestas para cambiar las situaciones que se consideran problemáticas. Se trata de que desarrollen un pensamiento independiente y de que se involucren activamente asumiendo un compromiso con el bienestar de las personas y el planeta. Este aprendizaje conlleva necesariamente cambios en el modo de ver el mundo y a los demás.
La Agenda 2030 habla de un mundo más justo, igualitario y sostenible, pero corre el riesgo de quedarse en un catálogo de buenas intenciones. ¿Qué papel pueden desempeñar la universidad y la formación en Derechos Humanos para que esos compromisos se conviertan en realidad tangible, más allá del discurso?
La Universidad no solo es un espacio de formación e investigación, sino también un actor social que debe aceptar su responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Con este fin, debe asumir la función de formar a profesionales y ciudadanos con ética, pensamiento crítico y compromiso social, capacitándolos para defender y promover los derechos humanos en su entorno. Este objetivo debe insertarse en todos los grados y en los estudios de postgrado, potenciando una formación especializada en derechos humanos. Pero también su investigación debe comprender y abordar las violaciones de derechos humanos y los desafíos globales y buscar soluciones. A través de la extensión, la universidad debiera igualmente difundir la cultura de derechos humanos y establecer un vínculo directo con el entorno social, trabajando conjuntamente con instituciones públicas y entidades sociales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Pero además debe integrar los derechos humanos y los objetivos y valores del desarrollo sostenible en todas sus acciones y políticas, en particular en las relaciones entre miembros de la comunidad universitaria y de estos con la institución o a la hora de consumir bienes y servicios. En definitiva, debe configurarse como una “universidad comprometida” a todos los niveles.