Protestar en América Latina se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el ciclo de protestas iniciado en 2019, la región ha experimentado una tendencia generalizada de criminalización de la protesta.
En un contexto de erosión de la democracia y auge de las derechas radicales, este proceso se ha consolidado como una tecnología de gestión del disenso por parte de los gobiernos. El objetivo de este trabajo es indagar en cómo opera este fenómeno y qué efectos produce sobre las movilizaciones sociales y la propia democracia. Para ello, se propone un marco analítico conformado por tres dimensiones interrelacionadas.
La primera, la dimensión simbólica, comprende los marcos discursivos que redefinen la protesta y desplazan su significado desde el ámbito de los derechos y la participación política hacia el de la seguridad y el orden público. La segunda, la dimensión normativa, está integrada por los instrumentos jurídicos que restringen y penalizan la protesta, entre ellos la expansión de tipos penales, el uso recurrente de los estados de excepción y distintas formas de burorrepresión. La tercera, la dimensión coercitiva, abarca el uso de la violencia por parte de actores estatales y no estatales, así como la indefensión jurídica que favorece la impunidad. El artículo concluye que la interacción de estas tres dimensiones produce un cierre progresivo del espacio público y contribuye al deterioro de la calidad democrática.
