Hablamos con

Hablamos con, Andrew Selee

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Andrew Selee
“En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la migración sigue siendo un tema menos politizado que en Europa o Estados Unidos, pero hay indicios en algunos países como Chile en los que esto podría estar cambiando, y la migración podría volverse un tema de debate político mucho más consistente”.

Entrevistamos a Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (MPI) desde 2017, institución que busca mejorar las políticas de inmigración e integración. Antes de unirse a MPI, formó parte del Woodrow Wilson Center, donde fundó el Center’s Mexico Institute del cual ejerció como Vicepresidente de Programas y Vicepresidente Ejecutivo. También ha trabajado como personal en el Congreso de los Estados Unidos y en programas con jóvenes migrantes en Tijuana, México. Es profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y autor de varias publicaciones sobre migración.

¿Cuáles consideras que son los principales cambios en los patrones migratorios en América Latina y el Caribe de los últimos 10 años?

América Latina se ha caracterizado por ser una región de baja movilidad interna, con los mayores flujos entre países vecinos. Si bien han existido algunos corredores de movilidad constante como de Perú a Chile, de Paraguay a Argentina, de Bolivia a Brasil y de Nicaragua a Costa Rica —en general por vía irregular—, los números eran bajos si se comparan con los flujos en otras partes del mundo. Por otra parte, la emigración hacia España y EE.UU. se configuró como la de mayor movilidad, dado que muchos latinoamericanos se radicaron en esos países, especialmente desde la década de 1980. Asimismo, las crisis de refugiados que se produjeron en Sudamérica en los años setenta, Centroamérica en los ochenta y Colombia en los noventa eran menores en números totales y afectaron de manera más significativa a países vecinos y destinos en Europa y América del Norte.

Sin embargo, desde 2010 hay un aumento notable de movilidad humana dentro de América Latina. Se ha duplicado el número de inmigrantes en países de la región desde esa fecha, en parte por la crisis humanitaria en Venezuela —que explica tres cuartas partes de esta migración— y las crisis en Haití, Nicaragua y Cuba. Pero es importante destacar que también hay movilidad por oportunidad económica, y una serie de acuerdos de los primeros años del siglo XXI sobre movilidad regional entre países de Mercosur, Centroamérica, el Caribe, y más recientemente, la Comunidad Andina, que han generado oportunidades para que ciudadanos de un país vivan y trabajen de forma legal en otros países cercanos.

 

¿Cuáles son las perspectivas de una agenda migratoria común en América Latina y el Caribe?

Los países de América Latina se han destacado por tratar de generar patrones de movilidad regulares y de ofrecer estatus legal a los migrantes que llegan sobre todo por situaciones de crisis en sus países de origen. Ha habido esfuerzos notables en algunos países como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y México para otorgar una permanencia legal a los ciudadanos venezolanos inmigrantes, por ejemplo. Asimismo, ha habido otros esfuerzos menos ambiciosos, pero también significativos en Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana o Costa Rica. Este último ha acogido a cientos de miles de nicaragüenses y ha ofrecido refugio a muchos de ellos.

Los acuerdos de movilidad regional entre los países de Mercosur, la Comunidad Andina, Centroamérica y Caricom son otro ejemplo de esfuerzos que buscan dar cauce regular a la migración que ya existe y de fomentar patrones de movimiento dentro de las regiones. Esta forma de movilidad regulada y regular es particular en América Latina y es un ejemplo para otras regiones del mundo.

Por otro lado, existen evidencias de cansancio y frustración en los ciudadanos de las sociedades de acogidas de varios países frente a la afluencia de los migrantes, luego de este periodo de movimientos migratorios tan amplios. Chile y Perú han reforzado sus fronteras recientemente para reducir la llegada de migrantes nuevos y Costa Rica ha dificultado la recepción de autorización de trabajo para aquellos que solicitan refugio. De igual manera, los gobiernos en México y República Dominicana, que siempre han tenido programas de contención migratoria muy activas, los han reforzado recientemente. Quizás valga la pena pensar en un nuevo momento en que la movilidad sin autorización previa sea mucho más difícil que antes, pero sigue habiendo inercia para ofrecer documentos legales a los que ya están viviendo en los territorios de los países de acogida.

 

Esa posible agenda ¿qué aspectos debería tomar en cuenta para diferenciar los patrones migratorios y necesidades de cada subregión y/o país?

En Sudamérica el debate migratorio ha girado casi únicamente alrededor del flujo migratorio venezolano, aunque con matices distintos en diferentes países que tienen llegadas de otras nacionalidades; mientras en Centroamérica y México sigue prevaleciendo la migración hacia EE.UU. Los movimientos migratorios que pasan por múltiples países y con EE.UU. como destino final, están volviéndose tema central. Por otro lado, el debate hemisférico sobre migración se puede contextualizar en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección que firmaron 21 países en junio de 2022. Parte de la Declaración se enfoca en apoyar a países que ya han acogido importantes números de migrantes desplazados y se concentra en generar canales legales y controles sobre movilidad en el hemisferio.

Bajo iniciativa del gobierno de EE.UU. se está tratando de generar una arquitectura que canalice la migración hacia ese país a través de centros específicos dentro de varios países latinoamericanos.

Es probable que en el futuro haya menos puertas abiertas a la migración y muchos más controles legales, aunque con una fluidez y flexibilidad en la práctica real. También habrá muchas diferencias entre subregiones con enfoques distintos según los patrones migratorios existentes y los vaivenes de la opinión pública. En la mayoría de países de América Latina y el Caribe la migración sigue siendo un tema menos politizado que en Europa o EE.UU., pero hay indicios en algunos países como Chile en los que esto podría estar cambiando, y la migración podría volverse un tema de debate político mucho más consistente.

 

En abril de 2023 se celebró el Encuentro “Retos y oportunidades de una agenda migratoria en América Latina”, organizada por la Fundación Carolina y el Migration Policy Institute (MPI) en el que representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, México y de la Fundación Emerson Collective realizaron un intercambio de experiencias sobre migración en las agendas de sus países y en la región. Tomando como base este Encuentro: ¿qué otras iniciativas ejecutadas o en ejecución destacarías?

Hay mucha colaboración entre los gobiernos de España, EE.UU. y Canadá por generar canales legales y de protección para ciudadanos de países latinoamericanos hacia estos tres países, que se construyen sobre esfuerzos ya existentes de esos gobiernos, pero con mucha más intencionalidad y coordinación.

Dentro de América Latina han proliferado formas de coordinación en materia migratoria, como el Proceso de Quito, que ha permitido un foro para que los gobiernos analicen la situación de desplazamiento venezolano, y la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V), que es un esfuerzo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM ) para el mismo tema, pero desde el lado de la sociedad civil y organizaciones internacionales. También existen espacios de diálogo promovidos por la OIM en Sudamérica y Centroamérica —como la Conferencia Sudamericana para la Migración y la Conferencia Regional para la Migración, respectivamente—, así como un proceso coordinado por ACNUR para fortalecer sistemas de asilo —Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, MIRPS—. Por su parte, los grupos regionales como Mercosur, Comunidad Andina y Caricom, son importantes interlocutores en estos temas, sobre todo en manejar flujos regulares entre sus miembros, y hay mucha más coordinación bilateral entre países vecinos.

Finalmente, el proceso de la Declaración de Los Ángeles incluye muchos comités que siguen trabajando muy activamente temas que van desde la regularización y el refugio hasta la integración de migrantes y el financiamiento de la acogida de desplazados. Este proceso incluye a los gobiernos de EE.UU. y Canadá, además de muchos países latinoamericanos y del Caribe.

 

¿Cuáles son los principales retos de la agenda migratoria en América Latina y el Caribe?

El mayor reto de la agenda migratoria de América Latina y el Caribe es mantener la apertura que ha existido en el pasado y el compromiso con la residencia legal, con dar orden y un cauce claro a los movimientos migratorios. Esto requiere construir canales legales, transparentes y lo suficientemente amplios para acomodar la migración existente, con la flexibilidad para responder a crisis de desplazamiento posibles en el futuro, mientras también existan más controles para que se utilicen estos canales legales y se reduzcan las cifras de migración irregular. Todo esto necesita una inversión en políticas e instituciones migratorias que no siempre han sido prioridad en el pasado, pero que se volverán cada vez más importantes.

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