Tribuna Red Carolina

Género y transparencia en América Latina

Género y transparencia en América Latina

Está concluyéndose la segunda fase del proyecto impulsado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA, https://redrta.org/) y el programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ (https://eurosocial.eu/), sobre las determinaciones de género que presenta en la región, el acceso al derecho a la información pública (DAIP). Y lo hace en un escenario inesperado, la pandemia provocada por la COVID-19, que aumenta la importancia de este derecho. Desafortunadamente, la pandemia ha llegado con demasiada anticipación: cuando todavía el DAIP no estaba profundamente arraigado en la población de los diferentes países latinoamericanos, y sus sistemas regulatorios y de actuación llevaban pocos años de funcionamiento.

Como se dijo a fines de 2019, sabemos aún muy poco sobre el impacto real de este derecho en la calidad de la democracia y en las vidas de las personas: “es todavía un derecho bastante desconocido y rara vez utilizado por la ciudadanía” (Díaz, 2019). Pero ha emergido, al menos, una creciente certeza: la respuesta que pueda darse en términos de DAIP deberá contemplar las condiciones en que mujeres y hombres acceden a este derecho.

El proyecto mencionado partió en 2018 de un objetivo básico: “Mejorar el conocimiento sobre la condición de las mujeres en América Latina en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y elaborar un modelo metodológico para incorporar la perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública en la región”. Y, en su conjunto, ha tenido diferentes componentes: un diagnóstico situacional, la identificación de aspectos claves para incorporar criterios de género en los sistemas DAIP, y el esfuerzo por lograr una respuesta proactiva en aquellos países que decidieron realizar esa experiencia demostrativa.

Diagnóstico regional

El diagnóstico inicial se realizó en distintos planos: una actualización acerca de las brechas de género existentes en la región, una exploración sobre los sistemas DAIP instalados en los países, y la obtención de información sobre el uso y la opinión de mujeres y hombres de este derecho.

En cuanto al primer plano, se pudo apreciar tanto el avance de las mujeres en los diferentes campos de la vida social, como las brechas pendientes y los cambios en la morfología de esas brechas. Uno de los ámbitos donde las modificaciones de esas brechas son considerables se refiere al trabajo global de las mujeres. Pese a que el nivel educativo de la población económicamente activa (PEA) femenina es más alto que la masculina, la brecha salarial se reduce muy lentamente en la región. En todos los países donde se han realizado encuestas de uso del tiempo, se manifiesta que la carga de trabajo total de la población femenina (suma del trabajo productivo remunerado y trabajo reproductivo no remunerado) es apreciablemente mayor que en la masculina.

Respecto del examen sobre los sistemas DAIP en la región, la información obtenida muestra que han comenzado a establecerse sus bases constitutivas. En todos los países se ha emitido una Ley de Transparencia y Acceso a la Información (con denominaciones similares), y estas leyes han creado tanto órganos garantes como el diseño de un procedimiento para ejercer el DAIP (la única excepción al respecto es Costa Rica, que se mantiene a nivel de decreto ejecutivo en esta materia). Ahora bien, la información recogida también ha mostrado que estos pasos normativos e institucionales son relativamente recientes (todos han tenido lugar este siglo) y, en relación con ello, puede apreciarse el diferente grado de implementación de dichos sistemas en cada uno de los países contemplados. Por otra parte, los datos sobre uso del sistema DAIP muestran que no hay una gran proporción de ciudadanía que solicita información pública: desde el 2% de Uruguay al 22% de Chile. Al examinar algunas relaciones sensibles entre uno y otro plano (condiciones de género y sistemas DAIP), pudieron apreciarse algunas correlaciones relevantes:

  1. El establecimiento de sistemas DAIP y su fortaleza es una condición básica para incrementar la participación de las mujeres en el ejercicio de este derecho.
  2. La educación de la población es un factor determinante en el acceso general al DAIP. En países donde se observa la existencia de graves brechas educativas en la población femenina, como Guatemala, la consideración y uso de DAIP se obstaculizan. Por otra parte, el adelanto educativo de la mujer en la región correlaciona favorablemente con el uso de DAIP.
  3. El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un factor clave en el uso del DAIP, sobre todo en una perspectiva futura. Los datos más recientes indican que las mujeres en América Latina utilizan internet en igual o mayor medida que los hombres. El diferente uso de internet que hacen las mujeres respecto de los hombres se relaciona con la diferencia que se refleja en el tipo de consultas por sexo en el contexto del DAIP.
  4. La diferente participación laboral femenina respecto de la masculina introduce factores divergentes en cuanto al uso de los sistemas DAIP. La mayor carga de trabajo total de las mujeres (remunerado y no remunerado) parece incorporar un uso de los sistemas DAIP que se relaciona con su papel en el cuidado de la familia y la comunidad.

En este contexto de uso reducido del DAIP, las diferencias por sexo en 2019 no eran muy considerables, presentando variaciones según países, si bien en la mayoría de los casos las mujeres eran levemente minoritarias. Lo que sí puede observarse en todos los países es que existen diferencias en cuanto al tipo de consultas entre mujeres y hombres. Las mujeres consultan más sobre servicios básicos, subsidios, becas, programas sociales y salud; mientras los hombres consultan más sobre asuntos financieros, laborales y cuestiones políticas. Parece indudable que existe una correlación entre los motivos de consulta y la distribución existente de roles de género entre mujeres y hombres.

Las conclusiones de este análisis relacional permitieron identificar los aspectos claves para incorporar criterios de género en los sistemas DAIP, que son los siguientes:

  1. Normativa que respalda el mandato y crea la institucionalidad básica del sistema. En todos los países estudiados existe legislación ordinaria sobre transparencia y DAIP. En la mayoría de los casos, las leyes están desarrolladas mediante reglamentos que especifican los aspectos concretos de la normativa. El resultado del diagnóstico realizado a este respecto muestra que, a excepción del caso de México, no se contemplan determinaciones explícitas de género en dichos cuerpos legales.
  2. Institucionalidad sobre la que descansa el sistema. El diagnóstico realizado en este campo muestra que existen variaciones importantes en la composición de la estructura institucional de los sistemas DAIP, pero que en términos generales pueden identificarse tres tipos de entidades: los órganos garantes que suelen actuar como coordinadores del sistema; las instancias establecidas en los sujetos obligados; y los organismos consultivos y asesores. No se encontraron elementos institucionales en materia de género en dichas entidades, salvo en el caso de México.
  3. Funcionamiento del sistema y políticas de aplicaciónEl desempeño del sistema DAIP puede observarse tanto respecto del proceso externo referido al procedimiento de acceso y uso de la ciudadanía al DAIP, como en cuanto al funcionamiento interno de la estructura del sistema y sus acciones. Como se sabe, en este ámbito también existen variaciones apreciables según el sistema DAIP de cada país. Pero pueden proponerse modos para incorporar el enfoque de género en el funcionamiento interno de los sistemas y sus acciones de promoción del DAIP.
  4. Instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema. En el caso de los sistemas DAIP se aprecia que se han establecido, a partir de su correspondiente normativa creadora, varios modelos para hacer seguimiento y, sobre todo, para realizar la evaluación, que van desde la asignación de estas funciones al órgano garante hasta el uso de entidades complementarias o incluso a los poderes legislativos de la nación. Por esa causa, la propuesta para incorporar la perspectiva de género debe introducir diversos modos que atiendan a esas particularidades.
  5. Sistemas de información orgánica y de consulta externa (percepción y satisfacción de usuarios). La tendencia a entregar datos agregados sin distinguir entre mujeres y hombres es muy frecuente, incluso en el caso de que tales datos sean recogidos desagregados por sexo. Resulta, pues, de primordial importancia la inclusión del enfoque de género en los sistemas de información, tanto sobre el funcionamiento interno del sistema como de su consulta y percepción externa.

Planes Nacionales de Acción pioneros

La identificación de los cinco aspectos claves estableció las bases para conformar las correspondientes áreas temáticas, sobre las cuales se impulsaron los Planes de Acción para incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP de los cinco países que emprendieron esta experiencia piloto: Colombia, Chile, El Salvador, México y Uruguay.

Un examen preliminar de los planes elaborados evidencia una similitud notable en la estructura general de los cuatro planes, si bien la configuración de los elementos de esa estructura presenta diferencias que responden a las características y condiciones de cada país.

En cuanto a los propósitos de los Planes, se observa que todos han utilizado la referencia general que se generó en la primera fase del proyecto: el “Modelo metodológico para incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP de América Latina”. Puede afirmarse que ese esfuerzo metodológico previo ha resultado de gran utilidad a la hora de configurar los objetivos de los Planes de Acción. No obstante, también esa referencia general ha sido utilizada de forma diferente por cada uno de los casos, de conformidad con sus particularidades nacionales. Dos países han establecido como objetivos de sus Planes los cinco temas claves identificados anteriormente. Otros dos países se han concentrado en trabajar parte de esos temas claves, principalmente sobre la institucionalidad del sistema y el funcionamiento del mismo, aunque también planteen acciones sobre información y satisfacción de usuarios.

También hay que señalar que, una vez establecidos los objetivos específicos en cada caso, los países han realizado un esfuerzo de planificación de acciones que se ha concretado en matrices con las variables conocidas al respecto: línea de base, metas, indicadores, plazos, responsabilidades. Es decir, los Planes de Acción no son meramente enunciativos, algo que sucede con frecuencia en la región, sino que se corresponden con una planificación que responde a un enfoque de gestión para resultados.

El otro asunto destacable guarda relación con la atención que han puesto los planes en definir claramente un sistema de seguimiento y evaluación (algo también infrecuente en la región). Se aprecia que el seguimiento es visto tendencialmente como un mecanismo interno, mientras la evaluación contempla el apoyo en entidades externas a la responsabilidad de ejecución.

Finalmente, es necesario insistir en que la última fase de este proceso ha coincidido con el desarrollo de la pandemia provocada por la COVID-19 en la región y el resto del mundo. Ello podría tener consecuencias para la implementación de las acciones previstas. Y será de gran relevancia el análisis que los órganos garantes realicen a la luz de las necesidades de información que están teniendo las mujeres y los hombres en el marco de la pandemia, así como del ejercicio de la transparencia activa y proactiva.

Referencias

Díaz, B. (2019): “El poder de la transparencia”, El País (2/11/2019)

Ana Isabel García Quesada
Comunicadora y socióloga con grado de maestría de la Universidad de Costa Rica.

Consultora de EUROsociAL a través de la FIIAPP, coordinadora técnica del proyecto regional sobre género y acceso al derecho a la información pública, desarrollado en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA).

Ha ocupado puestos públicos en el Gobierno de Costa Rica: entre 1994 y 1998 como Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de la Mujer que deja convertido en Instituto Nacional de las Mujeres, (INAMU) y entre 2006 y 2008 como Viceministra de Desarrollo Social, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza.

Es también autora y coautora de varios libros, ensayos, artículos e informes técnicos. Ha diseñado y coordinado académicamente la Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Es fundadora y colaboradora de la Fundación Género y Sociedad (GESO).

Desde setiembre de 2018 es consultora de la Unión Europea para apoyar al Gobierno de Paraguay en el diseño y puesta en marcha de un Sistema nacional de Protección Social (SPS titulado: “Vamos!”).

Participante en la edición de 2008 del programa Mujeres Líderes Iberoamericanas.

Comparte:

Compartir en facebook, abre en ventana nueva
Facebook
Compartir en twitter, abre en ventana nueva
Twitter
Compartir en linkedin, abre en ventana nueva
LinkedIn
Compartir en email, abre en ventana nueva
Email