La pandemia del coronavirus ha tenido efectos sin precedentes en la vida cotidiana de los y las habitantes de la región de América Latina y el Caribe (ALC), trastocado las dinámicas laborales, domésticas y de cuidado; afectando especialmente a trabajadores/as informales, niños/as y mujeres de los hogares de menos ingresos.
La crisis sanitaria ha profundizado la crisis de los cuidados, la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo y exacerbado la violencia por razones de género, agudizando las desigualdades de género en la región. La magnitud de la crisis ha reabierto debates sobre la función del Estado, de la política en general y de las políticas públicas en particular, así como del rol que estas tienen para mitigar dichas desigualdes.
De acuerdo a datos de la CEPAL, durante el 2020 se registró una caída del PIB regional de 7,7%, lo que provocó el cierre de 2,7 millones de empresas y el aumento del desempleo al 10,7%. Esta importante salida de la fuerza de trabajo afectó con mayor intensidad a las mujeres y las trabajadoras y los trabajadores informales, en una región que antes de la pandemia ya tenía un 53 % de informalidad (CEPAL, 2020b)
El aumento del desempleo repercutirá de manera diferencial en las condiciones de vida porque las mujeres de la región se emplean en un 49% en comercio y servicios, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Al mismo tiempo la presión de la demanda de pacientes con coronavirus afecta principalmente a médicas, enfermeras y trabajadoras de la salud en general, ya que ellas representan el 72,8 %del personal del sector de la salud. Además ,las trabajadoras formales, que tienen salarios menores a los de los varones en un 17 % en promedio, también han visto incrementadas sus tareas domésticas (CEPAL, 2020a).
Producto de la pérdida de puestos y de la sobrecarga de los cuidados familiares, la tasa de participación femenina en el mercado laboral cayó del 52 al 45%, volviendo a los niveles de hace una década (CEPAL, 2020b). Gran parte de las mujeres de la región dejaron de percibir ingresos, ahondando la brecha económica que separan hombres de mujeres. Antes de la pandemia, por cada 100 hombres que vivían en la pobreza extrema, había 132 mujeres (CEPAL, 2020a).
En América Latina, las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social, conformando un verdadero círculo vicioso: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad y tienen en promedio menos miembros del hogar que cuidar; mientras que en los hogares de menores ingresos la demanda de cuidados es mayor, con un acceso limitado a los servicios básicos y de cuidados y/o a condiciones habitacionales dignas.
El confinamiento ha supuesto también una escalada de la violencia de género. Según las Naciones Unidas, de acuerdo a los registros de llamadas por violencia de género de distintos países de ALC, durante la pandemia se produjo un repunte alarmante de la violencia doméstica en todo el mundo. Sabemos que, en tiempos de precariedad económica e inestabilidad social, explota la violencia de género en el ámbito doméstico. Durante la pandemia para muchas mujeres, niñas y niños, el hogar no fue un lugar seguro donde resguardarse.
La economía considerada productiva se sostiene en el trabajo del cuidado no reconocido ni remunerado, subvencionando tanto los servicios públicos como los beneficios privados. Las tareas de atención y cuidado son un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas. Antes de la pandemia, las mujeres eran las responsables de proveer el 80% del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado.
La pandemia parece estar dejando claro que los Estados no están muertos y mantienen una función principal en la ejecución de políticas capaces de transformar la realidad. Durante la emergencia, las medidas se han concentrado en los aspectos sanitarios, en aliviar la pérdida de ingresos de sectores de alta vulnerabilidad social, así como en la protección del empleo. Pero la intensificación de la crisis de los cuidados como efecto de la pandemia no se resolverá con pequeños ajustes en las políticas sociales. Se necesitan medidas que rompan los moldes tradicionales para que no seamos siempre las mujeres las que sostenemos en los momentos críticos el funcionamiento de nuestras sociedades.
Para solucionar la crisis de cuidados necesitamos una nueva idea de gestión pública que entienda que la interdependencia de las personas es un hecho de la vida en común. La solución no pasa solo por repartir más equitativamente el cuidado entre varones y mujeres a nivel individual, sino que su importancia y valor se reconozca y pueda ser provisto también en parte por la sociedad y con el Estado asumiendo su responsabilidad. La única respuesta total y efectiva ante las crisis en la reproducción de la vida está dada por las instituciones universales, públicas y gratuitas, por los espacios de lo común y de lo colectivo.
Nos encontramos en un tránsito hacia sociedades que sufrirán reconfiguraciones a corto y mediano plazo. Es necesario que seamos capaces de instalar la necesidad de poner los cuidados en el centro, superando el mercado como eje organizador de la vida en común. Se trata en definitiva de construir un nuevo “pacto social”, fundado sobre la irrenunciable igualdad real –y no solo formal– de varones y mujeres y en el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como valores claves para la construcción de un sistema social más justo en ALC.
