Tribuna Red Carolina

Tribuna Red Carolina permite el involucramiento de profesionales que han participado en los distintos programas de la Fundación Carolina en la conversación global e iberoamericana sobre el desarrollo y la realidad social, política, económica, cultural y científica en Iberoamérica.

La coordinación intersectorial e intergubernamental. Un sistema integrado nacional de respuesta rápida ante las pandemias

Ibis Villalobos. Participante en el programa Liderazgo Público iberoamericanos 2016

Introducción
A nivel global, todos los países del mundo se han visto afectados por la pandemia generada por el brote del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19), que ha traído como consecuencia una de las peores crisis sanitarias y económicas en la historia de la humanidad. El primer caso registrado en Perú data del 6 de marzo. El día 15 del mismo mes se decretó el “estado de emergencia nacional”, estableciendo el cierre de fronteras, y medidas de contención y aislamiento social obligatorio, con una vigencia inicial hasta el 30 de marzo. No obstante, el pico de contagios se produjo el 31 de mayo. La propagación del virus ha alterado las perspectivas económicas, principalmente por la reducción de precios de las materias primas, y la disminución del comercio y de las actividades económicas a nivel mundial. Esto ha generado despidos masivos y el quiebre de una gran cantidad de empresas, produciendo un grave daño a la economía nacional. Una gran parte de la población trabajadora se ha reinventado y ha generado nuevos modos de subsistencia para enfrentar la crisis.

Perú ha pasado de ser galardonado en los World Travel Awards (WT), considerados los “Oscar” de la industria turística mundial, como el mejor destino culinario, cultural y turístico, a posicionarse en el quinto puesto del ranking mundial de países con mayor número de diagnósticos por COVID-19; además, se ha convertido en el décimo país con más muertes registra (en el ámbito latinoamericano es el segundo con mayor cantidad de personas infectadas y el tercero en número de muertes).

Toda sociedad debería tener definido el grado de seguridad que le permita afrontar las amenazas, riesgos y problemas que pudiera afectarle. La preocupación por la rápida expansión de la COVID-19, y la incertidumbre con respecto a cuán severa pueda ser la crisis, constituye una gran preocupación del gobierno peruano, que desde el mes de marzo contempla las consecuencias de un deterioro marcado por diversos indicadores económicos. A ello se suma el colapso inminente por la inmensa fragmentación, desigualdad y debilidad de un sistema nacional de salud desatendido y sin recursos; y al impacto negativo del crecimiento económico y global en las economías emergentes. El debilitamiento de las expectativas, la caída abrupta de la oferta y la demanda y, con ello, el cierre masivo de empresas, podrían terminar quebrando el sistema financiero.

Ante este escenario tenebroso, el Parlamento ha tratado de proponer soluciones por medio de iniciativas legislativas en materia económica que afrontasen el impacto social de la crisis. Sin embargo, al percibirlas como populistas y anti-técnicas, el Ejecutivo se ha negado rotundamente a apoyar dichas medidas, sumando un dolor más de cabeza a su gestión, y despintando las expectativas sociales depositadas en los gobernantes del país.

La mayor prioridad en estos momentos es cuidarse sin salir de casa: tal ha sido el mensaje más potente que se ha insertado en la memoria colectiva. Además, se ha usado la fuerza policial y militar para dar cumplimiento a las medidas restrictivas, generando muchos incidentes. No obstante, cuantas más medidas reactivas activaba del gobierno, más aumentaban los contagios y, con ellos, las muertes, agudizando los problemas que enfrentaba el servicio de salud pública por falta de personal en la atención médica, camas no disponibles en los hospitales, desabastecimiento de balones de oxígeno, ausencia de medicamentos y una magra canasta familiar básica para la población más vulnerable. Entretanto, la población sigue esperando una respuesta clara y articulada en materia de políticas de salud y económica, que dé cuenta a las necesidades y demandas.

Para enfrentar los problemas ocasionados por la pandemia, el 1 de abril se creó el Comando de Operaciones COVID-19 a nivel nacional. Más adelante, este instrumento se descentralizó por las diferentes regiones, con el fin de proporcionar un mayor seguimiento al problema sanitario, y para gestionar situaciones posteriores a la pandemia, producidas por un colapso del sistema sanitario que está dejando sin cobertura otras enfermedades o patologías.

Este texto tiene por objetivo apuntar la necesidad de contar con un sistema integrado nacional de respuesta rápida para el Estado que sea operativo. Para acercarse al panorama actual, el artículo presenta al principio un recuento de las medidas dictadas, luego aborda los problemas de gestión de las respuestas, y finalmente, ofrece una perspectiva de gestión integral, bajo una autoridad que pueda controlar, supervisar y dirigir coordinadamente un Plan Nacional de emergencia sanitaria.

Medidas del gobierno central
Tras la eclosión de la pandemia, el gobierno central ha continuado con una producción exponencial de normas jurídicas, aprobando y modificando protocolos y otras medidas necesarias para facilitar la acción contra la COVID-19. Sin embargo, pese a esta producción normativa, las cifras de contagios han continuado mostrando grandes pérdidas de vidas humanas. Comparando las cifras con otros países, y midiendo los datos en proporción con la población, Perú es el cuarto país latinoamericano en número de contagios (BBC, 2020). Esto significa que sigue faltando una estrategia nacional, única e integral, de alcance territorial y cultural, que muestre resultados positivos. Una buena estrategia permitiría un ajuste de las evaluaciones y una reprogramación de las acciones (sanitarias económicas, educativas y de seguridad), sin necesidad de sumar más normativas, indiferentes entre sí, a todo un aparato legal disperso.

Medidas de política económica
Una de las principales respuestas económicas consistió en la propuesta de que el Tesoro Público extendiera una garantía a los créditos otorgados por las entidades financieras a las empresas golpeadas por la caída del capital de trabajo, para que pudieran reiniciar sus actividades. Se trataba de que estas garantizasen la cadena de pago a sus trabajadores y proveedores, y reimpulsasen sus actividades, evitando así el riesgo de una depresión económica. Este programa de apoyo recibió el nombre de Programa de Aseguramiento de la Continuidad de la Cadena de Pagos (REACTIVA PERÚ). En este sentido, y hasta la fecha, el Banco Central de Reserva de Perú ha realizado siete sesiones de subastas de Repos de Cartera con Garantía del Gobierno Nacional, asignando un total de 422 millones de soles, a una tasa de interés promedio del 1,75%, entre las entidades del sistema financiero (Banco Central de Reserva de Perú, 2020): un salvataje a las empresas para garantizar su operatividad.

Desde el ámbito de las políticas económicas, también se han propuesto iniciativas de alivio económico a las personas que cuentan con fondos de pensiones privados. A través del Decreto de Urgencia 034-2020, se ha autorizado en dos oportunidades el retiro de 2.000 soles de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores que no realizaron aportes a las AFP al 31 de marzo de 2020. A su vez, entre otras transferencias financieras públicas para responder a las demandas de la población, se han destinado 22.426 millones en apoyo a las familias, por medio de bonos que está previsto que lleguen a 6,5 millones de hogares. Finalmente, en nota aparte, mencionar que el Congreso de la República aprobó una Ley que permitió el retiro del 25% de los fondos y con ello el alivio económico a los beneficiados.

Medidas de política sanitaria
En América Latina, el gasto de inversión en infraestructura logística sanitaria representa el 4,6% del PIB (porcentaje bastante menor que el del promedio de los países de la OCDE, que asciende al 7,7%). Además, aunque según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es recomendable destinar al presupuesto público sanitario al menos el 6% del PIB, en Perú solo se destina el 2,2%.Tras la llegada de la pandemia, se aprobó en el país una inyección económica de 1.063 millones de soles al sector salud. Esto ha supuesto alcanzar dicho porcentaje del 6%; sin embargo, la ejecución presupuestal es otro cantar.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 75,5% de la población cuenta con algún tipo de seguro: el 46,6% y el 23,6% corresponden, respectivamente, al Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud, ambos administrados por instancias públicas. En virtud de esta cobertura, y luego de la presión mediática ejercida, en abril se lograron incrementar tanto las pruebas moleculares como, sobre todo, las pruebas rápidas para la detección del virus. Y en mayo se realizaron 25.284 pruebas PCR y 59.200 pruebas rápidas, siendo el porcentaje de positividad del 13,96% (Plataforma del Ministerio de Salud: Sala situacional COVID-19, 2020). A 15 de julio de 2020, según la misma fuente, se han tomado 1.983.932 muestras.

Con todo, el retraso inicial en las compras de test, equipos e insumos, y en la contratación de asistencia profesional sanitaria, generó graves consecuencias. Al principio no se prestó un servicio oportuno en atención a los casos, y tanto el limitado uso de las tecnologías de la información como la lenta reacción de las autoridades, puso en peligro la seguridad de las personas y se cobró vidas humanas (de la ciudadanía y del personal de salud). Así, el Colegio Médico Peruano a través del observatorio COVID-19 —que informa y advierte sobre los casos que afectan a la salud de los médicos por el virus—, reportó en julio más de 100 muertes de médicos, 2.786 contagios y 79 personas en Unidad de Cuidados Incentivos (UCI). Estos hechos evidencian el colapso e ineficiencia del sistema de salud y la poca inversión en este sector.

Por último, la necesidad de proceder con urgencia no ha permitido articular una normativa sistemática que facilite la intervención programática y transparente de la adquisición de insumos para garantizar la cadena de suministros, y/o procedimientos para la atención y tratamiento de la COVID-19. Si bien se cuenta con un Plan de Acción de Vigilancia, Contención y Atención de los casos —varias veces modificado—, más del 90% de las normas son lineamientos técnicos para enfrentar la crisis, y solo el 3% establecen mecanismos para la adquisición de insumos y equipos. Si bien es cierto que desde el inicio de la pandemia se ha invertido en indumentaria de bioseguridad para el personal —incluyendo los protectores faciales con láminas en 3D— y se han realizado transferencias para construir hospitales temporales, los recursos siguen siendo insuficientes, hasta el punto de que en el interior del país se registran denuncias que reclaman no haber recibido dicho material.

Medidas de política social
Aproximadamente el 70% de la población trabajadora se cuenta dentro el sector informal, por lo que tiene ingresos precarios y/o trabajos independientes, factor que influye sobre un comportamiento social que no puede amoldarse a las medidas de seguridad adoptadas. En este contexto, el gobierno adoptó emitir el Bono Familiar Universal, por valor de 760 soles, como medida para apoyar a las familias más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria. No obstante, la iniciativa generó una aglomeración de personas en el Banco de la Nación y, posteriormente, en los mercados, de modo que estos se convirtieron en los focos de infección más importantes.

Por lo demás, la gestión del programa de bonos (otorgados en dos armadas, y clasificados como bonos independientes, rurales o universales), presentó dificultades y generó denuncias puesto que muchas familias no pudieron acceder a ellos al no encontrarse en la base de datos de las Municipalidades, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o de otras instancias oficiales. Esto ha puesto de manifiesto que, por un lado, existe un problema en la democratización de la información y, por otro, que el sistema de focalización de hogares no está actualizado o bien está manipulado. Su propósito es proporcionar información y brindar, por medio de sus programas, una atención efectiva y selectiva a la población más pobre y vulnerable del país, con el fin de contrarrestar los efectos que implica toda crisis socioeconómica o de salud. Sin embargo, el sistema no está funcionando correctamente

Desde el gobierno se reconoce que el sistema de recogida de información e identificación de usuarios, susceptibles de beneficiarse de los programas, ayudas y bonos, ha presentado disfunciones al otorgar en ocasiones subsidios a personas que no necesariamente los requerían. Este sistema se denomina Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) , y debería servir de referencia para identificar a los ciudadanos en situación de precariedad socioeconómica, coordinar la información de forma intersectorial e intergubernamental, y definir estrategias que permitan que, realmente, las personas más pobres y vulnerables sean las principales beneficiarias. No obstante el sistema demostró estar desactualizado y haber sido manipulado, puesto que muchas de ellas no han accedido a los bonos.

Especulación de precios
La problemática de la venta de fármacos aprobados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 llegó a elevar los costos a valores inalcanzables. Tanto es así que el fosfato de cloroquina, la hidroxicloroquina y la azitromicina, multiplicaron por veinte su precio original. Además, se produjo una concentración de precios, y un evidente abuso de la posición de dominio y asimetría.

Un mismo grupo económico concentra un 90% del rubro farmacéutico. Y si bien el ordenamiento jurídico nacional permite el monopolio, las actuales circunstancias requerirían una intervención del Estado que sancionase las prácticas abusivas. Ciertamente, se emitió un Decreto de Urgencia para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos para el tratamiento del coronavirus, y reforzar así la respuesta sanitaria en el marco de la emergencia. Sin embargo, la medida se limitó a un conjunto de ajustes de carácter administrativo para la compra estatal, y ninguno era de naturaleza punitiva. No ha habido, pues, una estrategia clara en la intervención del Estado para proteger la vida y la salud de las personas, ni para evitar la concentración empresarial de medicamentos, la escasez de medicinas y la de otros productos esenciales, ni tampoco enfrentar la subida de los precios.

La coordinación intersectorial e intergubernamental como gestión integral
Cuatro meses después de decretarse el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, Perú afronta problemas estructurales en varios ámbitos, a los que se acompañan demandas sociales, que no van a poder solucionarse en el corto ni en el mediano plazo. La crisis se ha gestionado a base de iniciativas de ensayo y error, revelando a menudo fallos de coordinación y articulación a nivel multidimensional. Por ello, resulta imprescindible definir un Plan Nacional de Gestión Integral que plantee, ejecute y supervise las acciones y operaciones técnicas, bajo una dirección sólida, y que apunte a objetivos concretos y orientadores. Este Plan podría diseñarse teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) Estrategias que eviten la aglomeración de personas en establecimientos públicos y lugares de concurrencia masiva.

b) Herramientas de interacción en la formulación de los presupuestos públicos, junto con una previsión de proyecciones presupuestales que incluyan las intervenciones estatales.

c) Estrategia de compras y adquisiciones para mitigar riesgos de corrupción y potenciar la fiscalización.

d) Estrategias logísticas para la distribución de bienes que se suministran a cada región, en estricta observancia a sus necesidades.

e) Herramientas y/o estrategias para pago de bonos, o de otros mecanismos de subvención, que incluyan una plataforma y un esquema financiero único y sectorial.

f) Mecanismos que faciliten la competencia de productos y bienes médicos para evitar la especulación y aparcamiento de precios, y/o la concentración económica.

g) Estrategia para promover las compras nacionales, e impulsar a las pequeñas empresas en la producción de bienes cuyas normas técnicas puedan cumplir.

h) Estrategias para que el Ministerio de Salud provea medicinas genéricas, con el fin de evitar la escasez y paliar la demanda de personas con bajos recursos.

i) Establecer un Sistema Central de Monitoreo y Evaluación por medio de una plataforma tecnológica.

Con respecto a las compras y adquisiciones, durante los estados de emergencia sería importante inyectar el mercado interno con productores nacionales, esto es, impulsar un patriotismo industrial a través de compras corporativas a gran escala. Para ello, en el país se cuenta con Perú-Compras, entidad que podría aprobar el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. Una vez conocida la necesidad de un recurso material, el sistema podría ser útil para calcular y prever su coste per cápita. Por ejemplo, si se necesitan 100 mascarillas para 100 médicos, a esta cifra habría que agregarle el factor de renovación/tiempo. Teniendo en cuenta que una mascarilla N95 se renueva cada día, la adquisición mensual ascendería a 3.000 mascarillas mensuales. Pues bien, en los casos en los que la demanda es mayor que la oferta, el sistema comercial habría de adaptar su capacidad de fabricación, y el Estado debería promover compras nacionales y respaldar a las pequeñas empresas para que produzcan bienes cuyas normas técnicas, como se ha señalado, puedan cumplir. Por otro lado, en situaciones de emergencia, depender exclusivamente de compras del exterior supone un riesgo, puesto que la coordinación fluida con los proveedores puede fallar: quienes en un inicio están en disposición de entregar un producto en 15 días, pueden demorarse e informar de que no van a cumplir el plazo pactado, ante lo cual solo queda la resignación.

Frente a estas circunstancias, corresponde al Estado generar externalidades positivas, activando subvenciones estatales y créditos. Así, por ejemplo, podría suministrar bonos en efectivo solo a la población bancarizada —dada la alta informalidad, únicamente el 51% de la población urbana lo está (Ipsos Apoyo, 2020) — y, a su vez, establecer otro sistema de provisión de dinero.

En el plano regional, los pequeños agricultores han venido cumpliendo un papel fundamental durante la crisis, abasteciendo a los mercados a nivel nacional de toda la producción alimentaria. En este ámbito, una estrategia en línea con el aislamiento social y el estado de emergencia debe garantizar la viabilidad de las compras en términos de precios, y asegurar que los agricultores dispongan de recursos para la próxima campaña de siembra, necesaria para la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. A ello habría que añadir una estrategia logística de distribución de víveres apoyada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que active a los coordinadores que operan en cada zona y subzona de la seguridad nacional, poniéndoles a cargo de la distribución en los lugares más recónditos del país, que coincidentemente son las más pobres.

En el contexto político y de la opinión pública corresponde equilibrar la situación. Se ha criticado la ineficiencia, incapacidad y supuesta indiferencia de los dirigentes políticos, y la escasa capacitación y falta de ética en el seno de la función pública, que se ha reflejado principalmente en las administraciones regionales y locales, con la agravante demostrada con los casos de corrupción.

A ello, según se ha avanzado, se suma la histórica falta de inversión pública en el sector sanitario. Según datos de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), o de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perú se ubica entre los últimos de la región en inversión en salud. Y, de acuerdo con el gráfico de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex Perú), mientras que América Latina y el Caribe destinan en promedio un 4 % del PIB al sector, y los países de la OCDE un 10 %, Perú destina un 3,3%. De ahí la importancia de replantear la focalización para garantizar el bienestar y la protección social de las personas en momentos de crisis.

Fuente: https://gestion.pe/resizer/T8g3jtYAUvmhziFWIZFs3mxIjgg=/640×0/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2LTA4OFQGRATBFHXCOACQ6XBWY.jpg

Una autoridad coordinadora
Una de las labores más complejas en el sector público consiste en la coordinación interinstitucional. Si bien en la práctica existe y se emplea para asegurar la ejecución de planes y acciones, el nuevo escenario de crisis exige incrementar las herramientas para garantizar la intervención de las respuestas desplegadas por el Estado a nivel nacional. Esta coordinación podría haber estado a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, puesto que, conforme a sus funciones, cuenta con toda la logística y el personal que opera en cada zona y subzona de seguridad nacional, bajo las directrices del Comando de Operaciones COVID-19.

Garantizar resultados en respuesta a la presente situación dependerá del perfil profesional y personal de los responsables en la toma de decisiones. Por ello, sería conveniente contar con la figura de un Comisionado Especial como única autoridad responsable de la operatividad y articulación de la gestión de la crisis, tarea que habría de asumir un líder o lideresa nacional: un gestor o gestora que armonice la labor integral del aparato estatal.

Conclusiones
1. Se debe atender lo inminente, planificar y pensar en el futuro y evaluar las oportunidades que implicará el nuevo escenario. Esto supone transformar las prioridades, e invertir en capacidades técnicas y recursos económicos en los centros de investigación, para que puedan atender los problemas recurrentes de los sectores sociales, económicos y ambientales.

2. Hay que apostar por la innovación y sostenibilidad del sistema sanitario, que ha colapsado por sus limitados e insuficientes recursos para contrarrestar la pandemia. Ninguna estrategia sanitaria ha dado resultados óptimos, de modo que se deben diseñar planes a largo plazo para frenar los problemas conexos a la crisis, principalmente relacionados con el personal de salud y la infraestructura sanitaria pública.

3. La evidencia del escaso acceso a la salud y a la seguridad social revela la necesidad de impulsar el concepto de los servicios básicos universales y, con ello, el acceso gratuito a un sistema de calidad.

4. Es necesario eliminar el lastre de la burocracia ineficiente. La pandemia ha demostrado la rapidez con que pueden realizarse las compras públicas, pero deben de fortalecerse los mecanismos de fiscalización para mitigar el riesgo de la corrupción.

5. La falta de bienes y servicios ha dejado en evidencia la importancia de redefinir la cadena de suministros. En consecuencia, hay que impulsar la industria nacional a través de las pymes, en un ejercicio de patriotismo industrial.

6. El teletrabajo ha llegado para quedarse, así como la digitalización progresiva de la economía. Pero las compras online y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones no solo requieren medidas de protección de los datos personales, sino que también precisan de una política de ciberseguridad que prevenga ataques cibernéticos, que afecten la seguridad personal y de la nación.

El sistema público requiere, en suma, atraer y retener talentos para la construcción de los escenarios de futuro, formar nuevos funcionarios y servidores públicos preparados para el mundo postpandemia, visionarios, científicos, tecnólogos, investigadores, pero sobre todo y principalmente, personal que acredite su compromiso ético para ejercer una función pública de valor.

Referencias bibliográficas

Banco Central de Reserva de Perú (2020): “BCRP asignó s/ 422 millones en subasta de repos de cartera con garantía gubernamental a una tasa de interés promedio de 1,75%”. Disponible en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-14.pdf.
BBC (2020): “Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por covid-19” (16 de mayo 2020). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060.
CEPAL (2020): “Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19”, Santiago. Disponible en: https://www.cepal.org/es/presentaciones/coyuntura-escenarios-proyecciones-2030-la-presente-crisis-covid-19
Diario Gestión (2019): “Comex: Perú gasta en salud por debajo del promedio en América Latina” (mayo).
Ipsos Apoyo (2020): “Bancarización en cuarentena”. Disponible en: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-07/info_bancarizados-01-01.pdf.
Portal Institucional del Ministerio de Salud (2020): Sala Situacional. Disponible en: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp.

Ibis Villalobos

Abogada de profesión. 12 años de experiencia profesional en el sector público tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Con cargos de asesoramiento y apoyo en la ejecución de políticas públicas y objetivos institucionales. Resultados en el trabajo de coordinación interinstitucional, mesas  de diálogo, comisiones interinstitucionales, planes sectoriales.

Ex Jefa de Gabinete del Ministerio del Interior de Perú y gestora en diferentes áreas de la Administración Pública. Con estudios concluidos de Maestría en Gerencia Pública, especialidades en Derecho Público, Seguridad y Defensa, Gestión de Proyectos, tanto en el Perú y el extranjero. Ex Becaria de la Fundación Carolina.

Twitter: @ibisvillalobos

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La escasa representación femenina en puestos de liderazgo y toma de decisiones, tanto en la esfera pública como en la privada, es un fenómeno mundial.

Patricia Nogueira. Participante en el programa Liderazgo Público iberoamericanos 2017

Si analizamos la esfera pública, el desequilibrio persiste: de los 196 países del mundo, solamente 24 (12%) tienen a mujeres en puestos de mando en el poder ejecutivo[2]. De los 179 parlamentos nacionales que conforman la Unión Interparlamentaria[3], únicamente 53 (29%), están presididos por diputadas o senadoras, reflejando que la representación femenina es aún baja, con una media de solo el 25% de los escaños ocupados por mujeres.

Con la crisis mundial que vivimos, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, estamos constatando el recrudecimiento de los problemas causados, no solo por la desvalorización de la mujer en el mercado de trabajo, sino, sobre todo, por su escasa presencia en la política. La necesidad de más mujeres en los espacios de decisión es una realidad que se viene imponiendo por encima de una percepción que, hasta hace poco tiempo, minimizaba la infrarrepresentación femenina y sus efectos perversos en toda la sociedad.

El primer y más dramático efecto de la pandemia para las mujeres ha sido el aumento exponencial de los índices de violencia doméstica en todo el mundo, lo que está llevando a varios países a adoptar estrategias que faciliten la denuncia de los agresores, así como planes para la acogida de las víctimas.

En Brasil, la tasa anual de feminicidios, homicidios realizados contra la mujer por el simple hecho de serlo, es un 74% mayor que la media mundial[4]. El drama de las brasileñas se ha agravado, aún más, debido a las medidas de aislamiento social relacionadas con la pandemia, ya que obliga a agresores y a víctimas a permanecer confinados en un mismo espacio. En este sentido, la movilización de las mujeres de la Cámara de los Diputados resulta de extrema necesidad para acelerar la votación de proyectos que tienen como objetivo la implementación urgente de medidas contra la violencia a la mujer. Este es el caso del proyecto de ley[5] que pretende facilitar ayudas a las mujeres que sufren violencia doméstica o familiar, así como otras consideradas esenciales para la población durante la pandemia. Debemos destacar que, aunque este proyecto fue presentado el 30 de marzo de 2020, a finales de mayo, dos meses después, todavía no había sido votado por el Senado Federal. Por otro lado, las “actividades religiosas de cualquier naturaleza” fueron incluidas como servicios esenciales a través de decreto presidencial con fecha bastante anterior, 25 de marzo. Ello demuestra el poder que la movilización de un grupo parlamentario numeroso dentro del congreso tiene sobre las prioridades de un país cuya población está compuesta por un 51,7% de mujeres.

Cuando ascienden a puestos de dirección política, las mujeres tienden a agregar sus visiones del mundo al proceso de formulación de políticas públicas, lo que tiene un efecto multiplicador en la vida de otras mujeres. Además, el equilibrio de género en cargos de mayor poder tiende a servir como estímulo para que más mujeres se sientan capaces de ascender profesionalmente. Si, en otros tiempos, ingresar al mercado de trabajo era casi una deshonra para las mujeres, pues significaba que pertenecían a familias pobres, en las que padres y maridos no ganaban suficiente para mantenerlas, actualmente, trabajar y ascender profesionalmente es un motivo de orgullo, no solo para cualquier mujer, sino para la propia empresa, institución o país que haya propiciado ese ascenso, pues la paridad de género efectiva es señal de modernidad, desarrollo y justicia.

Otra cuestión que surge como consecuencia de la pandemia por COVID-19, es la sobrecarga a la que se enfrentan las mujeres por los cambios producidos por el teletrabajo. Confinadas en sus casas, con sus hijos igualmente, sin posibilidad de asistir a la escuela, y sin el auxilio de otras mujeres que les ayudaban en las actividades domésticas, las mujeres se ven, una vez más, obligadas no solo a cumplir jornadas extenuantes y a atender a las expectativas de sus empleadores, sino también a las de sus propias familias. En una sociedad machista, como es el caso de la brasileña, maridos e hijos muchas veces no se dan cuenta del desequilibrio que existe en la distribución de las tareas domésticas, dejándolo todo a cargo de la mujer. Y la mujer, por su parte, fruto de esa misma sociedad machista, muchas veces, ni siquiera es consciente del problema, a pesar de sufrir sus consecuencias.

De esta forma, debatir públicamente los porqués de tantos desequilibrios de género, así como proponer soluciones que traigan una mayor igualdad entre hombres y mujeres, es algo que solamente puede prosperar con mayor rapidez en un entorno más representativo. De ahí la importancia de incentivar una mayor participación femenina en la política. En un comunicado de prensa emitido a finales de 2019[6], el Foro Económico Mundial manifestó que, de acuerdo con su Informe Mundial sobre la Desigualdad de Género[7], el tiempo necesario para eliminar las desigualdades de género, tomando como referencia el año 2019, sería de 99,5 años. Es decir, si el mundo trabajara por el aumento de la representación política femenina, serían necesarias casi tres generaciones de mujeres para que, de hecho, tuvieran los mismos derechos que los hombres. ¡Es demasiado tiempo! ¿Podemos esperar tanto?

Nos planteamos, entonces, algunas preguntas: ¿Qué podemos hacer nosotras, mujeres de comienzos del siglo XXI, para acelerar los cambios que nos llevarán a la igualdad de derechos en relación a los hombres? ¿Qué estamos haciendo ahora para atravesar esta crisis y salir de ella más fuertes y más capaces de cambiar la mentalidad machista que todavía domina, no solamente los ambientes públicos, sino también nuestros propios hogares? ¿Qué esfuerzos debemos emprender en beneficio de futuras generaciones de mujeres, nuestras hijas y nietas, para que puedan disfrutar de conquistas que hoy parecen utopías, imposibles de ser alcanzadas, pero que, tal como el derecho al voto, que hoy nos parece fundamental, fueron fruto de una enorme lucha por parte de nuestras madres y abuelas? Si el presente no parece muy prometedor, tal vez el desempeño notable de países dirigidos por mujeres en la contención de la pandemia por COVID-19, como Taiwán, Nueva Zelanda e Islandia, sirva de indicativo para demostrar que la presencia femenina en cualquier espacio de poder, mas allá de una cuestión de justicia, es un factor de desarrollo y bienestar para toda la humanidad.

Patricia Nogueira

LinkedIn: Patricia Nogueira
Twitter: @PatNogBsb

[1] https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom-global-perspective.html
[2]Presidenta de la República (Bolivia, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Georgia, Grecia, Nepal, Singapur, Taiwan y Trinidad y Tobago), Primera Ministra (Bangladesh, Barbados, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda y Serbia), Canciller (Alemania) , Capitana Regente (San Marino), Consejera de Estado (Myanmar) y Presidenta del Consejo Federal (Suiza),
[3]https://data.ipu.org
[4]http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
[5]https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242471
[6]http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2020_Press_Release_Portuguese.pdf
[7]https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

Hoy yo no aplaudo

Irene Martín
Participante en el Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2015

Hoy yo no aplaudo. Hoy no se aplaude en nuestra UCI, porque hoy Amparo se ha puesto peor. Tras tres semanas de mejoría progresiva y estando cercana al traslado a planta, hoy hemos tenido un retroceso. Parece (y digo parece, porque el SARS-CoV-2 es una nueva incorporación en los tratados de medicina) que es algo recurrente con esta infección. Hoy toca retroceder casi las tres semanas recorridas con ella, hoy volvemos al kilómetro cero, o casi. Y hoy toca informar a su hijo de que no habrá videollamada con su madre, porque a su madre ha habido que sedarla de nuevo. Son las nueve, las trece horas de encierro han llegado hoy ya a su fin. Armadura retirada, la muralla se abre, fuera nos espera impaciente nuestra codiciada libertad, que en estos tiempos es directamente proporcional a la distancia entre la casa y el hospital. Caminando, hoy las huellas son de frustración y abatimiento profundos. Un viento primaveral intenta despegar la expresión triste de mi rostro, en vano. En casa me recibe la habitual ducha purgatoria que elimina cualquier resto de aquello invisible que tanto daño está haciendo en nuestro país. Hoy las noticias informan del descenso de contagios. Pero mi semblante no cambia, mi corazón aún late compungido, pues la mejoría de los números no consuela lo de hoy: hoy Amparo se ha puesto peor. Pero en casa no se habla de esto, porque las heridas del día precisan reposo durante la noche para poder cicatrizar. En casa se sonríe y se ocupa la mente con otros menesteres menos profundos y más festivos, si es que este término tiene cabida en estos tiempos. Y a pesar de que los abrazos aterricen sobre la espalda y los besos se lancen a través de una mascarilla, esta forma de cariño y amor protegidos han sido el mejor combustible para recorrer esta senda que todos estamos transitando por primera vez en nuestras vidas. En el dormitorio se amontonan ya las pesadillas que como fieras hambrientas esperan ávidas poder penetrar mi mente en esos momentos en que, sin quererlo, la dejamos indefensa. Cubierta en mantas suspiro cansada y me dejo ir; mañana, al menos, toca día de descanso.

Pero el día de descanso no es tal, porque las emociones y los pensamientos no entienden de eso. Y el mensaje a los compañeros que hoy sí trabajan es inevitable: “¿Cómo está Amparo? ¿Igual, algo mejor?” Y su respuesta decidirá cuál será el tinte del día de descanso. Porque, aunque se intenten añadir otras capas de yoga, películas o novelas, la capa de fondo no se limpia. Y el día de descanso tampoco es tal, porque la ciencia tampoco entiende de eso. La medicina exige responsabilidad, el paciente merece el mejor de los cuidados y la ansiedad y la frustración se calman con conocimiento. Así pues, comienzo a bucear entre revistas científicas, pero los tesoros no son de oro, ni siquiera de plata, acaso de cobre. Y aquella evidencia que un día parecía ser diamante, una semana después tiene el valor de la grava. Este nuevo adversario ha venido protegido bajo varias capas de armadura. Ya le hemos despojado de sus mejores defensas, y, sin embargo, no obtendremos el descanso pleno hasta no haberle desnudado por completo. Y cuando llegan las nueve y el equipo de hoy termina, suena mi teléfono, porque el día de descanso no es tal para mí. Un compañero me resume los eventos del día y, juntos, trasladamos la teoría estudiada a la realidad de nuestra UCI; y esta fantasía de abstracción no persigue otro deseo que el de mejorar juntos para así mejorar a nuestros pacientes.

¡Dichosos compañeros! El día 23 de marzo de 2020 se abrió la enésima UCI de nuestro hospital, y allí fuimos trasladados un revoltijo de médicos de lo más variado en edad, carácter y especialidad profesional (en el surtido se incluían anestesistas, cirujanos o cardiólogos, como servidora), pero todos con un espíritu común. Y así comenzó una de las experiencias más especiales que he vivido hasta la fecha. A pesar de haber abandonado por completo nuestros círculos de confianza, y de habernos embarcado en una empresa ardua y llena de momentos desagradables y desafortunados, de forma no impuesta y espontánea se construyó un equipo que desbordaba generosidad, valentía, compañerismo, empatía, humildad y sinceridad, a la par que proactividad y profesionalidad. Ese deseo imperioso común de cada uno de nosotros de que nuestros pacientes se recuperaran de tan injusto ataque por este nuevo malhechor, construyó un vínculo intangible que nos sujetó a todos con tal fuerza, que ni las peores de las desgracias que acontecieron en aquellos días pudieron, ni por asomo, ni tan siquiera rasgar ese lazo mágico que habíamos creado.

Fotograma video Europa Press

Hoy yo sí que aplaudo. Hoy sí que aplaudimos en nuestra UCI, porque hoy Amparo se traslada a planta. Hoy aplaudimos, pero sólo un rato. Porque el vecino de cama de Amparo ha corrido peor suerte. Ya descansa, en esta guerra arbitraria y abusiva no ha sido posible su victoria. Pero no descansa su familia, que no lo hace desde hace casi dos meses y que probablemente no lo haga nunca. Y es que esta guerra injusta es también de soledad. De soledad para el paciente que encerrado entre paredes blancas aguarda su destino; y de soledad para la familia, que resiste desarmada en casa, suplicando un desenlace favorable.

Y hoy, de nuevo, se aplaude en España. Se aplaude por nosotros, los sanitarios, pero también por tantos otros que se enfrentan cada día a los horrores de esta contienda. Por todos esos héroes, y es que todos somos de algún modo héroes. ¿Porque acaso no es héroe quien realiza una hazaña noble o el que actúa de forma valerosa y arriesgada? ¿Y no es heroico, pues, confrontar, superar o aprovechar cada uno de los retos, adversidades u oportunidades que nos presenta la vida?

Aplaudamos, pues, por todos, por aquellos que siguen y por los que no. Por todos nosotros, héroes terrenales que luchan y lucharán contra todo aquello que decida interponerse en este viaje que es la vida.

Irene Martín

Médico Interno Residente de Cardiología en Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

LinkedIn: Irene Martín

La transparencia y el acceso a la información pública como promotor de la confianza ciudadana en tiempos de coronavirus

María José Méndez
Participante en el Programa Liderazgo Público Iberoamericano 2016

La pandemia mundial que estamos viviendo ha presentado no sólo desafíos en el ámbito de la salud y del gobierno, éste último de demostrar su capacidad para atender la demanda  de atención médica y proveer de soluciones rápidas y eficientes, sino también a la sociedad en general que ha debido aprender a vivir en confinamiento y con incertidumbre durante un tiempo indeterminado, avizorando, además, complejas proyecciones económicas a nivel mundial.

Si sumamos a esto la percepción de falta de información sobre aspectos relativos al coronavirus y de variables sociales y económicas que se relacionan con este fenómeno y afectan el bienestar de las personas, es posible que agudice aún mas la desconfianza ciudadana sobre sus representantes, alimentada en este caso por su forma de liderar este asunto del mayor interés público.

Más que nunca es importante reconocer, entonces, la importancia del Principio de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información de las personas para conocer las decisiones de las autoridades, sus fundamentos y exigir de éstas rendición de cuentas en un ejercicio continuo  de lo que es considerado por la comunidad internacional como un derecho primario y base fundamental de todos los derechos humanos.

En ese contexto, los órganos garantes de acceso a la información pública se encuentran colaborando en la construcción de sistemas de información pro activos, alentando a las instituciones a publicar información más allá de las obligaciones legales establecidos en sus marcos jurídicos, con atención a las demandas actuales de información de sus ciudadanos sobre la pandemia y sus efectos en las políticas públicas.

Para la efectividad de ese ejercicio y su conducción se considera pertinente recordar el carácter instrumental de la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, como derecho llave para acceder a otros derechos, y poner sobre la mesa la necesidad de reconocer y entender las necesidades de información de los usuarios que, en definitiva, serán los públicos objetivo o meta para quienes se dispondrán estos canales de información o comunicación y, por lo mismo, quienes los validarán o desestimarán. Sólo entendiendo las necesidades de información de los usuarios y diferenciándolas explícitamente, entendemos que avanzaremos en el camino de la comprensión, validación y confianza institucional.

A grosso modo, es posible identificar tres tipos de usuarios y fines para la información relativa a la pandemia: la comunidad en general, los expertos y los órganos, entidades y personas abocados al control y fiscalización.

La comunidad busca una comprensión general de la pandemia así como datos de utilidad para su prevención. Los datos sobre recomendaciones de las autoridades y protocolos de actuación, estrategia sanitaria nacional y reportes de su cumplimiento por fases, estadísticas de la propagación local del virus, disponibilidad de servicios médicos e infraestructura, recomendaciones para identificar los síntomas y actuar en consecuencia, entre otros.

La academia o grupos de expertos que buscan desarrollar la gestión del conocimiento de esta pandemia para recomendaciones futuras. Para este grupo, los datos sobre los modelos de atención implementados y su justificación, estadísticas de la propagación del virus, tipos de pacientes y personal médico afectado, sus tratamientos, estadísticas de propagación, defunciones y su análisis de incidencia con otros padecimientos físicos, entre otros.

Y los organismos y entidades de control que desarrollan una función de supervisión de las estrategias aplicadas por el gobierno con una clara orientación en la información concerniente a la distribución e inversión que se realicen con fondos públicos para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a gobiernos, a cada paso del proceso y en cualquier momento, y, además, constituirse en un medio eficaz contra la corrupción, entre otros.

Respecto de las cuestiones presupuestarias, y en el desembolso de fondos de emergencia se pone un énfasis importante por los eventuales actos de corrupción. Es así como Transparencia International, Human Rights Watch y Global Witness, lo manifiestan en una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendando la incorporación de medidas de transparencia y anticorrupción en los programas de ayuda de emergencia relacionados con el coronavirus para garantizar que los miles de millones de dólares que está desembolsando a docenas de países ayuden a los más vulnerables. En este sentido, se indica la necesidad de publicación de información sobre los programas de ayuda y sus antecedentes generales, los actos administrativos que transparentan todo el proceso de compras públicas y limitan la colusión, el sobreprecio y el uso de procesos no competitivos, la implementación de acciones de auditorías dando prioridad a las áreas de salud, compras públicas y seguridad social, y el fortalecimiento de los marcos anticorrupción y contra el lavado de dineros existentes.

Y cuando no es posible encontrar la información pública en estas plataformas, los ciudadanos tienen derecho a preguntar y los organismos públicos el deber de responder. Es así como la señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en su parte resolutiva N°32: “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones”.

Como se señalaba al inicio de este artículo, en el estado actual de emergencia, las necesidades de información no están limitadas solo al funcionamiento de las políticas de salud, sino también a las demás políticas públicas relacionadas, como empleo, seguridad social, laboral, fiscal, protección al consumidor, entre otros. En este sentido, los gobiernos deberían generar una mirada conjunta de los sistemas de información necesarios de proveer a sus ciudadanos, atendiendo todo el ciclo de vida de estos y las necesidades que se ven afectadas.

Un sistema de transparencia debiese permitir contar con información pertinente, clara y oportuna, disminuyendo las asimetrías y fomentando una mejor comprensión de las decisiones de gobierno y una rendición de cuentas permanente de su acción. Un gobierno abierto y enfocado en las necesidades de información de los usuarios puede, especialmente en situaciones críticas como la presente, crear espacios de colaboración a través de una interacción permanente con la ciudadanía acercando a los ciudadanos al Estado y mejorando los niveles de confianza de los organismos de gobierno y sus autoridades.

María José Méndez,

Administrador Público y MBA. Consultora en Transparencia y Acceso a la Información en Programa EUROsociAL+, FIIAPP.
LinkedIn: María José Méndez Hernández
Twitter: @josefina_mh

Educación para el cambio: ¡que sirva para algo esta pandemia!

Alberto Barrantes Ceciliano
Participante en Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2016

El nuevo coronavirus nos encerró en las casas y a su vez rompió mamparas para ponernos ante los ojos lo mejor y lo peor que ofrecemos como sociedad. El confinamiento social es un sube y baja de emociones, cada veinticuatro horas, donde hay momentos de esperanza, silencio, risa, enojo, dudas, miedo, alegría, compasión: todas ellas muy humanas y necesarias para abrirle puerta a los múltiples aprendizajes que ofrece esta crisis que roba vidas, trabajos, calma y que vino a sacarnos para siempre de nuestra acostumbrada normalidad.

Si la crisis nos obligó a poner en pausa lo que considerábamos tan normal, es oportuno hacer que la pausa sirva para algo. Asumo el confinamiento social como un laboratorio de innovación educativa, en donde todos los días, desde nuestras casas, con recursos tecnológicos o sin ellos, tenemos la oportunidad de repensarnos, de cuestionar los propósitos de que hemos estado haciendo y la ruta que queremos trazar para durante y después de esta pandemia: de eso se trata la educación y el nuevo coronavirus vino a plantearnos una nueva forma de aprender, que transciende los entornos virtuales.

Reinventar la forma de enseñar y de aprender implica colaboración y humildad: el nuevo coronavirus nos coloca frente a un nuevo desafío para re-estructurarnos, donde la base del éxito es el trabajo en equipo y no tener miedo a equivocarse. La tarea más importante: que nadie se quede atrás. Bajo esa  consigna oriento mi trabajo durante esta crisis, para soñar con esperanza en que sí podemos hacer que toda esta pandemia sirva para algo.

En el  año 2016, motivado en trabajar por una educación de calidad para todas y todos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundé Carretica Cuentera: una organización educativa que viaja por aulas urbanas y rurales de toda Costa Rica, con cuentos con finales abiertos, libros y una app móvil gratuita (Carretica) con el propósito de despertar la participación activa en las aulas de Primaria, la creatividad y la imaginación y con el objetivo de contribuir a cerrar la injusta brecha entre los que nacieron con más oportunidades y los que no.

Blog «Cambio educativo», de Alberto Barrantes en el diario La Nación

El viernes 6 de marzo del año en curso, con el anuncio del primer caso de coronavirus en Costa Rica, se imponía pensar en nuevas formas de estructura de trabajo para Carretica Cuentera, echando mano de los recursos digitales ya desarrollados (la app educativa) y de la posibilidad de desarrollar nuevos productos que generen impacto positivo en nuestros públicos metas: niñas, niños, sus familias y por supuesto, sus maestras. Días más tarde, vino el cierre de los centros educativos, y con ello el inminente desafío de repensar, desde nuestro propósito como organización,  cuál sería el camino a transitar durante la cuarentena.

La respuesta, en todo momento, ha sido la empatía. En una primera etapa y con apoyo de la app educativa  Carretica Cuentera (disponible en PlayStore y AppStore) decidimos ofrecer trivias, audiocuentos, hojas para colear, sopas de letras y ejercicios de escritura creativa, para ser un apoyo para docentes y padres de familia y también motivar a niñas y niños el gusto por las letras durante este tiempo. Todos los contenidos generados están vinculados a la promoción de la paz, educación ambiental, educación financiera, salud, nutrición y esperanza.

Sin embargo, paralelo a la generación de contenidos digitales educativos y entretenidos para los más pequeños, trabajamos en una segunda etapa luego del Covid-19 que consiste en definir una estrategia para llegar a las  aulas de aquellas poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a estos recursos en sus casas y que volverán a las escuelas con un serio rezago.

El cierre de los centros educativos ampliará las brechas de rendimiento por nivel socioeconómico: las diferencias en acceso a tecnología y los ambientes del hogar influirán de manera negativa entre los que menos tienen. Es por eso, a recuperación de esta crisis exige creatividad, innovación y priorizar contenidos en las aulas.

Ya el sistema educativo estaba golpeado:  teníamos pobres niveles de lectura  desde la Primaria, una deficiente capacidad de razonamiento  matemático y  una escasa capacidad de resolución de problemas, por mencionar algunas de las deficiencias fundamentales. Sin embargo, la situación empeorará por mucho que las clases migren al mundo virtual. Los afectados serán los que menos tienen, debido a que en ellos, influye de manera negativa y directa las limitaciones de acceso a la tecnología, el apoyo de sus padres y la economía de sus hogares.

Un reciente informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) titulado “Efectos de la crisis del coronavirus en la educación” afirma que conforme se reducen los días de instrucción en escuelas y colegios, se impacta el rendimiento académico de niños y jóvenes en el corto y mediano plazo, se aumenta la exclusión escolar y, en el largo plazo, se traduce en menos oportunidades y menos salarios para los sectores menos favorecidos.

Estoy convencido, de que es necesario cambiar la escuela como la conocemos y de que esta crisis sea una buena oportunidad para dar el golpe de timón tan necesario y abandonar el modelo anticuado, no adecuado a las necesidades del siglo XXI.

¿Qué hacer post-cuarentena? Como primer eje de acción, es fundamental que niños y jóvenes, especialmente los de grupos de más riesgo, regresen a la escuela y permanezcan en el sistema educativo cuando se vuelvan a abrir las aulas. Es ahí el único lugar donde podrán hallar oportunidades para escalar socialmente, en un mundo que tendrá que aprender nuevas capacidades para enfrentar las crisis sociales y económicas que derivan de este nuevo virus y de lo que esté por venir.

En segundo lugar, los hacedores de política educativa y las instituciones no deben descuidar la formación  del docente en el uso de las metodologías online y su interacción en el aprendizaje: Tienen que saber cómo se hace la docencia en línea, aprender metodologías adecuadas, personalizar la docencia a sus alumnos, e, incluso, crear sus propios recursos educativos. No sacar una foto con el celular de la fotocopia que entregarían en el aula. Eso no hace el aprendizaje a distancia efectivo.

Por último pero no menos importante, la creatividad y la capacidad de priorizar contenidos será crucial para el segundo semestre del año. Como señala el informe de OEI, “menos es más:  si se sabe priorizar contenidos, la reducción del ciclo educativo podría tener un impacto más suave”. Los docentes tendrán  no necesariamente que apegarse a lo que dicen los planes de estudio, sino a hacer que sus estudiantes dominen habilidades básicas para la vida, como el trabajo en equipo y la lectura.

¿De qué sirve que un estudiante recite de memoria X o Y contenido de una asignatura específica, si cuando lee no comprende nada del párrafo o ni siquiera alcanza a leer fluido entre una sílaba y otra? De nada sirve. Nunca ha servido, lo que pasa es que esta crisis nos exige reinvención para ayer. La magia sucederá cuando personas normales estén dispuestas, en equipos, a realizar lo extraordinario. De lo contrario, la brecha se hará más grande y los afectados seremos todos.

Alberto Barrantes Ceciliano.

Twitter: @albertobace

Fundador y director de la organización educativa Carretica Cuentera

Alberto es periodista y emprendedor social, socio de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, graduado de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica (UCR). Trabajó durante los últimos cinco años en el periódico La Nación de Costa Rica en la cobertura del acontecer político nacional e internacional. A partir de julio del 2015 decidió dejar las páginas del diario para dirigir la organización no gubernamental Carretica cuentera, que pretende fomentar el gusto por la lectura en niños de 4 a 6 años, en escuelas urbanas y rurales. 

Gobierno y economía digital en tiempos de crisis

Juan Gowland
Participante en el Programa Liderazgo Público Iberoamericano 2016

La crisis mundial que estamos viviendo, producto de los efectos del COVID19 -conocido como Coronavirus-, trajo aparejado un extenso debate, aún incipiente, sobre las políticas públicas de Argentina, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

En este contexto, considero que aún no se ha debatido en profundidad la importancia de la infraestructura digital para afrontar este tipo de escenarios. Desde mi punto de vista, la agenda digital se tiene que priorizar como una política de estado a desarrollar, independientemente del gobierno

de turno.

Cuando hablamos de infraestructura digital, nos referimos a toda aquella política pública tendiente a fomentar la transformación y modernización digital del país.1

Estas son políticas a largo plazo y que deben impactar en los distintos niveles de gobierno, en la economía, en el desarrollo de la conectividad, en la delimitación de un marco regulatorio que promueva inversiones y, sobre todo, debe potenciar el talento humano.

En nuestro país, durante los ocho días que llevamos de cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional (Decreto 297/2020), se ha registrado un aumento del 25% del tráfico de internet. Esto se debe a que el trabajo, las relaciones sociales y el  entretenimiento mutó de lo presencial a lo digital. En este contexto cabe preguntarnos, cómo nos estamos relacionando con los distintos ejes de la agenda digital.

Para empezar a respondernos esta pregunta, es importante entender el avance que tuvo la Argentina en dos ejes principales: la velocidad móvil y la cantidad de accesos conectados.

Durante el período 2015-2019, nuestro país quintuplicó la velocidad móvil pasando de 4,4 mbps a 20,4 mbps.

A su vez, la cobertura de 4G llegó al 90% de los argentinos quintuplicando la cantidad de localidades conectadas.

Desde el punto de vista de los accesos, en el mismo período, se conectaron más de 2 millones de hogares nuevos gracias a las inversiones del sector privado y a

la iluminación de más de 25 mil KM de fibra óptica por parte del Estado Argentino. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo sería el aislamiento para muchos de los argentinos que no estaban conectados y ahora si lo están? Más importante aún: ¿Cómo seguimos promoviendo políticas que sigan impulsando el desarrollo de la infraestructura digital?

La semana anterior a decretar la cuarentena total, el gobierno argentino, dispuso que los empleados de la Administración Pública Nacional trabajen desde sus casas.

S

in lugar a dudas, esto no se podría haber logrado si durante la presidencia de Mauricio Macri no se hubiese avanzado fuertemente en políticas de gobierno digital, las cuales continúan durante este gobierno, y hoy nos permite que el Estado pueda seguir funcionando a distancia.

En contraposición a esto, muchos gobiernos provinciales y municipales están teniendo problemas para operar, por no haber promocionado en sus gobiernos la modernización y digitalización del Estado. Es indiscutible que la transformación digital debe acelerarse en los gobiernos y para ello todos tenemos que fomentarla.

¿Cuántos de nosotros aceleramos nuestra capacidad para educarnos y comunicarnos digitalmente en estos días? Un claro ejemplo la gran cantidad escuelas y universidades que optaron por la modalidad en línea para acelerar el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, son millones los argentinos que todavía no se encuentran alfabetizados digitalmente. Ser un analfabeto digital implica perder todo tipo de posibilidad de desarrollarse en siglo XXI, en este sentido, como Estado todavía tenemos una gran brecha en la que debemos trabajar para acortarla, aunque ya haya políticas de inclusión digital para llegar a poblaciones más vulnerables que requieren mayor educación.

Argentina tiene un gran potencial en lo que respecta a su economía digital: su ecosistema permitió el surgimiento de empresas como Globant, Despegar y Mercado libre (entre otras) que fueron acompañadas por legislaciones como la Ley de Economía del Conocimiento sancionada por el anterior gobierno de los Kirchner el 18 de Agosto de 2004 y continuada por el ex presidente Mauricio Macri. La ley buscaba promover diferentes incentivos de inversión a empresas y pymes vinculadas con lo digital. Lamentablemente, el actual gobierno discontinuó la reglamentación de la ley generando incertidumbre en el sector privado. Las empresas y sobre todo las pymes necesitan de políticas que las ayuden a transformarse digitalmente para ser más com

petitivas y es allí donde es necesario trabajar codo a codo con el Estado.

Para finalizar, debemos tener en cuenta que, en momentos de crisis, es fundamental encontrar una respuesta a qué políticas públicas debemos fomentar como gobierno. En medio de la situación actual que estamos afrontando, considero que es necesario acelerar nuestra política digital para un mayor desarrollo económico, así como también para fomentar la igualdad de oportunidades a millones de argentinos que, por no tener conectividad o por no estar alfabetizados digitalmente, se encuentran en las periferias del mundo que hoy es digital.

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Juan Gowland
Twitter: @juangowland

Politólogo. Funcionario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exfuncionario de Modernización de la Nación. Vicepresidente de Generación Argentina Política