A raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, la mayoría de los países latinoamericanos, como otros tantos alrededor del planeta, han adoptado medidas excepcionales de todo tipo para mitigar la elevada capacidad de contagio y virulencia del virus. En ausencia de una vacuna y tratamiento disponibles frente a la COVID-19, la OMS y la comunidad científica han apuntado como estrategia más eficaz la aplicación de un distanciamiento físico entre la población. Razones de salud pública son así las que han justificado la adopción de una batería de medidas para reducir los riesgos de contagio, entre las cuales figuran una serie de normativas excepcionales y abundantes recursos ad hoc —humanos y financieros— para dar respuesta a la pandemia.
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