La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, impulsada por Brasil en el marco del G20, propone una transformación estructural de los sistemas alimentarios mundiales.
Esta iniciativa prioriza la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la justicia social, en contraposición a enfoques asistencialistas y tecnocráticos dominantes. Plantea una gobernanza multilateral inclusiva, una reforma del comercio agrícola global y el uso de tecnologías apropiadas para el desarrollo territorial sostenible.
Asimismo, destaca la necesidad de blindar presupuestos sociales, democratizar el acceso a los medios de producción y avanzar en marcos normativos vinculantes para garantizar el derecho a la alimentación. Sin embargo, enfrenta desafíos como la concentración del poder agrario y tecnológico, la falta de fiscalidad y la resistencia geopolítica de actores hegemónicos. Pese a sus tensiones, la propuesta representa un intento innovador de reconfigurar el régimen alimentario global desde el Sur, integrando equidad, sostenibilidad y participación popular.