Fundación Carolina ante la pandemia de la COVID-19

Tal como recoge el reciente Informe Especial de CEPAL, “La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos”.

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Efectivamente, todos somos conscientes de la excepcionalidad y la trascendencia del momento que estamos viviendo. Se trata de una grave crisis sanitaria, sí; pero también social y económica, de alcance global, con un impacto difícil aún de estimar, y que puede ser mucho peor que la crisis de 2008. Estamos viendo ya hechos que hubieran sido impensables hace apenas algunas semanas, con el estado de alerta en España, medidas de confinamiento y excepción inéditas en muchos lugares del mundo, ejércitos en las calles o el transporte aéreo mundial casi paralizado. También estamos viendo cómo la desigualdad se torna una cuestión existencial ante la pandemia: marca la diferencia entre tener o no acceso a atención médica; entre poder trabajar en casa, reduciendo el riesgo de contagio, verse confinado sin recursos, porque se vive al día, o tener que salir a trabajar en ocupaciones esenciales, sin la debida protección. Aunque aún es difícil de calibrar el impacto de esta crisis, será muy grande y no cabe esperar un rápido “retorno a la normalidad”. Además, a la luz de lo que está ocurriendo, quizás es el momento de preguntarse si esa “normalidad” no era la que daba origen a gran parte de los problemas que con la crisis se manifiestan de manera tan lacerante. La recuperación tras una crisis, como en otros momentos históricos, es también una oportunidad para relanzar el desarrollo. En este caso, reforzando el contrato social, y acelerando la transición ecológica.

Ante la urgencia de promover una mayor coordinación de las políticas multilaterales y de desarrollo, es importante contar con una narrativa robusta y convincente sobre la necesidad imperiosa de mantener activa la cooperación internacional, ante la naturaleza de “bien público internacional” de la salud pública (y de mal público internacional, como correlato, de esta pandemia) y evitar “nacionalismos epidemiológicos” como los que vemos en todas partes, e incluso en el seno de nuestra propia sociedad.

Es necesario, tal como viene promoviendo la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI), un plan operativo e inmediato de respuesta a esta contingencia, desplegando y reorientando los recursos del sistema, tanto públicos como privados, y de iniciativa social, para hacer frente a la pandemia; con una propuesta para formar parte de una «gran alianza» contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales en los más vulnerables, “para que nadie quede atrás”. Esta crisis, no lo olvidemos, es también una oportunidad para aplicar estrategias de salida que asuman la vocación transformadora de la Agenda 2030 y avancen hacia modelos más sostenibles y equitativos (“pactos verdes”), la digitalización, o políticas públicas de nuevo cuño, más inclusivas y equitativas.

La Fundación Carolina, como componente del sistema español de cooperación para el desarrollo, desde su especificidad, se encuentra redefiniendo y adecuando sus líneas de trabajo a la nueva situación, en el marco de la lógica de sus mandatos estatutarios y en coherencia con la singularidad de su acción de cooperación.

En el área de estudios y análisis, la actividad de la Fundación se está dirigiendo a programar tres bloques de iniciativas que adaptan la actividad habitual al nuevo escenario. Por un lado, con el lanzamiento de una serie de “Análisis Carolina” bajo el título de «Iberoamérica: respuestas gubernamentales y retos del desarrollo sostenible ante la pandemia del coronavirus», que gira en torno al impacto de la crisis en América Latina que, por su alcance e impacto, representa un reto de primer orden para el desarrollo sostenible y una oportunidad para relanzar el desarrollo y la cooperación en Iberoamérica sobre nuevas bases, más inclusivas y sostenibles, en el marco de la Agenda 2030.

Por otra parte, hemos iniciado un ciclo de seminarios virtuales (webinars) con cuatro sesiones iniciales en abril y mayo, de exposición y debate con las siguientes temáticas: a) respuestas gubernamentales al coronavirus: salud pública en sociedades fragmentadas; b) la acción multilateral en Iberoamérica frente a la COVID-19; c) nuevas estrategias de desarrollo y cooperación: el papel de la educación superior y la ciencia y la tecnología; y d) relanzar la cooperación internacional en Iberoamérica. Esta serie de seminarios pretenden promover la reflexión colectiva sobre estas cuestiones desde una perspectiva iberoamericana, recurriendo a las redes y a sus posibilidades de interconexión y proximidad en el contexto de confinamiento y distancia física que se requiere, en esta fase, para la prevención del contagio.

Finalmente, ha permanecido abierta en los meses de abril y mayo una convocatoria para la presentación de trabajos escritos que recogieran experiencias y propuestas innovadoras de uso de las nuevas tecnologías, métodos y buenas prácticas de formación virtual en Iberoamérica en el ámbito de la educación superior, ante el necesario recurso a las mismas con motivo de la pandemia del Covid-19. La educación superior es uno de los elementos clave de una agenda de cooperación avanzada en Iberoamérica, en países de desarrollo en transición; no en vano la educación superior es el subsistema al que la sociedad encarga la tarea de formar capital profesional (humano, social, decisorio); de educar a las personas como ciudadanos/as libres y críticos; y de desarrollar conocimiento experto. Los trabajos recibidos se irán publicando en una nueva serie de Análisis Carolina.

Punto de vista

La UE y América Latina y el Caribe: aunar esfuerzos frente a la COVID-19

Hace pocos años, la Unión Europea situó el concepto de “resiliencia” en el centro de su Estrategia Global y de Seguridad. En un mundo más complejo, disputado e interconectado, se asumía que la seguridad y el bienestar enfrentaba nuevos desafíos geopolíticos y los riesgos transnacionales de la globalización.
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Ello exigía fortalecer la capacidad de cada país para encajar y sobreponerse a un choque externo. Ese era un objetivo de nuestra cooperación con los países en desarrollo, menos resilientes, pero también interpelaba a una UE que se sabía vulnerable ante esos riesgos.

Hoy, la COVID-19 supone una prueba fundamental de resiliencia para las sociedades, las economías y la gobernanza en todo el mundo. Siendo una pandemia global, nadie está a salvo, menos aún con respuestas exclusivamente nacionales. Sin duda, hay distintas capacidades y responsabilidades de partida, pero sin cooperación y apoyo mutuo, su impacto puede ser aún más devastador para todos. La propia UE sufre una crisis sin precedentes, con sus sistemas de salud al límite y aprendiendo sobre la marcha cómo “aplanar la curva” del contagio, y busca como dar una respuesta mancomunada a una crisis que es, al tiempo, sanitaria, económica, social y de gobernanza. En los países menos desarrollados esta crisis se afronta con sistemas de salud más precarios, y menos margen para preservar, simultáneamente, la salud y la actividad económica, el empleo y los medios de vida. Aquí y allá, los dilemas de política de la COVID-19 son más angustiosos donde hay menos espacio fiscal, las instituciones son más frágiles y la confianza ciudadana en sus gobiernos más precaria.

Aunque en distinto grado, en América Latina todo esto está presente. La región ya iniciaba el año 2020 con un escenario adverso. Desde el fin del ciclo de las materias primas en 2014, las tasas de crecimiento han sido las más bajas de las últimas siete décadas, el empleo y el bienestar retrocedía, y aumentaba la pobreza.  El Latinobarómetro registraba los peores índices de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en los últimos veinte años. La desigualdad y las diferencias de acceso seguían siendo enormes, y la región, con el epicentro en Venezuela, enfrentaba la peor crisis migratoria de su historia reciente. También ha perdido capacidad de actuar colectivamente, al haber desmantelado parte de sus organizaciones regionales a causa de la polarización y la fragmentación política.

Con esas condiciones de partida el desafío para América Latina es titánico. Incluso con medidas drásticas de confinamiento y distancia física frente al contagio, los sistemas de salud pueden colapsar en una fase temprana de la pandemia. Al ser parte de titularidad privada, no existe acceso igualitario a los test y la atención médica de calidad. Pero los efectos más lacerantes de la desigualdad se plantean en las medidas de prevención y contención del contagio. Para quienes tienen que utilizar metro o microbuses atestados, observar lo que en México se llama “Susana distancia” no es una opción. Quienes viven al día, con ingresos muy bajos o en el sector informal, no pueden permitirse el confinamiento y la inactividad laboral durante semanas o meses. Los migrantes quedan en un limbo laboral y legal que impide sobrevivir. Y los gobiernos se encuentran sin espacio fiscal para incrementar el gasto en salud, asegurar una renta mínima a quienes son pobres o vulnerables, o sostener a las empresas, especialmente las pymes, para que puedan recuperarse tras la pandemia. Estados Unidos puede recurrir a la Fed y financiarse en su propia moneda. En la UE el Banco Central Europeo puede ampliar las opciones de financiación, y se puede recurrir a los créditos de contingencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y quizás, a mutualizar deuda. Salvo el recurso al Fondo Monetario Internacional, que supone un injusto estigma financiero, nada similar existe en Latinoamérica y el Caribe. Sin respuestas adecuadas, además del elevado coste humano, hay serios riesgos políticos en la región ante el ascenso de fuerzas de ultraderecha.

La UE y sus Estados miembros están ya prestando apoyo en el ámbito sanitario, y se ha decidido reorientar de inmediato los programas de cooperación técnica y financiera con América Latina y el Caribe para responder a esta pandemia, con un total de 918 millones de euros asignados por la Comisión Europea, y otros 325 millones del Banco Europeo de Inversiones. Más allá de estos recursos, donde nuestra asociación estratégica con Latinoamérica y el Caribe puede ser más efectiva es impulsando juntos una respuesta multilateral robusta. Trabajaremos en el G20 y las instituciones financieras multilaterales para que exista más espacio fiscal para evitar el colapso sanitario, el desplome económico y una grave crisis social. Ello dependerá en gran medida del acceso urgente a la financiación externa. Si está ausente, algunos actores externos pueden ver en esta situación, de manera oportunista, una vía para utilizar la asistencia bilateral con objetivos geopolíticos. Y tampoco es el momento de las sanciones económicas generalizadas, que ya antes de la pandemia tenían un grave coste humano, y vedan el acceso a recursos externos. El FMI y el Banco Mundial ya han anunciado líneas de financiación y alivio de la deuda de los países más pobres, pero no deben olvidarse los países de renta media lastrados por un alto endeudamiento. Hay precedentes: en la crisis de 2008 el G20 actuó con resolución y, a instancias de ese foro, el FMI multiplicó por cuatro su capital. Hoy las necesidades son mayores y se deben considerar todas las opciones existentes para movilizar más recursos.

Este es el mayor shock a la economía global desde la Segunda Guerra Mundial. Una respuesta eficaz necesitara movilizar la acción colectiva internacional. La UE y América Latina y el Caribe —una asociación de 61 países— han de aunar esfuerzos de nuevo. Es en momentos de crisis agudas cuando se ponen a prueba los vínculos entre países amigos. Y esta crisis nos ha vuelto a recordar que nuestra resiliencia depende también de la cooperación internacional. De esta crisis, solo saldremos unidos.

Josep Borrell

Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Vicepresidente de la Comisión Europea

Enfrentarse al Coronavirus de manera eficaz: el imperativo de la cooperación y el multilateralismo

Conforme se expande la pandemia de Covid-19, los Gobiernos —y el de España no es una excepción— están adoptando medidas excepcionales con el fin de lograr lo que se ha denominado, gráficamente, “aplanar la curva” de contagio del virus.
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Esa expresión, verdadera consigna política, alude a la necesidad imperiosa de reducir el ritmo e intensidad de los contagios para que los sistemas sanitarios no se colapsen, a través de medidas como el cierre temporal de los centros educativos, la suspensión de la mayor parte de la actividad productiva, o el confinamiento de la población, todas ellas con un coste ingente para las economías, sociedades y familias.

En respuesta a la necesidad de proteger a sus ciudadanos, en estos días se legitima más que nunca el pacto hobbesiano de libertad a cambio de seguridad, sin que este retorno del Leviatán suponga una vindicación de fórmulas autoritarias. Por el contrario, esta crisis está demostrando que la resiliencia de una sociedad —es decir, su capacidad de encajar y sobreponerse a un shock— radica, sobre todo, en la fortaleza de sus instituciones y su tejido social y económico, en la legitimidad de sus autoridades y su sistema de Gobierno, en la responsabilidad individual y colectiva, y en un alto grado de confianza entre personas e instituciones, más que en el control directo por medios coercitivos. El comportamiento ejemplar de la sociedad española responde sobre todo a esas realidades.

Algunas de las medidas de excepción adoptadas en estas fechas por España y por otros países, como el cierre parcial de fronteras nacionales y las restricciones al transporte internacional, responden a la necesidad de reducir la interacción humana y, por tanto, la tasa de contagio. Se sitúan, pues, en la misma lógica que el confinamiento domiciliario o las limitaciones a la movilidad dentro de cada país. Pero pensar que un país puede por sí mismo mantener a raya una pandemia mediante esas restricciones es ilusorio y, además, peligroso, pues puede crear una falsa sensación de seguridad que inhiba la adopción en paralelo de otras medidas igualmente necesarias. En estas semanas se ha podido comprobar que la propagación de la pandemia no ha sido muy distinta en países que han cerrado fronteras respecto de aquéllos que sí lo han hecho, demostrando que son otras las acciones que producen los principales resultados tangibles.

El principal error de ese “nacionalismo epidemiológico”, reside en que desconoce el imperativo de la cooperación y el multilateralismo. La salud pública es, por definición, un “bien público”. Es decir, uno de esos bienes con externalidades positivas que benefician a todos, al margen de que hayan contribuido o no a sus costes. En el plano global, asegurar que se generen los bienes públicos internacionales —y se eviten “males públicos”, como la pandemia del Coronavirus— exige una cooperación internacional robusta que asegure que, actuando concertadamente, entre todos evitamos que haya “eslabones débiles” allí donde hay Estados con menos capacidad o recursos. De la misma forma que todas las personas se benefician del “entorno seguro” que supone la inmunización, que crea un entorno libre de riesgo de contagio, todos los países estaremos en riesgo o nos veremos afectados por un brote infeccioso que se produzca más allá de nuestras fronteras, por lo que sostener al país más afectado es un imperativo de supervivencia para todos. Hasta que todos estemos a salvo, nadie estará a salvo.

Así pues, la actual pandemia exige una acción colectiva en dos ámbitos: el sanitario, y el económico y social.

En el ámbito sanitario, desde el Gobierno de España hemos buscado en todo momento el amparo del conocimiento experto y de la orientación de políticas de la Organización Mundial de la Salud y otras instancias europeas y nacionales y, a la larga, estamos convencidos de que esta crisis habrá de resultar en una cooperación más intensa en los ámbitos científico y tecnológico, y en el de la educación superior.

En el ámbito social y económico también se requiere una respuesta coordinada, para preservar la actividad productiva y el empleo, y asegurar que nadie quede atrás y se vea privado de medios de subsistencia mientras dure la emergencia sanitaria, y aún después. Esas son las metas del importante paquete de medidas económicas adoptado por el Gobierno de España, sin precedentes históricos por sus dimensiones y alcance.

En la Unión Europea ya se ha dado “espacio fiscal” a los Gobiernos activando la “cláusula de escape” del Pacto de Estabilidad, lo que permite a los Estados miembros hacer frente a la emergencia sin ataduras de déficit o deuda pública. El Banco Central Europeo, por su parte, ha anunciado un masivo programa de emergencia de compra de activos que asegurará liquidez y financiación adicional. Falta ahora por definir mecanismos de mutualizacion de la deuda pública que va a generar el gasto necesario para enfrentar la pandemia y para mantener en hibernación la economía mientras dura la pandemia.

También se precisa la acción concertada de los miembros del G20, así como el respaldo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el FMI o los Bancos de Desarrollo. De esa actuación conjunta y coordinada dependerá que los países en desarrollo, y en particular los menos avanzados, cuenten con suficiente margen fiscal para reforzar sus sistemas de salud y poder encajar la crisis económica que, sin duda, será el corolario de la actual crisis sanitaria.

La ética del cuidado y el apoyo mutuo son aplicables, pues, tanto a las relaciones entre personas como entre países. Ese es quizás uno de los primeros y más importantes aprendizajes del Covid-19: de esta crisis sólo saldremos si permanecemos unidos y actuamos de manera coordinada y solidaria.

Arancha González Laya

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España
Gobierno de España

Igualdad de género y COVID-19. Un enfoque desde la cooperación española

El mundo se enfrenta a una crisis global de dimensiones desconocidas hasta ahora. El FMI pronostica la mayor recesión económica y social desde la Gran Depresión del 29. La pandemia ha alterado el orden económico y social, y provocará un impacto sin precedentes en la economía global, golpeando más duramente a los más vulnerables.
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Las mujeres nunca han salido ganando en los tiempos difíciles, crisis, guerras, hambrunas, y muy al contrario, siempre han llevado la peor parte.

Si bien desde un punto de vista médico hay evidencia científica de que las mujeres muestran más resiliencia ante el virus que los hombres (con porcentajes de morbilidad y mortalidad de 60%-80% más altos en los hombres), la pandemia va a tener efectos más virulentos en las mujeres, como grupo especialmente vulnerable. Las mujeres están liderando la respuesta sanitaria representando casi el 70% de la fuerza laboral sanitaria con una mayor exposición al riesgo de contagio; cargan con el mayor peso de las tareas domésticas, con un trabajo no remunerado; afrontan un alto riesgo de desempleo y pérdida de ingresos y están expuestas al riesgo aun mayor de sufrir violencia doméstica, explotación, acoso y abusos durante el tiempo de crisis y cuarentena.

Esta vulnerabilidad se ve exacerbada en los países en desarrollo, donde las infraestructuras sanitarias son insuficientes o muy deficientes y las mujeres deben asumir una responsabilidad desproporcionada como personal sanitario no remunerado.  La detracción de recursos limita el acceso de las mujeres a la atención sanitaria básica, con graves consecuencias en las situaciones de embarazo y parto. Las mujeres ocupan la mayor parte del trabajo informal (más del 60% en África Subsahariana, Sudeste asiático y América Latina, especialmente comunidades indígenas en zonas rurales) y en la “jerarquía de la pobreza” del trabajo informal (CSD/OCDE), las mujeres ocupan el escalafón más bajo. Las mujeres migrantes son un grupo especialmente vulnerable, al perder durante el confinamiento sus ingresos, lo que es fundamental para el mantenimiento de sus familias en sus países de origen. Finalmente, se prevé un incremento de las prácticas sociales discriminatorias contra la mujer, fuertemente enraizadas en los países y comunidades más pobres.

El COVID19 supone igualmente una gran amenaza para alcanzar los ODS de la Agenda2030, en especial el ODS5, poniendo en riesgo muchos de los logros alcanzados desde 2015 en materia de igualdad y empoderamiento de la mujer. Las consecuencias económicas de la crisis van a exacerbar las desigualdades y la discriminación ya existentes contra mujeres y niñas y en especial de las más marginadas y en situación de extrema pobreza, al tiempo que va a frenar políticas transformadoras y reformas ya en marcha, por el desvío de recursos hacia otras necesidades en detrimento de las mujeres. De acuerdo a un reciente informe de la OCDE “Las mujeres en el centro de la lucha contra la crisis el COVID-19”, ya antes de la crisis se estimaba que más de 2000 millones de mujeres y niñas viven en países que no podrán alcanzar los objetivos de desarrollo en 2030. Con la ralentización del progreso en las circunstancias actuales, tanto los países desarrollados como los menos avanzados necesitarán de mucho más tiempo para alcanzar los objetivos de igualdad de género.

En este contexto, se hacen más que nunca necesarias acciones globales, políticas públicas y programas que aseguren que ninguna mujer y niña se quede atrás. En este año 2020, en que se celebra el 75 aniversario de NNUU y el 25 de la Conferencia de Beijing, tanto los Estados como los Organismo Multilaterales deben garantizar que las respuestas a la crisis tanto a nivel nacional como internacional se van a centrar en la reconstrucción de sociedades más igualitarias e inclusivas.

España, desde la cooperación al desarrollo, tiene mucho que aportar en la gestión global de esta crisis, tanto por sus capacidades y experiencia, muy valorada en el entorno internacional, como por su posicionamiento pionero y de liderazgo en la defensa de los derechos de la mujer. España asume así este compromiso desde un doble plano interno e internacional.

En el plano interno, hemos adoptado importantes medidas en relación a la violencia de género y la protección de las mujeres, por medio del refuerzo del marco legislativo y en concreto a través de herramientas específicas como el Plan de Contingencia contra la violencia de género en tiempos del COVID19. Desde el MAUEC se está trabajando en una estrategia de igualdad de género para el sector exterior, en la que se reiteran y refuerzan las acciones de la Cooperación española en materia de igualdad y protección de las mujeres y niñas. Por su parte el Grupo Socialista en el Senado ha propuesto crear una Ponencia en la Cámara Alta para estudiar el impacto de género del COVID 19 en la cooperación al desarrollo española. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene ya avanzada la Estrategia de respuesta de la Cooperación Española a la crisis del COVID19, que va a representar la respuesta conjunta de la sociedad española, Administraciones públicas y sociedad civil organizada a este reto sin precedentes. Se prevé a través de una triple respuesta humanitaria, multilateral y bilateral la movilización de recursos y adaptación de programas y proyectos ya aprobados, para destinarlos a la protección y resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

Ante esta grave crisis, nunca antes la acción multilateral se había hecho más necesaria y por ello damos la bienvenida y nos hacemos eco del informe que el pasado 9 de abril publicó el SGNU Guterres sobre el impacto del COVID en las mujeres.  Al mismo tiempo estamos trabajando en el impulso, en colaboración con nuestros socios “like minded” de una Resolución ante la AGNU sobre “Las mujeres y la lucha contra el COVID19”, con el apoyo técnico de ONU-Mujeres. Pero para que las acciones que pongamos en marcha incidan de manera eficaz en los derechos de las mujeres, debemos garantizar una serie de medidas imprescindibles: la participación igualitaria de las mujeres en todo el proceso de planificación y toma de decisiones en la respuesta al COVID; los planes de reconstrucción económica deberán contemplar específicamente el trabajo asistencial no remunerado con paquetes de estímulo en beneficio de las mujeres; asegurar el acceso igualitario a la atención sanitaria básica y avanzar en la eliminación de las normas sociales discriminatorias; reforzar los programas de prevención y lucha contra la violencia de género y finalmente incluir el enfoque de género en todas las acciones de ayuda humanitaria.

En definitiva, en un contexto crítico como el que vivimos, la Cooperación Española se posiciona como agente global para alcanzar estos cambios, con el enfoque de género como eje transversal que ha de inspirar todas nuestras actuaciones.

Ángeles Moreno Bau

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Gobierno de España

Conferencia de donantes, solidaridad en tiempos de pandemia

La comunidad internacional ha respondido de manera contundente con solidaridad y apoyo a los millones de venezolanos que se encuentran desplazados a los países vecinos, huidos de la pobreza y la inseguridad. La Conferencia de Donantes el pasado 26 de mayo, organizada por la Unión Europea y España,

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y que contó con el apoyo de las Naciones Unidas, cumplió con todas nuestras expectativas, tanto en la participación como en el volumen de las cifras comprometidas. La contribución total ascendió a más de 2.520 millones de euros, entre préstamos y donaciones de gobiernos y bancos de desarrollo. De ellos, más de 571 millones de euros serán donaciones.

Definitivamente, logramos visibilizar una crisis humanitaria, reaccionar con generosidad al acordar cantidades que nos permitirán seguir apoyando los esfuerzos de los países receptores y comprometer acciones rápidas humanitarias e intervenciones para el desarrollo socio-económico de los países de acogida. En todo el continente, los refugiados y migrantes se han establecido, temporalmente, en un momento crucial en que la propagación de la COVID-19 agrava la situación de toda América Latina y el Caribe.

En la región latinoamericana, se estima el impacto de la pandemia en caídas del PIB entre el 2 y el 6 %. Ello en una parte del mundo donde casi el 40% de los trabajadores no tiene acceso a protección social de ninguna clase.  Escuchábamos insistentemente de los países de acogida que no podían esperar más. Socios iberoamericanos como Colombia, Ecuador y Perú demandaban atención y recursos. Por ello, hemos querido estar a su lado. No solo para reforzar sus servicios públicos esenciales como la vivienda, educación, salud, higiene, sino también para favorecer su integración social, y, en definitiva, la resiliencia de sus sociedades.

España, la UE y los responsables de las agencias de Naciones Unidas que lideramos este ejercicio, estamos sumamente agradecidos a los Jefes de Estado, de Gobierno, los 24 ministros y Comisarios europeos que, junto a los presidentes del BID y del BEI, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el vicepresidente del Banco Mundial y los máximos responsables de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, expresaron con su presencia y contribución un firme compromiso para ayudar en la segunda crisis humanitaria más grave del mundo. Nunca una crisis de esta magnitud había estado tan desaparecida de las primeras páginas de los medios. Pero no por ello abordarla es menos acuciante.

El Ministerio de Exteriores ha trabajado codo con codo con el Servicio Exterior Europeo y la Comisión para organizar en pocas semanas el evento, adaptándonos además a las nuevas circunstancias telemáticas. Y una muestra de la urgencia de la situación es que, junto a la UE, las organizaciones de la ONU para los refugiados y migrantes, ACNUR y OIM, se ha movilizado en tiempo récord y con un gran nivel de asistencia a más de cuarenta países, sesenta delegaciones, agencias de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil.

Todos juntos hemos logrado el principal objetivo: poner recursos sobre la mesa para abordar los problemas del éxodo venezolano en la región. Ahora nos queda lo más importante: materializar de manera eficaz y en tiempo nuestros compromisos. Nos hemos comprometido a que lleguen a los más necesitados rápida y organizadamente.

Como señaló el Presidente Pedro Sánchez, ahora se necesita “una respuesta multilateral, coordinada y ambiciosa”. El camino es largo y difícil, pero vamos a dar continuidad a nuestro compromiso. Del paquete de 50 millones de euros que España ha comprometido para los próximos tres años, este año se asignarán unos 23 millones de euros para atender necesidades inmediatas; de ellos, 12 millones de euros se destinarán a los socios multilaterales de esta Conferencia, ACNUR y OIM, y otros 5 millones se emplearán junto al Banco Interamericano de Desarrollo para apalancar operaciones reembolsables que permitan maximizar el impacto en desarrollo. Vamos a centrarnos en servicios sanitarios y en la protección de los más vulnerables.

A partir de aquí, Canadá recoge el testigo para conducir el seguimiento de los compromisos hasta la siguiente Conferencia en 2021. Les daremos todo nuestro apoyo para seguir aliviando esta catástrofe humanitaria.

Pero, más allá de los compromisos asumidos, es importante destacar que durante la Conferencia escuchamos muchas intervenciones sinceras, matizadas, o reflexivas, que nos deben llevar a retomar juntos el camino de una solución integral de la cuestión venezolana. Atender la urgencia humanitaria en absoluto nos debe llevar a perder de vista la necesidad de llegar a una solución del conflicto político dentro de Venezuela, que está en el origen del éxodo. Al contrario, España y la UE van a continuar su paciente esfuerzo por apoyar una salida política y alcanzar la normalidad democrática e institucional en Venezuela.

Cristina Gallach

Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica
Gobierno de España

El Coronavirus en Iberoamérica

El Coronavirus cayó sobre el mundo con la fuerza de un meteorito. En menos de 3 meses se hizo presente con distinto grado de contagio en el 90% de los países del mundo. Abrió las puertas a la crisis más compleja y profunda en casi un siglo, comprometiendo la vida económica social y política del mundo, y poniendo en tela de juicio los avances conquistados en las relaciones internacionales. En tres meses, el virus llegó a 130 países.

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Se podrían visualizar las respuestas de la política en 3 etapas. La primera la constituyó la respuesta sanitaria al desafío del contagio, con sistemas públicos no preparados, con carencias de personal sanitario, de instrumentos, de medicinas y de servicios hospitalarios.

Los gobiernos recurrieron con diferente rapidez al confinamiento de la sociedad, que con éxito habían puesto en práctica los países asiáticos. Donde se actuó con rapidez, la pandemia está cediendo, sin que nadie pueda asegurar renovados contagios.

Colaboraron en el éxito de la medida, por una parte, los servicios médicos y sus heroicos ayudantes y la dinámica respuesta de los científicos y sus laboratorios. Pero en forma destacada, la admirable aceptación, mayoritaria, de la sociedad.

En esa primera etapa, la firme decisión de los gobiernos de aplicar el confinamiento, acompañada de una buena política de diálogo y comunicación con la opinión publica, está dando resultados. Las excepciones han sido muy escasas.

Ha empezado la segunda etapa: el levantamiento del confinamiento. El efecto del encierro, con características especiales en cada caso, ha tenido un impacto muy fuerte en la estructura del mercado nacional e internacional.

En los mercados internos, se aumentó una crisis muy compleja por alimentar al mismo tiempo una crisis de demanda y de oferta.

Del lado de la demanda, el confinamiento de la población recortó fuertemente los mercados de consumo y en la misma línea se redujo la inversión y el comercio internacional. Grandes volúmenes de recursos financieros salieron de los mercados emergentes, como es el caso de América Latina. El Fondo Monetario Internacional estima que más de 100000 millones de dólares invertidos en los países emergentes regresaron a los mercados financieros internacionales.

Por el lado de la oferta, el cierre masivo de empresas y actividades económicas de gran impacto como la reducción de la inversión y en especial en el área de servicios como el turismo, la cultura, el deporte, etc. A nivel internacional, el Fondo Monetario estima que la producción mundial se verá recortada en 9 trillones de dólares en el año 2020, equivalente al Producto Bruto Interno sumado de Japón y Alemania. En América Latina, la caída del producto regional oscilará entre el 6 y el 9%.

En la búsqueda de salidas a la actual crisis, los Estados deben asumir grandes responsabilidades, tanto en la conducción económica interna, como en el funcionamiento de la economía internacional.

Sostener a las empresas viables y apoyar la catastrófica caída del empleo, serán sus grandes desafíos. El desempleo se nutre en el cierre de oportunidades de trabajo en sectores clave de las economías. En América Latina, el sector informal ocupa casi el 60% de la fuerza de trabajo. Un porcentaje muy significativo trabaja en la calle y vive de la calle. A eso se suman la caída de actividad en sectores de alto empleo como las anteriormente señaladas, a las que debe agregarse la caída de las remesas.

La respuesta del Gobierno se apoya en dos grandes pilares. El primero, la disponibilidad de financiamiento para hacer frente a su actual endeudamiento externo, a las nuevas demandas de las políticas de apoyo a las empresas en crisis, y a los programas sociales dramáticamente necesarios. Esto requiere movilizar la cooperación internacional del financiamiento internacional que hasta hora ha sido muy tímida. El Fondo Monetario ha sido sensible a este propósito, pero no le han aprobado el aumento de recursos para ampliar su colaboración, en especial con los países de renta media como son los latinoamericanos.

Se requiere junto con la cooperación internacional, movilizar fuertemente la red de organizaciones financieras regionales (BID, CAF, BCIE, CDB, FONPLATA, FLAR) que tienen los mejores canales de llegada a los problemas de los países. Sus recursos ya están siendo movilizados. Necesitan fortalecerse con aumentos sustanciales de sus capitales.

Pero la cooperación internacional y regional no es suficiente en las presentes circunstancias.  Se requiere otro pilar, que son los grandes acuerdos entre el gobierno, el sector privado y el sector del trabajo, que permitan articular las políticas distribuyendo en forma equitativa los costos de los ajustes. Sin ellos los conflictos pueden minar el éxito de las políticas públicas que demanda la situación actual.

La tercera etapa en la evolución de la crisis la constituye la pérdida de vigencia de las reglas de funcionamiento de las relaciones políticas y económicas que imperan desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, Naciones Unidas y Bretton Woods dieron origen al multilateralismo que rige las relaciones internacionales con reglas democráticamente aprobadas por todos los países. En forma especial debe preocuparnos el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, institución vital para un comercio justo y dinámico, que debe renovarse, pero seguir vigente. La pérdida de vigencia de una cooperación mundial, renovada pero vigente, es una de las condiciones fundamentales para superar la crisis generada por la pandemia.

También Iberoamérica, con vieja tradición de diálogo y cooperación con los acuerdos comerciales internacionales, debe participar en estos esfuerzos de diálogo y en la reconstrucción del multilateralismo en las relaciones internacionales.

Será necesario movilizar especialmente las energías de la cooperación iberoamericana que coordina la SEGIB y demás instituciones iberoamericanas.

La red de empresas españolas y portuguesas deben realizar una importante contribución a los países donde operan, sumándose a las políticas públicas y aportando nuevas inversiones para la ampliación de los mercados. España y Portugal deben ser grandes abogados en el diálogo de los países latinoamericanos con los organismos financieros internacionales y especialmente con la Unión Europea. Como han hecho en el pasado, España y Portugal debieran apoyar la aprobación del tratado Mercosur-Unión Europea, dando nacimiento al área comercial más grande del mundo en número de países que sirve a las dos regiones.

La superación de la crisis económica y social que se está gestando en el mundo no será fácil. Los Gobiernos deben jugar un papel central en sus soluciones. Ellos solo serán viables si logran concertar grandes acuerdos dentro de los países y entre países. La calidad de la política esta en juego, así como el sentido común y la visión a largo plazo de los interlocutores nacionales e internacionales.

Enrique V. Iglesias

Primer Secretario General Iberoamericano

Más Europa y más América Latina: la mejor respuesta a esta crisis

Estamos afrontando una crisis sin precedentes en nuestra historia más reciente. No es similar a ninguna situación que hayamos tenido que enfrentar antes. Por su escala global y su profundo impacto, esta crisis sanitaria se ha convertido rápidamente en una crisis económica, social y política, cuyo alcance último es difícil de calibrar. La Covid-19 nos ha impactado además en un momento que ya era de por sí difícil,Leer más

con grandes fracturas que venían poniendo en cuestionamiento muchos de los pilares que han vertebrado nuestras sociedades durante décadas.

América Latina y el Caribe lo saben bien. Tras el impresionante período de crecimiento económico y desarrollo social que tuvo lugar en el período de 2003 a 2013, la región lleva un lustro arrastrando pobres niveles de crecimiento y productividad. La voluntad de diversificación y de limitar la excesiva dependencia de las materias primas no se ha alcanzado. La informalidad laboral sigue siendo la tónica definitoria de los mercados de trabajo. La clase media, si bien ha crecido, es todavía muy vulnerable. Las desigualdades siguen entre las más elevadas del planeta. Y la falta de estabilidad y conflictividad marcan aún la agenda política interregional, frenando una integración tan necesaria para el progreso del continente.

Los efectos del shock provocado por esta pandemia se van a dilatar en el tiempo, y se añaden a estos déficits estructurales que la región arrastra desde largo. No debemos olvidar la ola de protestas ciudadanas que tuvo lugar hace tan sólo unos meses, con una población que reclama esa promesa incumplida de seguridad vital y desarrollo inclusivo tan largamente ambicionada.

No cabe duda de que la prioridad absoluta en el momento actual de gran incidencia de la Covid-19 en la región, como ocurrió en España, es frenar el virus y salvar vidas. Pero hay que pensar en la recuperación y planificarla desde ya. Una recuperación que debe ser equilibrada y no dejar a nadie atrás. Una recuperación que, en el caso especial de América Latina y el Caribe, ofrece la oportunidad de sentar las bases para esa transformación largamente pendiente que la región necesita, y que pasa por un mayor integración y convergencia.

En este sentido, la clave del éxito radicará en leer adecuadamente el tiempo en que vivimos. Asistimos a una época de transición y cambio. Un cambio dicotómico, con posibles regresiones en dinámicas como la movilidad incesante, pero intensificación otras como la hiperconexión digital, que ha mutado las nociones tradicionales de tiempo y espacio. Lo más probable es que las tendencias que se vienen manifestando desde hace tiempo se aceleren, aunque hay lecturas diversas sobre si estamos abocados a la desglobalización, a la edificación de fronteras físicas y también digitales que cierran y fragmentan nuestro ciberespacio privándolo de una regulación compartida por todos, o si se avecina un tiempo de cooperación exacerbada y constitucionalismo creativo. América Latina tiene que interpretar este contexto a la luz de sus fortalezas y oportunidades, y no perder los actuales trenes de progreso.

Un aspecto del que no cabe duda alguna es la demanda por parte de la ciudadanía de servicios sólidos y de calidad, que den seguridad y protección ante esta sensación de cambio e incertidumbre tan característica de nuestro tiempo. Ello nos exige como Estados ser más resilientes y estar mejor preparados. Requiere de los Gobiernos y de las instituciones solidez, credibilidad y servicios de calidad, que pasan por una mayor capacidad fiscal y generadora de recursos. En España y en Europa lo hemos experimentado en primera persona: en momentos de crisis, el Estado se convierte en el primer dique de contención. También sabemos que, amortiguado el primer golpe, una recuperación duradera sólo pasa por una mayor colaboración a nivel internacional, ya sea en términos de restablecimiento de la movilidad, relanzamiento económico o búsqueda de una vacuna. Sabemos que la unión hace la fuerza, y nos preparará mejor para cualquier embestida futura, de la naturaleza que sea.

Nuestra respuesta a esta crisis está siendo más Europa, profundizando en nuestra unión y sus mecanismos. Una recuperación colectiva basada en la doble transición ecológica y digital, en la fortificación de nuestra resiliencia y autonomía estratégica sin renunciar por ello a la apertura económica y el refuerzo del multilateralismo. Apelamos a que la solidaridad y la cohesión guíen la recuperación. Creemos en un espacio de mejoras donde todos hemos de converger para incrementar nuestra resiliencia colectiva y, así, estar mejor preparados de cara al futuro.

Conscientes de los obstáculos estructurales y los desafíos específicos de la región, quizás este sea un momento definitorio para América Latina y el Caribe. Si los países de la región saben ver una oportunidad en esta crisis, quizás refuercen sus mecanismos de cooperación interregional, explotando sus múltiples sinergias y complementariedades. No será una tarea fácil, pero no faltan mimbres institucionales y herramientas para articular esta convergencia, desde los múltiples foros de diálogo y cooperación hasta los propios bancos de desarrollo y fuentes de financiación.

A través de la Secretaría General Iberoamericana y sus múltiples instrumentos sectoriales, España contribuirá a esta agenda, como también lo haremos mediante el refuerzo del espacio UE-CELAC. Y por supuesto, utilizando más y mejor todos los canales de cooperación bilateral que tenemos con los países hermanos latinoamericanos y caribeños, incluidas nuestras ricas relaciones económicas

Al igual que estamos viviendo en Europa, creemos que más América Latina es la mejor respuesta a esta crisis. Somos socios preferentes, y juntos podemos hacer de la respuesta a esta crisis un motor para acometer las importantes transformaciones que nuestro mundo necesita. Trabajaremos para ello.

Manuel Muñiz

Secretario de Estado de la España Global
Gobierno de España

Serie especial de Análisis Carolina sobre experiencias innovadoras en formación virtual en Iberoamérica

La Fundación Carolina, a través de su área de Estudios y análisis, ha realizado una convocatoria en los meses de abril y mayo para la presentación de trabajos escritos que recogieran experiencias y propuestas innovadoras de uso de las nuevas tecnologías, métodos y experiencias de formación virtual en Iberoamérica en el ámbito de la educación superior, ante el necesario recurso a las mismas con motivo de la pandemia del Covid-19. A la convocatoria se han presentado cerca de cincuenta trabajos, algunos de los cuales serán publicados en una nueva serie de Análisis Carolina.

El primero de estos  análisis, «Docencia no presencial de emergencia: un programa de ayuda de emergencia en el ámbito de la educación superior en tiempos de la COVID-19»,  ha sido elaborado por Gemma Xarles i Jubany y Pastora Mártín Samper, de la Universitat Oberta de Catalunya, y se publicó el martes 2 de junio. En fechas posteriores irán apareciendo nuevos trabajos y como es habitual, se publicarán en acceso abierto y se darán a conocer a través de las redes sociales y de la página web de la Fundación.

Serie especial de Análisis Carolina sobre el impacto de la COVID-19 en América Latina

La Fundación Carolina, a través de su área de Estudios y análisis, lanza una serie de Análisis Carolina bajo el título de «Iberoamérica: respuestas gubernamentales y retos del desarrollo sostenible ante la pandemia del coronavirus», que gira en torno al impacto de la crisis en América Latina. Esta, por su alcance e impacto, representa un reto de primer orden para el desarrollo sostenible, y una oportunidad para relanzar el desarrollo y la cooperación en Iberoamérica sobre nuevas bases, más inclusivas y sostenibles, en el marco de la Agenda 2030.

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Más que en la dimensión estrictamente sanitaria o epidemiológica, esta serie de Análisis Carolina se centra en las dimensiones económicas, sociales y políticas analizando, en particular, las respuestas desde las políticas públicas y las instituciones. Los estudios contemplan casos nacionales y sectoriales (políticas públicas, educación superior, sistemas de ciencia y tecnología, y los mecanismos de cooperación regional).

Como es habitual, se publican en acceso abierto y se dan a conocer a través de las redes sociales y de la página web de la Fundación. A partir de esta primera serie de análisis, de alcance más inmediato, en un momento posterior se desarrollará un estudio más amplio de alcance regional que extraiga las enseñanzas más relevantes para la agenda de desarrollo y la cooperación multilateral y regional, así como en el espacio iberoamericano.