El cambio climático pone a la humanidad ante el reto de la transición energética y obliga a diversos sectores económicos a transformarse so pena de desaparecer. América Latina y el Caribe, por diversas razones, está obligada a transformar su modelo de inserción global. En este sentido, la transición energética resulta emblemática: el pasaje hacia las energías limpias no puede demorarse. Avanzar en este proceso de transición no solo genera beneficios ambientales, también económicos, sociales y políticos. Lamentablemente, dichos beneficios resultan a menudo omitidos por la dirigencia política. De esta forma, aunque hay ejemplos de cambio, también se observan retrocesos. Muchos gobiernos de la región están intensificando los proyectos en petróleo o gas, algo ilógico debido a que, a escala global, el consumo de fósiles continúa disminuyendo al tiempo que las energías renovables ganan protagonismo. Lo lógico es apostar por la transición, para lo que se requieren fondos y políticas sólidas. Y no solo se debería apostar por políticas que impulsen el proceso de cambio, también hay que evitar que sigan llegando fondos para financiar actividades que actúan como retardantes de la transición. Hay que alinear la macroeconomía y las finanzas, y las distintas políticas (monetaria, cambiaria, fiscal) con el proceso de transformación hacia una economía resiliente y baja en carbono. Para analizar la transición energética, en definitiva, es necesario contemplar el proceso desde una perspectiva amplia.
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