Análisis Carolina

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Los “Análisis Carolina” son textos centrados en asuntos de actualidad, tratando de desentrañar sus claves y ofrecer recomendaciones de política.

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Tras 17 años de dictadura militar (1973-1990), Chile recuperó pacífica y electoralmente su democracia e inició una larga y compleja senda de transición a la democracia todavía en curso. Este texto ofrece una visión panorámica de los principales logros y desafíos pendientes en el ámbito de la justicia transicional en Chile, esto es, en las búsquedas de i) verdad, ii) reparación, iii) memoria, iv) justicia y v) garantías de no repetición. Esta matriz analítica puede ser de utilidad para la construcción de diagnósticos en otros países. Para que Nunca Más se vulneren los derechos humanos de la población es necesario identificar y comprender las principales lecciones de los errores del pasado, y seguir impulsando cambios normativos, políticos e institucionales en el proceso de justicia transicional en el que Chile se encuentra inmerso. Junto con reconocer a las víctimas, el principal desafío pendiente sigue siendo fomentar en todos los sectores sociales una cultura democrática, comprometida con el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos. Lamentablemente, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se cometieron violaciones a los derechos humanos en el denominado “estallido social”, por lo que reforzar el proyecto del Nunca Más sigue siendo apremiante
Las elecciones primarias argentinas alteraron el escenario electoral rumbo a las presidenciales del 22 de octubre próximo. El primer lugar del candidato libertario Javier Milei, alineado con la extrema derecha global, hace posible que Argentina tenga como presidente a un outsider con ideas radicales y sin estructura política. Estos resultados han relegado a la candidata de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien podría quedar fuera del balotaje. Por su parte, el peronismo ha obtenido su peor resultado desde 1983. En una elección que coincidirá con los 40 años de la recuperación democrática, el país se encuentra sumido en una profunda crisis económica y de representación política.
Desde el año 2017 se ha llevado a cabo un proceso de aplicación de una agenda marcadamente neoliberal en Ecuador. Las necesidades de reducción del déficit fiscal y la deuda pública llevaron al gobierno de Lenín Moreno a aplicar medidas de ajuste y a aceptar las condiciones impuestas por financiadores como el FMI. Estas políticas llevaron a la ciudadanía ecuatoriana a una situación de vulnerabilidad extrema agravada por fenómenos como la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania. En ese marco, el gobierno liberal conservador de Guillermo Lasso tampoco ha sido capaz de hacer frente a los desafíos económicos y políticos del país y, decretando la “muerte cruzada”, convocó a la sociedad ecuatoriana a unas elecciones que pueden dar por concluido este ciclo neoliberal en Ecuador.
La presidencia de Gabriel Boric, quien llegó al poder al frente de una amplia alianza social y política articulada frente a la amenaza del triunfo de la extrema derecha en la segunda vuelta presidencial de 2021, buscó inicialmente encarnar la voluntad transformadora que asoma con la revuelta popular ocurrida dos años antes. Sin embargo, el acelerado deterioro del panorama económico y de las condiciones generales de vida, la emergencia de nuevas problemáticas sociales y económicas (inflación, seguridad pública, migración), las propias limitaciones de la alianza de gobierno, el triunfo del Rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional en septiembre de 2022, y el despliegue de una aguda actitud obstruccionista de la oposición política, obligan a un ajuste en las expectativas de transformación con que el nuevo gobierno arribó. Esto último se expresa en el establecimiento de prioridades distintas a las contenidas en el programa de gobierno original y su agenda de reformas estructurales. Ante tal panorama adverso, se opta por avanzar, principalmente, en la reconfiguración de la matriz energética intentando explotar potencialidades localmente existentes.
Las recientes elecciones en Paraguay, celebradas el pasado 30 de abril, dieron una vez más la victoria al Partido Colorado, que se ha mantenido en el poder, con un pequeño paréntesis, desde hace más de siete décadas. El nuevo presidente, Santiago Peña, es un protegido del exmandatario Horacio Cartes, sancionado por Estados Unidos por considerarlo “significativamente corrupto”. Las sanciones estadounidenses, que atrincheraron a los colorados en un discurso nacionalista, se sumaron, durante la campaña, a cuestiones geo-políticas como las relaciones con Taiwán o el cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén, además de definiciones sobre el Mercosur o las relaciones con Venezuela.
El presidente Lula asume su nuevo mandato (2023-) tras haber derrotado al gobierno de ultraderecha de Bolsonaro, basado en una gran coalición de partidos e intereses internos, algunos bastante divergentes. Con el experimentado exministro Celso Amorim como principal asesor internacional, Lula retoma su política exterior bajo nuevas claves internas e internacionales, con más dificultades y desafíos en relación a sus dos mandatos anteriores (2003-2010). Las divisiones internas del país, que exigen una reconciliación sociopolítica, y el conflictivo e inestable escenario internacional, implican una nueva política exterior destinada a recuperar la posición y la imagen de Brasil en la escena internacional. Se trata del concepto de “autonomía pragmática” que combina las pretensiones de liderazgo del país en cuestiones como el cambio climático y el combate al hambre con el deseo de mantener el equilibrio entre polos de poder opuestos en el sistema internacional.
O Presidente Lula assume o seu novo mandato (2023-) depois de ter derrotado o governo de extrema-direita de Bolsonaro, baseado numa grande coligação de partidos e interesses internos, alguns deles bastante divergentes. Com o experiente ex-ministro Celso Amorim como seu principal conselheiro internacional, Lula retoma a sua política externa sob novas chaves domésticas e internacionais, com mais dificuldades e desafios em comparação com os seus dois mandatos anteriores (2003-2010). As divisões internas do país, que exigem uma reconciliação sócio-política, e o cenário internacional conflituoso e instável implicam uma nova política externa destinada a recuperar a posição e a imagem do Brasil na cena internacional. Aplica-se nesta análise o conceito de "autonomia pragmática", que combina as pretensões do país à liderança em questões como as alterações climáticas e a luta contra a fome com o desejo de manter o equilíbrio entre polos de poder opostos no sistema internacional.