Resumen
La sesión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, contó con la ponencia principal de Diego García-Sayán, exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú
Este lunes, 23 de febrero, la Fundación Carolina ha celebrado una nueva sesión informativa, esta vez dedicada a la situación de los Derechos Humanos en América Latina. La actividad se enmarca en el ciclo de actividades que la Fundación viene desarrollando como puente de conocimiento entre investigadores y docentes vinculadas a la institución, y personal diplomático, cuerpo de funcionarios de exteriores y otras organizaciones e instituciones socias.
El acto fue presentado por Érika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, y contó con la introducción de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sus intervenciones agradecieron la nutrida asistencia al aceto, y destacaron el perfil del ponente invitado, exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú.
Diego García-Sayán comenzó su intervención con un recorrido analítico por el estado y la calidad de las democracias en los países de América Latina, destacando la presencia mayoritaria de este sistema político y señalando los avances sustantivos que ha supuesto su consolidación en varios capítulos clave, como en materia de libertad de expresión, sistemas judiciales independientes o la propia existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, añadió, “hablar de DDHH en la región no es solo hablar de los sistemas políticos” y, en este sentido, quiso manifestar también los grandes retos que tiene ante sí, en un momento altamente complejo: la crisis ecológica y su impacto en los países amazónicos, el aumento de la violencia de grupos organizados (relacionados con extracción ilegal de madera, recursos minerales o plantaciones de cultivos ilícitos) o su penetración en las estructuras estatales.
El coloquio propició un valioso intercambio de visiones con las asistentes, en el que se abordaron cuestiones clave como el equilibrio entre Derechos Humanos y seguridad, así como el progresivo cierre de los espacios cívicos en la región. Esta tendencia sitúa a las personas defensoras de derechos humanos en una posición especialmente difícil, en un contexto donde la sociedad civil ha ejercido históricamente un papel de contrapoder y auditoria social.
