El 28 de abril de 2021, ante el llamado a un paro nacional realizado por algunas organizaciones sociales, mayoritariamente sindicales, y frente el descontento por una propuesta fiscal, la llamada Ley de solidaridad sostenible del gobierno del presidente Iván Duque (2018-act.), comenzó en Colombia el estallido social más generalizado y combativo de su historia reciente. Este estallido fue, además, algo inesperado en un país que enfrentaba confinamientos obligatorios en varias ciudades por la altísima incidencia de la COVID-19, y en donde, dada su historia reciente de conflicto armado, la protesta social no ha sido una forma generalizada de participación ciudadana, pues existe un miedo siempre latente hacia la estigmatización y la asociación de los manifestantes con grupos armados o criminales.
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