El régimen de excepción salvadoreño constituye el caso paradigmático del giro punitivo en América Latina. Este texto argumenta que, pese a su eficacia coyuntural en la reducción de homicidios, el modelo desplaza sus costos al largo plazo en cuatro dimensiones: el Estado de derecho, la cohesión social, la institucionalidad democrática y la inserción multilateral.
A través del encarcelamiento masivo, la militarización de la seguridad y la suspensión prolongada de garantías, el gobierno de Bukele ha logrado resultados visibles, pero sin resolver los determinantes estructurales de la violencia: pobreza, desintegración familiar y ausencia de oportunidades.
Asimismo, se examinan los casos de México, Ecuador y Colombia, cuyas trayectorias de militarización evidencian los límites y riesgos de emular el “modelo Bukele”. Se sostiene, en definitiva, que el aparente éxito de este modelo es difícilmente extrapolable y encubre un elevado coste democrático y humano.
