En 2022, por séptimo año consecutivo la región de América Latina y el Caribe observa cómo desciende su calificación referente a la calidad democrática plasmada en el informe anual del Democracy Index. Más allá de las objeciones metodológicas que se puedan realizar a este índice elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU), la tendencia muestra de forma visible que se está produciendo una involución democrática en la región. Resulta fundamental, señala el informe, que este estancamiento en los niveles de democracia se sitúe en el contexto político derivado de la pandemia de la COVID-19, que profundizó la tendencia descendente que se venía observando en la segunda mitad de la década pasada.
Este índice califica a los países en virtud de cinco indicadores: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. La calificación numérica resultante de la media de estos indicadores es acompañada por una clasificación en diferentes tipos de sistemas políticos: democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido y régimen autoritario. En el caso de América Latina, tercera región más democrática del mundo, los cambios de mayor relevancia que se han producido en este informe anual han sido la caída de Perú a la categoría de régimen híbrido y el regreso de Chile como democracia plena.
La región latinoamericana fue la más golpeada por la pandemia en términos de pérdidas humanas, y a su vez, esta excepcionalidad sanitaria y política tuvo como consecuencia negativa un retroceso democrático. En todas las latitudes, los niveles de calidad democrática descendieron en los años 2020 y 2021. Las previsiones para el año 2022 parecían indicar que se produciría una remontada en los índices democráticos como consecuencia de la eliminación de las restricciones pandémicas. Sin embargo, en regiones como América Latina y el Caribe o África del Norte y Oriente Medio esta recuperación no se ha producido.
En lo referente a Latinoamérica, este descenso de la calidad democrática responde a una combinación de elementos estructurales y de factores de agencia de los diferentes Estados. Tan solo un tercio de los países de la región vieron descender su calificación con respecto a 2021, lo que muestra que la tendencia general implicaba una mejoría con respecto al año anterior. Sin embargo, la calificación media de la región desciende como consecuencia de las dinámicas políticas en América Latina y el Caribe, en las que se combinan coyunturas nacionales particulares, que a su vez tienen causas estructurales comunes.
Ejemplo de ello es la involución democrática producida en El Salvador, que responde a factores que históricamente han estado presentes en la tradición política de la región. La acumulación de poder por parte del ejecutivo, que determinadas visiones teóricas vinculan como una externalidad negativa a los sistemas presidencialistas, ha sido el elemento clave de su descenso democrático. En suma, los problemas de violencia y la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía han generado reacciones autoritarias como la de Nayib Bukele, un actor político que se adscribe a la realidad salvadoreña, pero que pretende dar respuesta a uno de los males endémicos que asolan a toda la región.
Es por ello que el caso de El Salvador supone el fenómeno nacional que más atención suscita en los/las latinoamericanistas en este 2023 por sus potenciales consecuencias para sus vecinos regionales. Los retos políticos e institucionales de los países centroamericanos, con la habitual excepción de Costa Rica, son comunes entre sí, siendo la debilidad estatal la matriz principal de la que emanan la práctica totalidad de sus retos político-sociales. El precedente que sienta el caso salvadoreño resulta preocupante, en tanto reabre con fuerza la vieja dicotomía hobbesiana libertad-seguridad, la cual asume que para garantizar la protección de la ciudadanía, el Estado debe reducir las libertades. El riesgo que contiene asumir esta correlación es que puede ser interpretada como una puerta abierta para ese Leviatán que ejerce el poder y pueda dar inicio a una espiral autoritaria como parece estar sucediendo en El Salvador.
Por otro lado, el fenómeno Bukele resulta relevante en tanto entronca directamente con el sentido común de época, marcadamente neoliberal, y por ende antipolítico. Dada la actual situación de interregno internacional, donde el orden liberal se encuentra en crisis y se vislumbra un fortalecimiento —está por ver en qué condiciones— del Estado-nación, proyectos políticos como el de Bukele pueden encontrar las condiciones para florecer. En ese sentido, especialistas sobre la región lo definen como un populista de carácter neoliberal, que combina la racionalidad de mercado propia del neoliberalismo, con los marcos discursivos tradicionalmente presentes en la retórica populista. Esta combinación genera un vaciamiento democrático donde las decisiones políticas se toman en virtud de la eficacia y el cálculo inmediato, sin atender al largo plazo y a la resolución de los factores estructurales que los producen.
Otros casos más atenuados de concentración de poder en torno al ejecutivo han sido los de Brasil, México o Ecuador, países con dificultades en términos de seguridad y de estabilidad política, que han sido penalizados por este Democracy Index del año 2022. En los tres países se han deteriorado profundamente las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, generando una consecuente desafección democrática y una crisis del oficialismo que en el caso brasileño ya se ha materializado en una accidentada salida de Bolsonaro de la presidencia. Por su parte, México y Ecuador continúan con una situación de aumento de presencia militar en espacios públicos tradicionalmente ocupados por miembros de la sociedad civil, alterando progresivamente con ello el funcionamiento democrático de sus respectivos países.
La creciente securitización de las sociedades latinoamericanas que comenzamos a atisbar responde a una legítima preocupación ciudadana, pero también a una ausencia de capacidad y voluntad política por parte de líderes para abordar, por medio de políticas públicas, la falta de cohesión social. De este modo, informes como el realizado por el EIU pueden resultar útiles en tanto aportan una visión general del estado de la democracia en su dimensión política y electoral en los distintos países, pero presentan dificultades a la hora de desglosar en profundidad los datos que justifican esa calificación.
Es el caso de Perú, uno de los países más castigados por este índice en lo que a América Latina se refiere. El índice de este país incorpora multitud de aristas para interpretar su caída a la categoría de régimen híbrido. Sabemos que los indicadores referidos a “funcionamiento del gobierno” y “cultura política” obtienen resultados negativos, pero no conocemos cuáles son las percepciones ciudadanas al respecto, ya que solo desglosa la calificación final, y el “mal funcionamiento del gobierno” de este caso puede responder igualmente a diferentes causas. Perú ha sufrido una crisis institucional que no responde exclusivamente a las decisiones arbitrarias del presidente Castillo, sino que encuentra sus razones en los desequilibrios de poder más profundos que operan en las sociedades latinoamericanas.
De este modo, resulta imprescindible incorporar interpretaciones cualitativas que sean capaces de problematizar los resultados que ofrecen estos índices o informes como el Democracy Index, que apenas aportan unas pinceladas explicativas de sus resultados, sin incurrir en las causas que los generan. Más necesaria aún se hace esta labor conceptual e interpretativa en un contexto latinoamericano donde ostentar el poder no implica necesariamente ejercerlo, como se ha visto en Perú, y donde además operan clivajes de carácter de clase, raciales, de género, territoriales, religiosos o económicos, que complejizan intensamente las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
Este informe trabaja con una rica metodología a la hora de puntuar sus indicadores, ya que la batería de preguntas por parámetro es extensa y está explicitada en el propio informe. Sin embargo, el índice tiende a priorizar los elementos que conforman la estructura “formal” de una democracia, que según el politólogo Norberto Bobbio son aquellos que hacen referencia al correcto funcionamiento de los sistemas electorales, la existencia o no de una separación de poderes, o la eficacia y trasparencia de los procedimientos administrativos.
Al respecto, el propio Bobbio contrapone al concepto de “democracia formal” el término de “democracia sustancial”, que hace hincapié en la capacidad y voluntad real de las estructuras políticas para superar las constricciones que operan en contra de la libertad o igualdad real, centrándose en las condiciones económico-sociales de la ciudadanía. En ese sentido, el índice es completo a la hora de mostrar la eficiencia procedimental y legal de los sistemas democráticos, pero se muestra más ausente a la hora de profundizar en aquellos elementos clave de carácter socioeconómico. Una de las consecuencias que se deriva de ello es que el ranking tiende a penalizar aquellos regímenes políticos que se alejen mínimamente de los estándares de la democracia liberal. Además, existen casos como el de Haití, que se considera régimen autoritario, donde la debilidad institucional es tan acentuada que ni siquiera se dan las condiciones básicas para que exista un autoritarismo, lo que nos lleva a considerar el hecho de que no siempre una baja calidad de la democracia liberal implica necesariamente un sistema autoritario.
Con todo, el Democracy Index resulta una herramienta útil para observar tendencias y es clave a la hora aportar un seguimiento anual del funcionamiento formal y procedimental de los Estados, a pesar de que gran parte de los retos de las sociedades democráticas versan sobre su dimensión sustancial. Sin embargo, conviene que sea complementado con análisis cualitativos, conceptuales, y que puedan problematizar en profundidad los factores, causas y resultados, con el fin de no incurrir en dicotomías de “buenos y malos demócratas”, donde la única preocupación sea la calificación obtenida.
