El 7 de abril se celebró el encuentro virtual «Militarización y COVID-19 en América Latina y el Caribe», organizado por Le Gran Continent. En él participó Francisco Verdes-Montenegro, investigador de Fundación Carolina, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid; Rut Diamint, Profesora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET); y Gustavo Flores-Macías, Associate Vice Provost for International Affairs y Profesor en la Universidad de Cornell. El encuentro lo moderó Anaís Medeiros Passos profesora adjunta Universidade Federal de Santa Catarina, doctora en Ciencias Políticas por Sciences Po Paris.
El seminario analizó la presencia de los militares en el contexto de la crisis sanitaria actual, que ha aumentado de manera considerable en la región latinoamericana. Estos han intervenido en áreas como la seguridad de fronteras, la producción y distribución de víveres e insumos médicos, la atención médica, la gestión política de la crisis a través del nombramiento de militares para cargos políticos y tareas de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.
Con la justificación del mantenimiento del orden público y la gestión de la crisis, se han realizado misiones en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia y Chile que ponen en riesgo la democracia y vulneran los derechos humanos de la ciudadanía. Estas tareas debilitan el control democrático sobre las fuerzas armadas y aumentan la politización de las intervenciones, lo que conlleva a plantearse cuestiones como cuál es el grado de autonomía política que tienen los militares en contextos de crisis como la actual, así como cómo un estado de excepción favorece la implementación de medidas políticas autoritarias.
Según Gustavo Flores Macias, «en todos los países de la región, incluso en aquellos en los que los índices de violencia son más bajos, las encuestas señalan que involucrar al ejército en la seguridad pública es sumamente popular», y esto es aplicable, señaló, «tanto a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, como en otros ámbitos, como el de salud pública.»
Por su parte, Rut Diamint declaró que con la pandemia «los Estados se vieron desbordados y recurrieron a las fuerzas armadas para paliar aspectos como la vacunación, el cuidado de fronteras, patrullaje de calles…» y ante esta expansión, indicó, «se da un fenómeno bastante particular en toda América Latina: la misma ciudadanía que temía a los militares por el pasado autoritario y por los abusos de los derechos humanos, es la que ahora aplaude a estos militares».
Francisco Verdes-Montenegro señaló que «estamos viendo una ampliación de una dinámica que ya se estaba haciendo presente en los últimos tiempos, una dinámica de militarización en la región, y la pandemia la está acrecentando». Además, puntualizó que en el contexto actual de insatisfacción con la política y con las instituciones en la región, «son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, sobre todo los grupos evangélicos los que están ganando cada vez más apoyo».
