Finalizada la convocatoria de becas ICETEX – Fundación Carolina

El viernes 7 de junio finalizó la convocatoria de becas para cursos cortos en la Escuela Complutense de Verano. Estos cursos están dirigidos a estudiantes universitarios, posgraduados y profesionales de cualquier actividad y tienen una duración de 75 horas lectivas (entre el 8 y el 26 de julio), que se reconocen en un diploma oficial Complutense a la finalización de los mismos.

Las becas incluyen:

– 100% del importe de la matrícula

– Billete de ida y vuelta en clase turista Bogotá- Madrid.

– 300 euros en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.

– Seguro médico no farmacéutico.

Desde que se abrió la convocatoria el 27 de mayo, se han registrado un total de 19.220 solicitudes distribuidas de la siguiente manera:

 Curso Cifras
Creatividad e innovación en comunicación digital y redes sociales 6.564
Gestión de proyectos culturales 4.985

 

El arte como terapia en diferentes contextos sociales 3.668

 

Creación literaria dirigida al mercado cultural 2.365

 

La industria del libro en la actualidad: de la edición al lector 1.638

 

Se informará a los candidatos los resultados del proceso de selección el 14 de junio.

Comienza el seminario internacional «La Agenda 2030 y el desarrollo en Iberoamérica»

El 6 junio ha tenido lugar la primera jornada del seminario internacional, La Agenda 2030 y el desarrollo en Iberoamérica, organizado por la Fundación Carolina y celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El encuentro está centrado en reflexionar sobres los retos inmediatos que afrontan las políticas de cooperación, en un contexto  de cambio de paradigma sobre el desarrollo internacional.

Los ponentes y especialistas de las mesas han debatido sobre la renovación conceptual, de herramientas y de prácticas a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las claves consiste en delimitar una noción de «desarrollo en transición» capaz de superar las trampas que limitan las posibilidades consolidar el progreso socioecónomico e institucional de los países de renta media. Igualmente el propósito del seminario implica dar voz a América Latina y España en la configuración de los nuevos esquemas instrumentales habida cuenta de su bagaje de sus prácticas en cooperación Sur-Sur que han anticipado el porvenir del desarrollo.

Durante la sesión inaugural, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, se refirió a la  complejidad de explicar y aplicar las medidas necesarias para lograr los objetivos de la Agenda 2030 en un entorno global cambiante, con enormes desafíos demográficos, energéticos o geopolíticos, en el que además persisten altos índices de desigualdad social y desafección democrática.

Asimismo, durante la jornada se abrieron otras líneas de discusión sobre los problemas metrización del desarrollo, su financiación a futuro, la relevancia del intercambio de conocimientos, el peso de los partenariados público-privados o la contribución de las instituciones europeas tras las recientes elecciones del mes de mayo.

El seminario, coorganizado por la Fundación ICO, se prolongará mañana viernes, abordando en asuntos de gobernanza global y estrategias multinivel, y quedará clausurado por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para América Latina y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia

El ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell inaugura el seminario “La Agenda 2030 y el Desarrollo en Iberoamérica. Retos para las políticas de cooperación internacional”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, inauguró el seminario internacional : La Agenda 2030 en Iberoamérica. Retos para las políticas de cooperación internacional”, que se celebra en Madrid el 6 y 7 de junio.

Organizado por Fundación Carolina, con la colaboración de Fundación ICO, en esta reunión de especialistas se examina y analiza, bajo el prisma de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las posiciones, propuestas de políticas, experiencias, marcos, enfoques e instrumentos de cooperación de los distintos actores implicados, y se reflexionará en torno a los consensos existentes en el ámbito multilateral, iberoamericano y euro-latinoamericano.

Entre los ponentes invitados, además del ya mencionado Ministro, se encuentra el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el embajador de España ante la OCDE y presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE, Manuel Escudero, el secretario adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE o la directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene.

En este encuentro se pretende reexaminar la realidad del desarrollo de América Latina y Caribe, conocer el contenido y avance conceptual de la propuesta de “desarrollo en transición”, analizar las implicaciones conceptuales, institucionales y operacionales de la Agenda 2030 para la política de cooperación al desarrollo con América Latina y Caribe, examinar esas implicaciones en términos de estrategias concretas de cooperación, revisar los mecanismos y vías de financiación del desarrollo presentes en la región, y conocer y valorar la experiencia y aportes de la cooperación Sur-Sur, la cooperación triangular y la cooperación horizontal.

Más información sobre el encuentro y sus ponentes, en la página del seminario.

Entrevista a Esteban Madrigal, abogado en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y exbecario de Fundación Carolina

HABLAMOS CON I ESTEBAN MADRIGAL

«Estoy convencido que las democracias más sólidas y justas dependen de la participación activa, propositiva, directa e inclusiva de las personas que las conforman»

Esteban Madrigal forma parte del equipo jurídico de la oficina de San José, Costa Rica, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Fue becario de Fundación Carolina en 2012, cuando realizó el Máster de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos con él sobre las acciones llevadas a cabo por el CEJIL, que tiene la misión contribuir a la defensa de los derechos humanos en el continente americano, del trabajo que realiza él en la Organización y de la actualidad de la región centroamericana.

 

¿Cómo describirías tu experiencia como estudiante en España, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y como becario de Fundación Carolina?

España me brindó la oportunidad de conocer personas con mucha experiencia en el estudio de los problemas que globalmente enfrentamos y activa en la elaboración de propuestas e ideas para superarlos. Además, desde el punto de vista social, el país en ese momento –2012– estaba atravesando una grave crisis que ponía en discusión el modelo social y económico. Ello me permitió entender un proceso que se ha reproducido históricamente –guardando las distancias– en los países de América Latina, y que no había logrado comprender hasta ese momento. Pero, más importante aún, fue presenciar cómo el país y la sociedad española le hacían frente a este contexto con iniciativas innovadoras, que apuntaban a la mayor democratización del sistema a través de la participación activa de la población en muchos de los aspectos de la convivencia diaria.

Mi experiencia en la UCM me aportó mucho en ese sentido. La Complutense es una universidad que ofrece un espacio muy diverso con muchísimas perspectivas y discusiones, que la convierten en un centro de aprendizaje vivo, cargado de dinámicas que permiten a sus estudiantes desarrollar sus habilidades para insertarse en el mundo laboral y académico. No obstante, el espacio cumple con una función fundamental en la vida del país; formar personas comprometidas e involucradas con el desarrollo económico y social de su entorno.

La beca de Fundación Carolina, surgió en un momento personal en el que sabía lo que quería hacer, pero no tenía las herramientas suficientes, desde el punto de vista técnico, para llevar a cabo el trabajo. La beca me dio la oportunidad de profundizar en el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, y afianzar mis conocimientos en esta materia para luego ponerlos en práctica en Costa Rica y la región.

Actualmente trabajas en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)… ¿En qué países trabaja el CEJIL? ¿Cuántos beneficiarios tiene? ¿Trabajan con otras organizaciones? ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones financiadoras de la CEJIL?

A principios de la década de los 90, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos empezaba a promoverse como un importante espacio para la defensa y promoción de los derechos humanos en un continente azotado por la desigualdad, la corrupción y la violencia. Por una parte, la Comisión Interamericana insistía a los Estados que, después de décadas de conflictos armados y dictaduras, debían garantizar los derechos más fundamentales para poder transitar a modelos democráticos.  Mientras tanto, la Corte Interamericana se iniciaba con el desarrollo de su jurisprudencia en la materia, para garantizar la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en estos periodos.

CEJIL surge en este contexto en 1991, como una organización regional que lucha por la justicia, la libertad y una vida digna para quienes habitamos el continente americano, a través del uso estratégico del derecho internacional, del cumplimiento de los derechos humanos y de los órganos de protección del Sistema Interamericano y Sistema Universal.

Nuestro trabajo ha sido posible gracias a la alianza que hemos establecido con cerca de 380 organizaciones locales e internacionales. Ello nos ha permitido representar a más de 10.000 víctimas en distintos asuntos. Entre ellas, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, ambientalistas, periodistas y víctimas de graves violaciones.

Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo brindado por organizaciones y Estados cooperantes del norte global, principalmente europeo. Entre ellos la cooperación danesa, Pan Para el Mundo, la Unión Europea, el principado de Liechtenstein, Open Society Foundation, Noruega y Diakonía, entre otros, así como donaciones y apoyos particulares.

¿Cuáles son los casos más emblemáticos sobre los que ha trabajado CEJIL? ¿Cuáles son los más importantes en los que has trabajado tú?

Cuando CEJIL inició su trabajo, la mayor parte de sus casos versaban sobre violaciones al derecho a la vida, la integridad física, al debido proceso o la libertad de expresión cometidas durante las dictaduras y conflictos armados en América. Así, por ejemplo, los casos como Barrios Altos y la masacre de la Cantuta en Perú, demostraron la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori en la creación de una fuerza paramilitar que cometió estas masacres. Dichas acciones fueron determinantes para su enjuiciamiento, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, y para derogar la Ley de Amnistía que no permitía llevar a la justicia a los responsables por graves violaciones de derechos humanos.

En Guatemala, hemos tenido la oportunidad de acompañar a las víctimas de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y organizaciones que luchan por romper con la impunidad. Por ejemplo, el caso Molina Theissen, relacionado con la desaparición forzada de Marco Antonio, un niño de 14 años, como represalia por la huida de su hermana de un centro de detención clandestino y por la actividad política de la familia en general. El caso representa un patrón de crímenes que se dieron entre los años 1979 y 1983 cometidos contra niños, utilizados para castigar a sus familiares considerados “enemigos internos” del gobierno.

También el caso de la Masacre de las Dos Erres, otro ejemplo de las barbaries cometidas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto en contra de población campesina e indígena considerada subversiva por los militares. En estos y otros casos, la Corte Interamericana ordenó eliminar obstáculos, como las leyes de amnistía, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, incluidos los altos jerarcas del Estado. Ello abonó a que en Guatemala se iniciaran con las investigaciones por los crímenes cometidos durante la época, llevando incluso al banquillo de los acusados al General Rios Montt por el caso del Genocidio Ixil.

He tenido la oportunidad de trabajar y vincularme en estos casos. Durante un tiempo fui responsable de los asuntos de El Salvador, lo que permitió trabajar muy de cerca en el caso de las Masacres de El Mozote, en particular en el proceso de implementación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana.  Las masacres de El Mozote son el asesinato masivo más grande documentado en América Latina, cometido en 1984 por militares salvadoreños.

En 1993, El Salvador aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que impedía la investigación de las atrocidades cometidas en el conflicto y perdonaba los crímenes. La sentencia de la Corte Interamericana del año 2012 señaló que esta ley era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y un obstáculo para investigar los hechos de la masacre y sancionar a sus responsables. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional salvadoreña, haciendo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana declaró inconstitucional la Ley de Amnistía abriendo la posibilidad de reanudar los procesos por casos como las masacres de El Mozote.

A nivel internacional, desde CEJIL también representamos en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), a las víctimas y familiares de la masacre de los Jesuitas españoles y sus dos colaboradoras, investigación que fue abierta recientemente por el impacto que tuvo la anulación de la Ley de Amnistía.

Estos casos representan una parte de las grandes luchas lideradas por organizaciones sociales, colectivos de víctimas y movimientos sociales, que en los diferentes países buscan justicia, impulsan la democracia y la garantía de los derechos humanos.

¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahora en Nicaragua?

Nicaragua se encuentra enfrentando la mayor crisis política y social desde que finalizó la guerra en 1979. El pasado 18 de abril se cumplió un año desde el estallido de las manifestaciones, un año marcado por la fuerte represión del gobierno y las reivindicaciones sociales por la democracia.

Los datos de la represión y el horror son abundantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis hasta la fecha ha tenido como consecuencia la muerte de 325 personas; más de 3,000 heridas; un número indeterminado de desaparecidas; 777 personas detenidas arbitrariamente y criminalizadas. Asimismo, se contabilizan más de 300 profesionales de la salud que han sido despedidos por brindar atención a las víctimas de la represión; 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios de comunicación se vieron forzados a exiliarse por la persecución; y alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han sido desplazadas forzosamente en búsqueda de refugio, principalmente hacia Costa Rica.

La gravedad de los hechos consecuencia de la acción de las fuerzas estatales y de grupos para-policiales afines al gobierno ha implicado que en Nicaragua se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, según el informe de Grupo Internacional de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) establecido por acuerdo entre el gobierno de Nicaragua, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pese a la presión internacional, el Estado se ha negado a cumplir con sus obligaciones. De hecho, en el marco de la represión las autoridades nicaragüenses expulsaron a los organismos de derechos humanos, entre estos la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Desde entonces, el incansable trabajo de organizaciones, víctimas y familiares resiste a los intentos del gobierno de acallar las voces disidentes y que denuncian la grave situación que atraviesa el país.

La salida a esta crisis sigue siendo incierta. Si bien hay un proceso latente de diálogo entre el gobierno actual y distintos representantes de la oposición, principalmente el empresariado, los estudiantes y otros sectores de la sociedad civil, el Estado se niega aceptar las condiciones básicas para avanzar; la liberación de todos los presos políticos y la convocatoria inmediata a elecciones bajo condiciones de igualdad que permitan la participación de todos los sectores.

Cabe señalar que, si bien la crisis se inició en 2018, desde hace años, el gobierno en colusión con empresarios y el partido liberal, emprendieron reformas que fueron, poco a poco, erosionando la democracia y el estado de derecho.

Mientras tanto, los nicaragüenses insisten en que haya justicia y democracia sin caudillos y están convencidos que para ello la acción no violenta es la vía. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrá que ceder frente a la presión internacional, pero sobre todo a la resistencia pacífica de un pueblo que en los años 80 soñó con una Nicaragua libre y sin hambre, y que se ha visto traicionado por las ansias de poder de la familia Ortega Murillo.

Pareces tener una clara tendencia a defender la participación de la sociedad civil en la vida política… ¿Es así? ¿Cómo crees que debe ser dicha participación?

Estoy convencido que las democracias más sólidas y justas dependen de la participación activa, propositiva, directa e inclusiva de las personas que las conforman. Desde mi experiencia en la región, he podido constatar cómo las políticas públicas que desarrollan los Estados para enfrentar problemáticas sociales como la pobreza, la seguridad, el empleo o la violencia contra las mujeres, entre otras, son más efectivas, sostenidas en el tiempo y justas, cuando se diseñan de la mano de aquellas personas u organizaciones de la sociedad civil que conocen los problemas y que se han especializado en cómo abordarlos.

La política representativa es fundamental para canalizar el sentir ciudadano y elegir a la clase política que la sociedad quiere para dirigir los asuntos públicos. No obstante, eso no debe excluir que la sociedad civil –incluyendo las personas que sufren las consecuencias de las políticas–, que es la que cuenta con un amplio conocimiento y especialización en las complejas problemáticas sociales, no pueda participar, ya que, de lo contrario, la posibilidad de fracaso es muy alta.

Conoces bien la realidad guatemalteca… ¿Cuál es la situación actual del país? Y en lo que se refiere a los Derechos Humanos, ¿qué supone la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país?

En Guatemala, a más de veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten varios de los motivos que generaron el conflicto interno armado. Entre ellos, la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil y altos niveles de corrupción. De igual forma, subsisten graves problemas estructurales relacionados con la desigualdad social, pobreza, exclusión y falta de acceso a la justicia, que se han constituido en verdaderos obstáculos para la garantía de los derechos humanos.

Ligado a ello, la problemática de la impunidad derivada de la falta de capacidad del Estado para garantizar un sistema de justicia adecuado y una justicia independiente e imparcial. En el país hay cerca de 6.000 homicidios por año y sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio.

Pese a ello, en los últimos años se han presentado avances en el combate contra la corrupción e impunidad gracias a instituciones como la CICIG y el propio Ministerio Público –o Fiscalía General-. La contribución de la CICIG ha sido significativa, tanto en su labor de investigación, como de apoyo en promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia en la administración de justicia.

El avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción que ha vinculado a altas autoridades del Estado con redes criminales y estructuras del crimen organizado, ha desatado amenazas y ataques contra jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos.

Precisamente, la CICIG y sus funcionarios, han sido también objeto de amenazas y ataques por parte de altos funcionarios del Estado, entre ellos el propio Presidente, la actual Canciller y el Ministro de Gobernación, al punto que en agosto de 2018 las instalaciones de la CICIG fueron rodeadas por unidades militares y cuerpos de seguridad altamente armados.

Cabe recordar que la CICIG ha presentado hallazgos de investigaciones conocidas como: La Línea, Plazas Fantasmas o Corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que dieron lugar a casos conocidos como Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud o Plazas fantasmas de la Junta Directiva del IGSS, asuntos relacionados con el robo de millones de dólares por parte de altos funcionarios y estructuras paralelas que funcionan al margen de la institucionalidad.  El caso “La Línea”, el cual salió a la luz pública en 2015, envió a juicio en 2017 a 28 personas, incluido el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, acusados de liderar la red de defraudación aduanera.

Sin embargo, y a pesar de los avances, el país enfrenta un gran reto para sostener los esfuerzos y luchas que han fortalecido su institucionalidad. A raíz de la decisión del gobierno de Jimmy Morales, la CICIG tendrá que abandonar el país a finales de 2019. Ello, sumado a los recientes crímenes de alto perfil que han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada en el Estado, plantea una grave amenaza para el estado de derecho. Estas redes amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país arduamente ha logrado en los últimos años.

¿Cuáles son los casos más importantes en los que has trabajado en Guatemala?

El más reciente fue el caso Cuscúl Pivaral y otros, un caso relacionado con 49 personas con VIH quienes por décadas no han recibido una atención integral para enfrentar la infección, un virus que hoy en día se sabe puede ser tratado. La mayoría son personas de áreas rurales o urbanas marginales de Guatemala. Lamentablemente 15 de ellas no lograron ver la justicia pues fallecieron durante el proceso, precisamente por la falta de respuesta de Guatemala.

ONUSIDA estima que en Guatemala hay más de 42000 personas viviendo con el virus –número que aumenta anualmente– y sólo cerca del 36% recibe tratamiento antirretroviral, aunque de forma irregular, pues la población tiene que enfrentarse constantemente a problemas de desabastecimiento del sistema de salud el cual tiene sus causas estructurales en la corrupción, el monopolio de las patentes de los medicamentes y problemas de contratación administrativa.

En agosto de 2018, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica dando la razón a los pacientes y declarando la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida por las víctimas fallecidas y del derecho a la integridad y salud de las víctimas que pasaron graves sufrimientos debido a las secuelas físicas y psíquicas de la falta de atención.

Asimismo, la sentencia es histórica, pues además de otorgar reparaciones a las víctimas, ordena al Estado desarrollar una política pública encaminada a una reforma integral en el sistema de salud para garantizar el tratamiento y la atención a las personas con VIH, y abordar los problemas en torno a ella, incluido el acceso a medicamentos. Además, impacta en el resto de países latinoamericanos que enfrentan cuestiones similares, pues sienta las bases y obligaciones que tienen los Estados en materia de salud y atención a personas con VIH.

También conoces bien la realidad centroamericana. ¿Es una región con distintas realidades en los países o cada vez se van pareciendo más todos?

Somos una región muy diversa y distinta desde Guatemala hasta Panamá. Pero muy similar a la vez. Nos unen una serie de lazos culturales y procesos históricos y, sin duda, muchísimos problemas sociales que hemos arrastrado por décadas. Pero también nos unen esas incansables luchas por sociedades más justas y solidarias. Somos gente sencilla y valiente, con ganas de salir adelante.

¿Ha merecido la pena la práctica profesional de la abogacía como compromiso social para exigir el respeto de los Derechos Humanos en la sociedad?

El derecho es una herramienta muy poderosa para la transformación social. Yo creo en el uso del derecho desde una perspectiva crítica y como una forma de acción política, cuando se utiliza para impulsar cambios en las estructuras que sostienen la desigualdad, la corrupción y la impunidad y facilitan el espacio para las violaciones a los derechos humanos.  Ese ha sido mi camino y ha valido mucho la pena, cuando los resultados de la justicia llegan.

Publicaciones y lecturas seleccionadas boletín 7

América Latina y el Caribe

CEPAL y OIT (2019): “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación laboral”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe nº 20 (LC/TS.2019/31), Santiago. Ver

PERELMUTER, N. y RÍOS, G. (2019): “América Latina y el Caribe: una relación ganar-ganar”, Études caribéennes nº 24 (abril). Ver

RIVERA CUSICANQUI, D. (2010): Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón. Ver

 

Argentina

SUÁREZ, F.M. (2019): “La audacia (y el cálculo) de Cristina”, Nueva Sociedad, Buenos Aries. Ver

 

Cambio global

MARQUET, P. A., VALLADARES, F., MAGRO, S., GAXIOLA, A. y ENRIC-PRAST, A. (eds.) (2018): Cambio global. Una mirada desde Iberoamérica, Madrid, ACCI. Ver

 

Centroamérica

CEPAL (2019): Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6), Ciudad de México. Ver

INSIGHT CRIME/INICIATIVA GLOBAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL (2019): “Una Cultura Criminal: Extorsión en Centroamérica”, Ginebra. Ver

 

Clases medias

REMES, J., CADENA, A., CHAIA, A., GOSULA, V., BUGHIN, J., MANYIKA, J., WOETZEL, J., GROSMAN, N., TACKE, T. y RUSSELL, K. (2019): “Latin America’s missing middle of midsize firms and middle-class spending power”, Mackinsey Global Institute. Ver

 

Cooperación al desarrollo

GONSIOR, V. y KLINGEBIEL, S. (2019): “The Development Policy System under Pressure. Acknowledging Limitations, Sourcing Advantages and Moving towards a Broader Perspective”, Discussion paper 6/2019, Bonn, German Development Institute. Ver

 

Cooperación Sur-Sur

ROCHA DE SIQUEIRA, I. (2019): “The Case for South-South Cooperation on Peace and Development”, Río de Janeiro, Centro de Estudos y Pesquisas, BRICS/NNUU. Ver

 

Lucha contra la corrupción

Pérez Argüello, M. F. y Ziff, T. (2019): Hacking Corruption Tech. Tools to Fight Graft in the Americas, Washington D.C., Inter-American Dialogue/The Atlantic Council. Ver

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

CASTIÑEIRA, A. (dir.) (2019): La contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La necesidad de acelerar la implantación de la Agenda 2030, Barcelona, Esade/La Caixa. Ver

NN.UU. (2019): Accelerating SDG 7 Achievement. SDG 7 POLICY BRIEFS in support of the High-Level Political Forum 2019, Nueva York, Department of Economic and Social Affairs. Ver

OCDE (2019): Measuring Distance to the SDG Targets 2019. An Assessment of Where OECD Countries Stand, París, OCDE Publishing. Ver

 

Pobreza e inclusión social

ABRAMO, L., CECCHINI, S. y MORALES, B. (2019): “Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, Santiago, CEPAL. Ver

 

Relaciones America Latina-Unión Europea

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2019): “Council Conclusions on the Joint HR/Commission Communication on EU relations with Latin America and the Caribbean, ‘Joining forces for a common future’”, Bruselas. Ver

 

UNASUR

NAREA, M. y BENZI, D. (2011): “Crónica de una secretaría general acéfala: un insumo para la interpretación de la crisis de la UNASUR”, Revista Visioni Latinoamericane (en prensa). Ver

 

Venezuela

HIRST, M., LUJÁN, C., ROMERO, C. y TOKATLIAN, J. G. (2019): “Venezuela. Hacia una solución política y pacífica”, Berlín, Friedrich-Ebert-Stiftung. Ver

SUTHERLAND, M. (2019): “Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela”, Caracas, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Ver

El ICO, alineado con la financiación sostenible y el cumplimiento de los ODS

El ICO ha incluido en su estrategia y operativa criterios de sostenibilidad que permiten focalizar sus actuaciones hacia actividades empresariales e inversiones que contribuyen al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo.

Actualmente es un emisor protagonista y catalizador de la transición del sector financiero hacia un desarrollo económico sostenible. El ICO dedica especial atención al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en colaboración con la Red Española del Pacto Mundial y otras instituciones como Forética y en concordancia con los Principios de Ecuador.

El ICO contribuye a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático

Entre las principales iniciativas llevadas a cabo por el ICO en este marco, cabe destacar:

– Lanzamiento de la primera emisión de bonos verdes del ICO por importe de 500 millones de euros para financiar actividades, inversiones y proyectos de empresas españolas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. El ICO impulsa la sostenibilidad y la consolidación del mercado de bonos verdes como una alternativa eficiente de financiación en crecimiento.

Esta emisión permite la medición del impacto de los proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello en el marco de los “Green Bond Principles” emitidos por ICMA.

– Emisión de cinco transacciones por importe superior a 2.550 millones de euros para financiar los proyectos de empresas localizadas en CCAA con un PIB per cápita inferior a la media española. Con la emisión de bonos verdes, junto con las de bonos sociales realizadas hasta el momento, el ICO afianza su posición dentro de lo que se denomina en los mercados internacionales de capitales “sustainability bonds” o bonos sostenibles. El ICO fue pionero en las emisiones de bonos sociales.

– Concesión de dos préstamos verdes a Endesa y a Iberdrola, por importe de 300 y de 400 millones de euros respectivamente, para facilitar inversiones en materia de eficiencia energética o que fomenten la producción de energía a partir de fuentes renovables. Estas inversiones están alineadas con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado por el Gobierno de España a la Unión Europea, que establece que el 42% de la energía consumida en España en 2030 debe proceder de fuentes renovables.

– Iniciativa de Sostenibilidad e Impacto Social a través de Fond-ICO Pyme (AXIS), por importe objetivo de 50 millones de euros. El compromiso con un crecimiento económico sostenible es seña de identidad de todo el Grupo ICO. AXIS, la sociedad de capital riesgo participada íntegramente por el ICO, ha puesto en marcha esta nueva iniciativa cuya inversión se dirige a entidades de capital privado que invierten en empresas que desarrollan proyectos que comporten un impacto social y/o de sostenibilidad significativo, ámbito en el que el sector público tiene una clara responsabilidad de liderazgo.

Con todas estas iniciativas, el ICO persigue el objetivo de promover el crecimiento económico inclusivo y transitar hacia un desarrollo más sostenible, en línea con las políticas públicas recogidas a nivel internacional en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y trasladadas a nivel nacional en la Agenda del Cambio.

El ICO impulsa la sostenibilidad como eje vertebrador y transversal en todas sus facetas

Además de ser un emisor protagonista en la financiación sostenible, el ICO impulsa la sostenibilidad como eje vertebrador y transversal en todas sus facetas -tanto en sus operaciones de activo y pasivo como en su organización y funcionamiento interno- y como parte esencial de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto. En esta línea de actuación, recientemente el ICO y la Red Española de Pacto Mundial (REPM),  con el apoyo del Alto Comisionado para la Agenda 2030, han lanzado un nuevo espacio web www.icopymeods. en el que pymes y autónomos podrán consultar las oportunidades de negocio que su compromiso con los ODS y la Agenda 2030  les puede reportar.

67 iberoamericanos realizarán este año estancias de investigación con las becas SEGIB – Fundación Carolina

Entre las becas de Fundación Carolina de la convocatoria 2019 – 2020, que finalizó el pasado 5 de abril, se encuentra el programa de estancias de investigación que la Fundación lleva a cabo con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), cuyos resultados ya están disponibles.

Las becas de estancias de investigación SEGIB – Fundación Carolina se inscriben en el Marco Iberoamericano de Movilidad Académica – CAMPUS IBEROAMÉRICA y tienen como objetivo contribuir a la formación y capacitación de estudiantes de máster y de doctorado, así como de doctores de los países integrantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en universidades o en centros de investigación españoles o de América Latina, respectivamente, en función de que residan en España o en América Latina.

Las personas beneficiarias de este programa de estancias de investigación permanecerán en el país de destino un tiempo mínimo de tres meses y un máximo de seis y estarán avalados por un profesor o investigador del centro receptor.

Se han evaluado 987 solicitudes y se han asignado un total de 67 becas, ajustándose al presupuesto disponible y tomando en cuenta los porcentajes establecidos en la convocatoria en lo que se refiere a investigaciones en disciplinas STEM (60%), sexo (mínimo 60%  de mujeres en las investigaciones STEM) y zona de residencia (al menos un 80% de becas para residentes en América Latina).

Este programa pretende afrontar las conocidas brechas de género que aún existen en materias como ciencias experimentales, tecnología, ingeniería y matemáticas (áreas STEM, por sus siglas en inglés), en las que la presencia de mujeres es menor. En este sentido, la distribución final de becas por sexo es de un 62,7% (42 becas) para mujeres, y un 37,3% (25 becas) para hombres.

Con estas becas, SEGIB y Fundación Carolina buscan estimular la movilidad académica dentro de la región iberoamericana. En este sentido, este programa busca contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el Marco Iberoamericano de Movilidad Académica – Campus Iberoamérica. Su finalidad es la formación y capacitación de estudiantes de máster y de doctorado, así como de doctores y doctoras de los países integrantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en universidades o en centros de investigación españoles o de América Latina.

Este objetivo se refleja en los resultados finales de la selección, distribuyéndose las becas por zona de residencia en un 86,5% (58 becas) para América Latina y un 13,5% (9 becas) para España.

Campus Iberoamérica apuesta por el conocimiento y el talento como nuevo capital del mundo, e intenta mejorar la tasa de movilidad académica y laboral en la región. Mientras que en Asia el 7% de los universitarios realizan algún intercambio internacional, en América Latina lo hace menos del 1% (el índice más bajo del mundo). Este programa pretende sumar esfuerzos para reducir esta cifra.