El gobierno de Ecuador, pese a que decretó la emergencia sanitaria de forma temprana el 12 de marzo —y el 16 del mismo mes entró en vigor el estado de excepción con la declaratoria de confinamiento, el cierre de fronteras y la apertura solo de negocios de abastecimiento de alimentos y medicamentos—, no pudo dar una respuesta efectiva a la situación pandémica. En parte, esto se debió a problemas de gobernabilidad y a la dispersión del poder a nivel del gobierno central, así como a la falta de dotación de recursos económicos para la emergencia, al punto de que la propia ministra de Salud renunció el 21 de marzo por tal motivo.
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