FOTO: JAVIER TORRES (AFP)

Construir poder en sociedades democráticas

Foto: Javier Torres(AFP). Publicada el 21 enero 2022 en el diario El País 

 

El mensaje que requiere hoy día el país es ir a convocar y escuchar a cada una de las personas” afirmaba Izkia Siches, jefa de campaña del recientemente elegido presidente chileno: Gabriel Boric.

En un contexto de pandemia y crisis generalizada, de insatisfacción ciudadana con la democracia y desconfianza institucional, Siches llenaba las calles y plazas de los lugares que visitaba. Se dice que esta joven médica fue la clave del éxito de la campaña en tanto logró empatizar, conectar y activar territorial y generacionalmente a zonas del país y grupos poblacionales abstencionistas, como los jóvenes menores de 30 años y las mujeres. Personas que no creen en partidos, pero son capaces de sumarse a un proyecto político.

Escuchar, conectar y articular con la ciudadanía es clave para ganar una elección, pero especialmente para gobernar y sumar poder. La fuerza de los gobiernos y su potencial para cambiar la realidad depende del poder y de las capacidades de sus estructuras estatales. Como explicaba Max Weber, el origen del poder del Estado radica en el monopolio de la coacción física legítima (que anticipa autonomía para tomar decisiones), y en una burocracia eficaz (clave para implementar esas decisiones).

Ahora bien, la capacidad de mandar e imponerse sin negociar, que está en la base histórica de la autoridad del Estado, en las democracias se articula de modo especial con el poder infraestructural, con lo que gana mayor relevancia aún. Como explicarían Michael Mann y Peter Evans, este se refiere a la aptitud del Estado de penetrar y encastrarse en el territorio, de articularse a los actores sociales. El enraizamiento permite desarrollar una serie de lazos y sinergias con fuentes de poder autónomo que, por un lado, facilitan al Estado la implementación logística de las políticas así como la adquisición de nueva información que mejora el diseño de las políticas; y, por otro lado, permiten a los actores de la sociedad civil un mayor control de las decisiones en tanto crea canales institucionales para negociar de forma continua los objetivos y políticas.

Responder a los problemas del presente (multifacéticos, multicausales, contradictorios y enredados), tanto como construir futuros deseables, requiere por parte de los gobiernos diseñar e implementar políticas públicas eficaces, y para ello es necesario contar y desarrollar capacidades estatales infraestructurales.

Los gobiernos saben que reconectar con el territorio y con los diversos actores sociales es clave en términos democráticos y, por ello, 15 países y 23 gobiernos locales de América Latina adhieren al paradigma del gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son pilares centrales. La participación supone el derecho de la ciudadanía a tomar parte en las diferentes fases del ciclo de políticas públicas: definir el problema, introducirlo en agenda, tomar decisiones sobre la alternativa preferente para resolverlo, poner en práctica dichas decisiones y evaluar los resultados e impactos. Esta inserción de los actores sociales en el proceso de las políticas mejora el conocimiento, los recursos y las habilidades, promoviendo un mayor ajuste y eficacia a la vez que dota de apoyo y legitimidad a las decisiones. La colaboración, por su parte, pone sobre la mesa la importancia de que las estructuras internas de los gobiernos se reformen, aumentando el diálogo y abriendo canales estables hacia el afuera como forma de generar sinergias y juegos colectivos de suma positiva. Al compartirse el poder se incrementa.

Esta referencia general a cómo se construye y comparte el poder con la sociedad civil para ejercer la gobernanza nos conduce al otro desafío sustancial en nuestras democracias y en la reformulación del contrato social: incluir a los jóvenes, a las generaciones futuras y a las mujeres como protagonistas.

Incluir a las y los jóvenes supone, por un lado, desarrollar mecanismos de participación innovadores que conecten con los lugares que ellos habitan y les permita expresar y canalizar demandas y energías disponibles. En este sentido, las experiencias de democracia por sorteo, los modelos de consulta y participación extensiva online y los laboratorios de gobierno deben impulsarse e integrarse con los mecanismos de democracia representativa. Por otro lado, incluir a los jóvenes y a las generaciones futuras supone incorporar temas y asuntos en la agenda política como los de la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la precariedad laboral. Esto conduce a equilibrar el contrato social: las políticas orientadas a cubrir expectativas legítimas de los mayores, como las pensiones o los cuidados de la tercera edad, deben combinarse con inversión pública en educación superior, apoyo a la empleabilidad de los jóvenes, facilidades a la vivienda y protección del medioambiente. El pacto en el que se sustenta la convivencia social y los proto-Estados de bienestar latinoamericanos deben articular expectativas y solidaridades intra e inter generacionales.

La incorporación de las mujeres también es importante, no solo por su poder simbólico y performativo (que también), sino porque diversifica las experiencias de vida en que se basan las políticas y, en función de ellas, da espacio para manifestar prioridades. Por ello es importante que los gobiernos incluyan a las mujeres en espacios de decisión política a nivel nacional, regional y local, a la vez que a funcionarias públicas en el diseño e implementación de políticas, pues son las únicas capaces de catalizar el cambio en los modos de hacer de las organizaciones. Diseñar mecanismos de consulta, participación y monitoreo con organizaciones feministas también es fundamental para generar alianzas y sinergias que construyan inclusión y equidad, y las refuercen. Construir capacidad infraestructural e incorporar a quienes quedaron excluidos del contrato social originario es una deuda de nuestras democracias y un modo de reforzarlas y recalificarlas.

Incluir es una tarea que requiere ante todo compromiso político e impulsar un cambio institucional y cultural en el modo de entender quiénes y cómo se hace “política” y “políticas”. En este sentido, y aprovechando la buena acogida de la traducción al español del último libro de Eric Klinemberg, vale la pena recuperar la importancia de construir espacios públicos. En ellos, como nos enseñaban Richard Sennet y Loïc Wacquant, es donde ocurre la sociabilidad informal entre diferentes, donde el conflicto se hace visible. Son espacios de exposición de sí mismo a la mirada del otro, de intermediación de lo público y lo privado, de cruce de suertes y, potencialmente, de identificación de un destino compartido. Donde ese “otro” puede convertirse en “nosotros”. Son el lugar desde el cual las instituciones públicas pueden reforzar el poder infraestructural y generar confianzas mutuas que aporten más legitimidad y eficacia a las intervenciones públicas. Por todas estas razones los espacios públicos no deben privatizarse, ni desmantelarse, ni desfinanciarse, porque son una de las tantas sedes del poder infraestructural del Estado.

El gabinete paritario que el joven presidente chileno ha presentado augura esperanzas a toda una región. Para ello, necesita que los órganos representativos y administraciones públicas enraícen en el presente, reconecten con las fuentes del poder social, revaloricen los espacios públicos y desde allí sean capaces de construir un futuro equitativo, justo y sostenible.

Autor/es

Cecilia Güemes

Investigadora asociada de Fundación Carolina. Profesora en la Universidad Autónoma de Madrid

Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora asociada del área de Estudios y Análisis de Fundación Carolina. Doctora en Ciencias Políticas por UCM y Máster en Ciencias Sociales (orientación sociología) por la FLACSO

 

Co-fundadora del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Pública (GIGAPP). Investigadora postdoctoral entre 2014-2017 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), predoctoral entre 2011 y 2013 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre 2002 y 2017, en el Instituto de Estado Territorio y Economía de la Universidad Nacional del Litoral. Líneas de investigación: confianza social e institucional, tecnologías de gobierno para el cambio social, Iberoamérica.

 

Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora asociada del área de Estudios y Análisis de Fundación Carolina. Doctora en Ciencias Políticas por UCM y Máster en Ciencias Sociales (orientación sociología) por la FLACSO

 

Co-fundadora del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Pública (GIGAPP). Investigadora postdoctoral entre 2014-2017 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), predoctoral entre 2011 y 2013 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre 2002 y 2017, en el Instituto de Estado Territorio y Economía de la Universidad Nacional del Litoral. Líneas de investigación: confianza social e institucional, tecnologías de gobierno para el cambio social, Iberoamérica.

 

Comparte:

Compartir en facebook, abre en ventana nueva
Facebook
Compartir en twitter, abre en ventana nueva
Twitter
Compartir en linkedin, abre en ventana nueva
LinkedIn
Compartir en email, abre en ventana nueva
Email

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *